Democracia representativa, soberanía popular y participación política

Tema 1. El principio democrático

Democracia representativa, soberanía popular y participación política.

El articulo 1 de la CE dice que España se constituye en un estado social, democrático de derecho y que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La definición constitucional del estado español como un estado democrático tiene como consecuencia obligada el reconocimiento no solo de derechos de libertad que garanticen una esfera de autonomía del individuo sino también el derecho a participar en la formación de la voluntad estatal

EL Principio democrático supone como consecuencia lógica y tal y como acabamos de ver que los poderes del estado emanen del pueblo, quedando este configurado en cuanto a titular de la soberanía como autor ultimo de la voluntad del estado. Esto se traduce el reconocimiento a los ciudadanos de derechos específicamente dirigidos a la formación de esa voluntad. La forma habitual en la que se expresa ese derecho a participar en la formación de la voluntad estatal es el derecho a elegir y a ser elegido a las asambleas representativas. Así el artículo 23 de la CE recoge este derecho diciendo así: los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

La participación a la que hace referencia este derecho es exclusivamente la de carácter político, es decir, en elecciones a instituciones de ámbito territorial: las generales, las autonómicas y las municipales. Ello se deduce de la apelación que hace el art. Al sufragio universal, que es el que ostenta todo ciudadano en cuanto tal. Y no en cuanto abogado, medico, farmacéutico…

Quedan por tanto fuera de la protección del art.23 otras formas de participación electiva como por ejemplo la profesional, la sindical, etc.

Volviendo a la definición constitucional de España como estado democrático de derecho conviene apuntar que la misma implica la necesidad de un equilibrio entre dos grandes polos:

1. El carácter determinante de la voluntad popular.
2. La garantía de unos derechos del individuo, intocables incluso por esa voluntad.

Es decir, la primacía de la voluntad popular implica que las decisiones de esa voluntad serán vinculantes para el resto de los poderes públicos y para el conjunto de los ciudadanos. Pero l respeto al Estado de Derecho impone ciertos límites a la expresión de esa voluntad popular:

1. Deberá manifestarse de acuerdo con procedimientos que garanticen una efectiva participación.
2. Deberá respetar los derechos fundamentales de la persona.

Es la Constitución la que consagra ambos limites y esa es precisamente la esencia del constitucionalismo: la sujeción de todo el poder público, incluso el directamente derivado de la participación popular al Derecho. CE que a su vez deriva de la voluntad popular, pero que mientras no se altere a través de los cauces que ella misma ha establecido obliga a todas las autoridades y tambien a los ciudadanos (art.9.1 CE)

Régimen jurídico de las elecciones

Como decíamos, la forma habitual en la que se expresa el derecho a participar en la formación de la voluntad estatal es el derecho a elegir y ser elegido en el Parlamento Y QUE SE CONSAGRA EN EL art. 23 de la CE. Los artículos 68 y 69 de la CE dicen, refiriéndose a los diputados y a los senadores que serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Interesa destacar que el art.81 exige que el régimen electoral general sea regulado por ley orgánica. LO que requieren para su aprobación y modificación mayoría absoluta del congreso, pero en el senado solo simple.

La expresión régimen electoral general ha sido interpretada por el TC como “las normas electorales validas para la generalidad de las instituciones representativas del estado en su conjunto y de las entidades territoriales en que se organiza a tener del art.137 CE”. Sentencia 58, 1983.

La ley que ha hecho efectiva esta reserva es la LO del régimen electoral general, LO 5/1985 LORE. El titulo I de esta ley se denomina “disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo” y regula cuestiones como: las condiciones de ejercicio del derecho, la administración electoral, el censo electoral, los gastos y subvenciones electorales, etc. El titulo II regula las disposiciones especiales para las elecciones de diputados y senadores, mientras que el titulo III prevé las relativas a alas elecciones municipales, el IV la elección de los cabildos insulares canarios, V la elección de los diputados provinciales y el VI las elecciones al parlamento europeo. La disposición adicional primera recuerda que las CCAA pueden asumir competencias en sus estatutos de autonomía relativas a las elecciones a sus parlamentos, de ahí que no exista un título especifico en la LOREG. En todo caso, l normativa autonómica que se apruebe debe respetar determinados artículos del título I, según indicia la propia disposición adicional 1ª. Si las CCAA no aprueban su propia ley electoral, cosa que ha ocurrido en Cataluña, se les aplica el titulo I de la LORE en su globalidad de manera supletoria.

