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EL MINISTERIO PÚBLICO EN IBEROÁERICA

yoseherreraTrabajo30 de Enero de 2018

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UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA DE DERECHO

ASIGNATURA: DERECHO ADMINISTRATIVO III

SEMESTRE QUINTO SECCIÓN “D”

[pic 1]

 

EL MINISTERIO PÚBLICO EN IBEROÁERICA

Tutor: Dr.

Marco Colina

       Autores:

Estudiantes de Quinto Semestre  Sección “D”

Caracas, Enero, 2016


ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL QUINTO semestre sección “D”

ABOGADOS JEFES:

Brea Geraldine C.I 20.676.711                 Chiquito Alejandra C.I 26.218.770

Zambrano Yhulmer C.I 24.905.122

LITIGANTES:

Calcaño Patricia C.I 24.215.965                Chiquito Alejandra C.I 26.218.770

Cordova Daniel C.I 24.939.951                Marín Keila C.I 11.212.788

Mendoza José C.I 25.368.555                Vizcarrondo Rafael C.I 24.042.374

Zambrano Yhulmer C.I 24.905.122

RELATORES:

Carvete Fredmar C.I 25.368.199                 Azuaje Mayalin C.I 17.167.559

Cortez Marcellyng C.I 17.753.996                  Contreras Yerlybeth C.I 25.516.276

Leiva Naiger  C.I 26.064.861                        Pérez Paola  C.I  24.456.726

INVESTIGADORES:

Alcón Paola C.I 22.570.116                        Aguilar Génesis C.I 24.277.317

Azuaje Mayalin C.I 17.167.559                Arrechedera Edward C.I 24.477.897

 Baptista Yessika C.I 25.641.968                Barrios Emely C.I 20.780.887

Bencomo Doriana C.I 18.829.298                Bernáez Adalberto C.I 19.386.714

Brea Geraldine C.I 20.676.711                Campos Juliangely C.I 19.753.172

Cárdenas Verónica C.I 25.368.679                 Chacón Greice C.I 23.707.757

Carvete Fredmar C.I 25.368.199                Chuki Ermis C.I 14.275.913

Clemente Manuel C.I 18.708.933                Contreras Yerlybeth C.I 25.516.276

Cruz Esther C.I 26.483.842                        Domínguez Francia C.I 23.644.666        

Ferreira Natalia C.I 22.908.558                 Guzmán Kevin C.I 23.608.677

Gáviria Gene C.I 23.682.525                        Godoy Jocceline C.I 25.504.684

González Yonaivis C.I 24.811.668                Guere Alex C.I 24.336.665        

Leiba Mileibys C.I 12.290.845                Loaiza Luisa C.I  83.359.898

Medina Gregorio C.I   24.724.648                Mendoza Keiber C.I   20.803.077

Montilla Yimy C.I   22.671.519                Moy Jessyca C.I  24.285.684

Olivares Alicia C.I  24.178.951                Orta Yessica C.I  24.664.801

Páez Ivette C.I  12.468.776                         Paredes Yoannys C.I  24.747.778

Pernalete Marian C.I  25.872.518                Pérez Vicky C.I  23.527.369

Querales Yubeisy C.I  19.885.055                 Ruiz María C.I  23.690.874

Sarabia María C.I   21.131.829                Tenorio Juan C.I  17.302.408

Vidal María A. C.I  25.957.067                Vásquez Italo C.I  24.316.971

Vásquez Ángel C.I   26.159.311                 Yenisquel Alfonzo C.I 22.046.111

ASISTENTES DE TRABAJO DE CAMPO:

Carmona Rolegny C.I 25.417.525                Henriquez Estephany C.I. 24.272.069

Herrera Yoselin C.I 25.302.570                Irisma Violeta C.I 21.092.870

Infante Alfredo C.I 23.642.495                Jiménez Javier C.I 22.774.733

Ruiz Aimeé C.I  23.691.217                        Salcedo Andrea C.I  25.704.141

Sayaqo Nitzela C.I  18.039.461                Soto Enmanuelle C.I  20.211.373

Pérez Franklin C.I 19.402.648                Pérez Carmen C.I 24.279.960


INTRODUCCIÓN

        El Ministerio Público es un sujeto procesal que ejerce la acción penal y sustenta dentro de ella, una posición opuesta al imputado, por lo cual es concebido como un organismo estatal, al que generalmente se le atribuye, por lo menos dentro de un estado de derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de sus facultades como institución, la cual lleva la dirección de la investigación de los hechos que revisten carácter delictivo, de protección a las víctimas y testigos, además de la titularidad y sustento de la acción penal pública; por lo que tiene que ser un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes.

