DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN URUGUAY

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN URUGUAY.

COMPROMISO DE ESTADO

MARÍA GABRIELA MAIDANA

URUGUAY

SETIEMBRE 2017.

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de política pública, nos referimos habitualmente a estrategias y acciones, que se ejercen desde un Estado, para la resolución de problemas que afectan a una sociedad.

Dichas políticas, deben ser elaboradas, por quienes ejercen poder, vale decir, el Gobierno a cargo de un Estado.

Tal como se señala Hugo Cadenas “Las políticas públicas corresponden al sistema político, específicamente al ámbito del gobierno de un Estado. La política, el Estado y el gobierno son alternativas en la comunicación que establecen y que constituyen preferencias, de modo que no deben entenderse de manera esencialista (encarnada en objetos o personas)”. (1)

Se puede agregar entonces, que para el diseño de una política pública se requiere, a saber: Ubicación del problema, diagnóstico, posibles soluciones y voluntad política de llevarlas a cabo en el plano de lo real, y una comunicación adecuada de la misma para su conocimiento.

En el marco del concepto de seguridad humana es de destacar, que las políticas públicas en un Estado de Derecho, deben direccionarse hacia la búsqueda del desarrollo integral de sus ciudadanos, donde se refleje, el cuidado atento de los DDHH.

Esa dirección además debe tener un enfoque ético, teniendo en cuenta que el impacto del alcance de las mismas abarque a la mayoría de los ciudadanos y en lo posible a su totalidad.

En lo que respecta a Políticas Públicas a diseñar en Uruguay, este ensayo, se abocará a analizar y fundamentar la necesidad de crear una Política Pública que se ocupe de la situación de amparo de las Víctimas de Delito Violento, en el marco de un cambio en el Código Procesal Penal, donde las víctimas pasan de ser objeto de prueba a ser sujetos de derechos.

DERECHO DE LAS VICTIMAS DE DELITO EN URUGUAY

Uruguay no escapa al tratamiento que han tenido las victimas de delito en el resto del mundo.

“Grandes olvidadas del sistema penal y del sistema en general”, tal como lo ha expresado el Dr. I. Waller, en sus diversas publicaciones y en conferencias dictadas en nuestro país en abril del corriente año.

1) Cadenas, H. Un modelo de análisis para las políticas públicas. Revista de Estudios Interdisciplinarios ASOSYLFF.

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Hasta la actualidad, las víctimas de delito, tienen poco y nada para sobre llevar las consecuencias derivadas del delito. Desde el año 2005, con la creación del Centro de Atención a Víctimas de Delito, se ha intentado abordar este tema, con pocos recursos, económicos y humanos, no llegando a cubrir la totalidad del territorio nacional y la totalidad de las víctimas.

Sin embargo, hay que destacar que se ha compartimentado y clasificado a las víctimas, por tanto, tenemos programas de apoyo a víctimas de género, a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, víctimas de Trata , y demás, dando cuenta de recursos estatales y paraestatales, existentes, que si bien atienden demandas, muchas veces no interactúan, favoreciendo a la confusión social y de alguna manera facilitando la revictimización por parte de las diferentes instituciones ( salud, educación, etc),

Ante esta situación se impone la necesidad de crear un Sistema de Asistencia a Víctimas de Delito, de manera de romper con la compartimentación.

El nuevo Código Procesal Penal, asigna a la Fiscalía General de la Nación, expresamente, la responsabilidad de asistencia y amparo a la víctima.

Sin embargo, para que la víctima, reciba un apoyo integral, es necesario involucrar al resto de las instituciones, tanto públicas y privadas y resaltar que es un problema que aqueja a la sociedad en su conjunto, que tiene múltiples impactos y por tanto debe existir una política pública que marque el rumbo a seguir, a todos los intervinientes. El fin es asegurar que los derechos de las víctimas no sean vulnerados por el propio Estado.

Para el diseño de esta política, el gobierno, encomendó a la Fiscalía y al Ministerio de Interior, el diseño de un decreto para la creación de ese sistema.

Básicamente dicho decreto, compromete al Estado en su conjunto, en cuanto al amparo y asistencia.

Se propone un comité político y un comité de gestión.

El comité político será presidido por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, con sus máximas autoridades, habida cuenta que son los primeros intervinientes cuando se configura un delito. Estos serán los encargados del diseño y ajuste de dichas políticas.

El comité de gestión será quien controle, y decida la implementación de las mismas, estará integrado por: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Territorial y Medio Ambiente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Cultura, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de la República, Poder Judicial, organizaciones sociales entre otros. El mismo será presidido por representantes de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior.

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Es de destacar, que este cambio, es producto de un proceso social, donde la participación de las organizaciones

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