La posición constitucional de los partidos políticos

Los partidos políticos están reconocidos en el art.6 de la CE como órganos que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política.” El art. Añade que su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la CE y a la ley.

La CE ha realizado este singular reconocimiento en su título Preliminar bajo la evidencia de que las democracias modernas occidentales asientan sus pilares en las formaciones políticas. Ese protagonismo se observa en los procesos electorales, en la actuación diaria de las Cámaras, en la del Gobierno, etc.

Sin embargo, por importante que sea el rol de los partidos políticos hay que recordar que existen relevantes áreas de la estructura o de la organización estatal como la Corona, el CGPJ, las fuerzas armadas, que están excluidas de la actividad de los partidos y que, por ello, estos no están llamados a condicionar el entero funcionamiento de la organización estatal. Pese a este protagonismo y tal y como ha reiterado el TC en, los partidos no son órganos del Estado sino asociaciones de ciudadanos encuadrables en el art.22 de la CE, que es el que recoge el derecho de asociación. 10/1983 y 48/2003

Por tanto, son aplicables las garantías que el ordenamiento jurídico otorga para la protección de este derecho, el de asociación. Por último, a destacar que al CE exige en el art.6 que “su estructura interna y funcionamiento sean democráticos, es decir, que estamos ante asociaciones de ciudadanos, pero dada la relevancia constitucional de sus funciones la CE exige que operen de manera democrática.

En relación con esta exigencia de que operen de manera democrática, la LO de partidos políticos, 6/2002, fija una serie de requisitos:

1. El órgano supremo del partido debe ser una asamblea integrada por todos los miembros del partido, ya sea directamente o ya sea a través de compromisarios o delegados.
2. Los órganos de gobierno y representación deben elegirse directa (conocidas como primarias o indirectamente por sufragio libre y secreto y renovarse como máximo cada 4 años.
3. Los estatutos deben recoger obligatoriamente una seri de derechos de los afiliados como, por ejemplo, participar en las actividades del partido, derecho a ejercer el voto, derecho a ser electores y elegibles para los cargos del partido

Instituciones de democracia directa

El art.23 CE habla de participar “directamente o por medio de representantes”. Según el TC 119/1995, la participación directa en los asuntos públicos a la que se refiere el art.23 es la que se alcanza mediante las consultas populares previstas en la CE (ART.92,149.1.32,151.1, 152.2, 167.3 Y 168.3) tambien a través del denominado régimen de concejo abierto al que se refiere el art.140 y , así mismo, a través de la iniciativa legislativa popular que establece el art.87.3.

1. Consultas populares o referéndums

1.  (art.92 CE). El presidente del gobierno puede proponer la celebración de un referéndum consultivo sobre cuestiones políticas de especial transcendencia. El referéndum para poder celebrase debe ser autorizado por el Congreso de los Diputados. A través de este referéndum no se puede someter a consulta la aprobación o derogación de un texto articulado en forma de ley. En nuestra historia constitucional se han producido dos: tratado por el cual se establece una Constitución para Europa y el de permanencia en la OTAN.
2. ART.151.1 y 152.2, referéndum de iniciativa autonómica y de aprobación de los Estatutos de autonomía. Ver lección 7.
3. Art. 167 y 168. Referéndum de reforma constitucional, en el primer caso es opcional y en el segundo no. Ambos son vinculantes.

1. Concejo abierto: sistema de gobierno municipal que funciona en localidades pequeñas que tradicional y voluntariamente se han organizado de este modo. Y en los que el gobierno y la administración municipales corresponden a un alcalde elegido directamente por los vecinos y a una asamblea vecinal formada por todos los electores.
2. La iniciativa legislativa popular. 500000 ciudadanos pueden plantear una iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley a las Cámaras. Exigencias:

1. No cabe el ejercicio de esta iniciativa en materias propias de las LO, tributarias, de carácter internacional ni relativas a las prerrogativas de gracia (otorgadas por el gobierno). La LO 3/1984 regula esta institución y lo hace por exigencia del propio art.87.3 CE que dice una LO regulara las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Esta ley ha sido modificada en algunas ocasiones

Tema 2. La Corona

Configuración constitucional de la jefatura del Estado

Tras definir el Estado como social y democrático de Derecho y de establecer que la soberanía nacional reside en el pueblo español, tal y como vino en la primera lección, el art.1 CE afirma que la Monarquía parlamentaria es la forma política del Estado. A pesar de que la CE emplea la imprecisa expresión de forma política del estado parece claro que se esta refiriendo a la forma de gobierno, es decir, al modelo de organización del poder constitucional que adopta el Estado.

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