Cultura 60s 70s 80s
Enviado por arquitectura9817 • 12 de Septiembre de 2014 • 1.968 Palabras (8 Páginas) • 287 Visitas
ANTECEDENTES HISTORICOS
En el curso de los años setenta apareció dentro del movimiento obrero una disidencia organizada, la Tendencia Democrática que llegó a cohesionar amplios contingentes y a ofrecerse en un momento dado como alternativa al liderato obrero tradicional.
Desde 1975, el sistema asistió a una progresiva rebelión empresarial y a la paulatina organización independiente de grupos y capitales que hasta ese momento habían vivido satisfechos con la simbiosis de los años del milagro y el desarrollo estabilizador. El monólogo institucional fue roto también por la campaña antiguerrillera que se libró en los primeros años setenta, una guerra que tuvo focos insurreccionales en el campo y en la ciudad, fundamentalmente en Guerrero, con los movimientos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y en la secuela de Ia represión del 68 los grupos urbanos armados cuya acción se asocia con el nombre de la Liga 23 de Septiembre.
En consecuencia y en paralelo de estas sacudidas, el sistema político mexicano se orientó a la apertura y el diálogo (1971‑1976) y después a la reforma política institucional (1978‑1982), reconociendo así, explícitamente, que su concierto institucional no incluía ya todas las notas, ni siquiera algunas de las más importantes. El desarrollo estabilizador también tocó a su fin como realidad económica y como pacto político. En los setenta y los ochenta, México no sólo no tuvo un crecimiento sostenido, sino que sufrió rompimientos extremadamente bruscos en su producto interno bruto, con años de crecimiento económico cero y otros, como el de 1983, de 5.4 por ciento.
El proceso de modernización del país, que pareció una de las mayores ventajas del modelo industrializador de los años cuarenta, emergió en los setenta como un grave problema nacional. Precisamente con el auge productivo y de inversión de los años petroleros (1978-1981), ese esquema industrializador se reveló impracticable y desfiló a la quiebra justamente en el momento en que mayores recursos había para aumentarlo. ¿Por qué? Por su desarticulación productiva, por su vulnerabilidad, por su dependencia externa y por su tradicional ineficiencia; porque era incapaz de crecer sin importar masivamente y porque era incapaz de exportar para evitar la consiguiente crisis de balanza de pagos.
Por otro lado, el deterioro de la economía agraria hizo que la autosuficiencia alimentaria se perdiera, y divisas que antes se empleaban en la importación de insumos industriales debieron usarse en la compra de alimentos. La nacionalización de la banca del 1 de septiembre de 1982, finalmente, clausuró lo que pudiera haber quedado de aquella simbiosis política en la cúpula de la burguesía financiera, industrial y comercial con el Estado y la burocracia política. Ya recelosos y ávidos de independencia y garantías durante la presidencia de Luis Echeverría (1970‑1976), esos grupos vivieron la nacionalización bancaria de septiembre de 1982 como una ofensiva estatizadora que rompía el acuerdo básico de la economía mixta y exhibía la incontrolabilidad autoritaria del presidencialismo mexicano, sus tendencias "socializantes", las facultades expropiatorias sin contrapeso, "totalitarias", del gobierno.
La caracterización general de las condiciones políticas, productivas y sociales del desvanecimiento del milagro a los desgarramientos de la transición, debe incluir el examen de por lo menos trece actores y/o situaciones centrales del sistema: cuatro de la cúpula política (la presidencia, la burocracia, el partido del Estado y la llamada clase política); cuatro vinculados con la representación de las clases sociales y la acción de estas en el sistema (campesinos, obreros, empresarios y clases medias); tres del lado del movimiento de la sociedad (los partidos políticos, la opinión pública y la Iglesia); y por último, otros dos actores vitales: el ejército y la influencia norteamericana. A continuación se esbozan algunas ideas, no de todo lo que esas pequeñas historias debieran tener, pero sí de los elementos que no deberían faltar en ellas.
La presidencia de la República es pieza primera y consustancial del sistema político mexicano. Entre 1934 y 1984 ha ido pasando de la consolidación del presidencialismo mexicano bajo Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho (1934‑1946) a la indesafiabilidad de los años alemanistas, ruizcortinistas y lopezmateistas (1946‑1964), y a una especie de nueva fase, durante los setenta, en la que, sin perder el carácter del eje indisputable de la vida política del país, el presidente actúa y funciona en verdad como un gran coordinador de intereses y de agencias burocráticas ("Un presidente de México recoge banderas, es su función ", resumió alguna vez el presidente Luis Echeverría). Los presidentes mexicanos de los ochenta tenían un poder absoluto muchísimo mayor que sus predecesores en recursos y atribuciones, pero un poder relativo de gobierno sobre el conjunto de la sociedad menor que el de sus antecesores.
En el año de 1970 un presidente de la República podía repartir entre seis mil agraciados seis mil puestos de los mejor remunerados y de los de mayor privilegio y estatus del país; en 1982, andaba en el orden de los diez mil puestos. Hablamos de un poder considerable del premio, castigo y reparto patrimonial, concentrado en esta institución, la mayor del sistema político mexicano.
Sin descuidar el carácter central de la presidencia, su pequeña historia sería limitada si no cuestionara los lugares comunes que nublan esa zona de nuestra vida política creyendo eliminarla: la idea de un presidente todopoderoso, la de una "monarquía sexenal", la idea de que hacen una selección caprichosa de los sucesores, de que al fin de cuentas todo lo decide el presidente y es su responsabilidad directa, la idea de que los secretarios no son sino ejecutores ciegos y el gobierno en su conjunto una ridícula corte de aduladores y cortesanos.
La burocracia mexicana funciona como un mecanismo de circulación de las elites gobernantes. Cada sexenio trae consigo un cambio sustancial de funcionarios. La inexistencia de un servicio civil permite que cada seis años cambien las cúpulas y los cuadros intermedios, lo cual supone una amplia zona de ineficiencia, voluntarismo, dispendio y desperdicio de recursos humanos, pero también aire fresco y movilidad política. La burocracia es un escenario de la discrecionalidad patrimonial, una ocasión de enriquecimiento personal y de transferencia neta de recursos públicos a manos privadas, transferencia que suele convertir
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