        Partiendo del párrafo anterior, en este trabajo, se presenta un suscito compendio de una investigación de esta magna institución, partiendo de su evolución histórica desde la edad antigua hasta nuestro tiempo, haciendo énfasis de su relevancia y presencia en Iberoamérica, estableciendo al mismo tiempo, las diferencias y semejanzas presentes en Venezuela; para lo cual, se realizó este estudio a manera de indagación bibliográfica de tipo documental descriptiva, utilizando la técnica del resumen y el subrayado.

        En este orden de ideas, esta sinopsis se presenta en una sola parte a manera de un único capítulo, donde se despliega académicamente todo lo solicitado por el tutor de la cátedra para cubrir los objetivos pautados por la asignatura.


EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANTECEDENTES JURÍDICOS

DEL MINISTERIO PÚBLICO

El antecedente más remoto del Ministerio Público podría encontrarse en la Antigua Grecia, más específicamente en la figura del arconte, quien cumplía con las funciones de un magistrado, el cual intervenía en los juicios en representación del ofendido y sus familiares, ya sea por la incapacidad o la negligencia de éstos. A pesar de esto, se insiste de forma mantenida que entre los ciudadanos atenienses la persecución de los delitos era una acción facultativa que era otorgada a la víctima y a sus familiares.

En la Antigua Roma existían  funcionarios que tenían una actividad semejante a la del Ministerio Público, los cuales era denominados "judices questiones", por cuanto estaban facultados para realizar la comprobación de hechos delictivos teniendo siempre en cuenta que sus atribuciones características debían cumplir con los límites jurisdiccionales que se le impusieron para la época.

Asimismo, el Procurador del César, se ha considerado como un antecedente del Ministerio Publico como institución, ya que éste, en representación del César cumplía con ciertas facultades a fin de intervenir en las causas fiscales y cuidar el orden en las provincias que conformaban el Imperio.

En este sentido, en la parte baja de la Edad Media, la instigación por parte del ofendido o por sus familiares sufrió un decaimiento notable, surgió un procedimiento de oficio o por pesquisa, el cual dio origen a la institución que hoy se denomina como Ministerio Público, ya que éste aunque con funciones limitadas, siguió siendo la principal de ellas perseguir los delitos y a su vez hacer efectivas las multas y las confiscaciones que se decretaban como consecuencia accesoria a una pena determinada.

Una vez conformado el Ministerio Publico como una institución, es a mediados del siglo XIV que el mismo interviene en forma abierta en los juicios de orden penal, donde sus funciones se precisan de un modo más claro durante la época napoleónica en la que se logró el establecimiento su dependencia del poder ejecutivo por considerársele como representante del interés social en la persecución de los delitos.

Sin embargo, se observa cómo es recurrente el supuesto hecho que la Codificación Napoleónica es la que definitivamente crea y otorga carácter legal a esta institución, a partir de lo cual se produce la expansión e implementación de la misma a nivel mundial, incluyendo inclusive gran parte de los países latinoamericanos entre los que se encuentra

Ya instaurada dicha institución fue cuestión de tiempo para que la misma se esparciera por el globo, de Francia se extendió a Alemania y así pasó sucesivamente a casi todos los países del mundo como la institución representante de valores morales, sociales y materiales de los Estado.

El Ministerio Público como órgano responsable garantizar la celeridad y buena marcha de tres instituciones jurídicas que son necesarias en hechos concretos, esto para el buen funcionamiento del órgano en sí y de la colectividad a la cual este órgano protege, para ello se requiere garantizar: la administración de la justicia, el juicio previo y el debido proceso, esto velando por el respeto a los derechos y garantías constitucionales, en los procesos judiciales, en ejercicio de la tutela de la acción penal que el Estado posee y que el Ministerio Publico representa.

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