DISCAPACIDAD Y DESPLAZAMIENTO EN UN CONFLICTO ARMADO CON UNA POLÍTICA EXCLUYENTE

En el capítulo del libro de derecho humanos “el enfoque diferencial en discapacidad como categoría de cultura política para el reconocimiento y la inclusión de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado interno colombiano” se habla de un conflicto armado en Colombia que ha vulnerado los derechos, de la población civil en general, por esto, la corte constitucional señalo expresamente los derechos de los “grupos especialmente protegidos” en razón de las precarias condiciones que deben afrontar los desplazados, entre las cuales se encuentran las personas con discapacidad.

En toda la dinámica en que se encuentra Colombia se puede decir que las personas en estado de discapacidad son las más afectadas por el conflicto armado, el cual no respeta, edad, sexo o raza, situación que es respaldad por Marta Herrera, quien retoma a López de la Roche , afirmando que  es necesario priorizar los derechos de las personas en estado de discapacidad, pero primero hay que ver el contenido histórico, político y cultural que tiene la palabra discapacidad, la cual ha sido tomada, solo como un estado de salud, y han hecho a un lado a estas personas, apartándolas de la participación ciudanía, e incluso dándoles menos importancia hasta en el cargo laboral,  así que este cambio o responsabilidad no tiene que ser solo del estado, sino también de la ciudadanía quien es un actor principal de la exclusión social, mirando a las personas discapacitadas como incapaces de poder desenvolverse en la sociedad  de manera normal y competente, donde el estado también carece de propuestas que mejoren, el acceso a la salud, de tratamientos de rehabilitación, el trabajo en condiciones decentes para estas personas; frente a esto la corte constitucional se pronunció de la siguiente manera “las personas con deficiencia física, mentales, intelectuales o sensoriales han estado históricamente sometidas a prácticas discriminatorias y de exclusión social. La discriminación ha tendido a jerarquizar a las personas con discapacidad como inferiores a un “ideal” de condición humana, lógica que se articula de manera perversa a través del rechazo, la indiferencia y, en general, de tratos desfavorables en todos los aspectos de la vida colectiva…” (Auto  006 de 2010:13,14). Esto evidencia una cultura política que no se está haciéndose cargo de los derechos de las personas en estado de discapacidad,  obstaculizando el desarrollo de la ciudadanía en general, y de su equidad participativa, dividiendo esto en dos categorías, donde por un lado están los impedimentos de carácter económico que niega la posibilidad de interactuar libremente de manera equitativa, esto es evidente en todos las dimensiones de nuestra sociedad, ya que miramos que las personas que tienen dinero cada vez son más adineradas, pero las personas pobres cada vez son más pobres, la inequidad hace que mientras unas personas, desperdician la comida en las zonas rosas de las ciudades, en el lugar más recóndito y peligroso del mismo lugar hay niños muriendo de hambre y desnutrición, rogando por un pedazo de pan o cualquier cosa para comer, ya que sus padres no tienen trabajo ni oportunidades para salir de  esta situación, además el conflicto armado hace que las personas del campo, como se miraba en el capítulo anterior de este libro, se desplazaran a las ciudades de manera inesperada dejando su tierra y sus pertenencias, sin mirar a tras todo para sobrevivir, llegando a la ciudad si dinero, y sin un hogar donde pasar la noche, causando el crecimiento poblacional en las zonas urbanas y haciendo más difícil el conseguir trabajo y una vivienda digna.

Otra categoría es el impedimento cultural que surge de la negación de algunos actores como sujetos de pleno derecho en la interacción social, haciendo que las personas con discapacidad sean apartadas de esta interacción social como tal, ya que son víctimas de la ignorancia de las demás personas, así que si el gobierno quiere combatir la exclusión social debe combatir una política de redistribución, con una política de reconocimiento. Se puede afirmar que la mala distribución económica está adherida a las condiciones socioeconómicas, debido a todo el contenido histórico que esta tiene, y el cambio que se debe alcanzar para marcar una diferencia, implica otra visión en la estructura política y económica de los patrones sociales establecidos.

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