El Juicio Ejecutivo

INTRODUCCIÓN

El derecho a defenderse, es inherente a la existencia misma del hombre, lo acompaña desde el momento mismo de su nacimiento hasta el día de su muerte, no se trata de un derecho que ampara sólo a los ciudadanos, sino que tutela al hombre, por el sólo hecho de serlo, sin duda alguna es un derecho natural, por lo que, a diferencia de otros, no requiere reconocimiento o consagración expresa para reconocer su existencia así lo consagraron a través de la historia dos grandes juristas, Ulpiano, ”Derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales” y Gallo “aquel derecho que la razón natural constituye entre todos los hombres”, entre otros.

Actualmente el Derecho a la Defensa, está consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero además del rango constitucional, el Derecho a la Defensa también goza de rango legal expreso, en razón de que la República Bolivariana de Venezuela, es uno de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, que consagró la Declaración Americana de Derechos Humanos y que proclama como uno de dichos derechos el de la defensa.

Este tratado constituye ley formal por haber sido aprobado por el extinto Congreso de la República, en virtud de lo anteriormente dispuesto en el artículo 128 de la Constitución de 1961.

Así mismo, este derecho por su carácter supremo, debe ser interpretado y aplicado por nuestros tribunales en sentido pro cives, es decir, que se debe garantizar el derecho a la defensa, en todo estado y grado del proceso, que se realice ante cualquier orden jurisdiccional o como en el motivo de esta investigación en el procedimiento administrativo.

Es por ello que en un procedimiento judicial de la naturaleza que fuere el Derecho a la Defensa forma parte fundamental del mismo y se manifiesta a través del derecho a ser oído o a la audiencia, el derecho de acceso al expediente e incluso sacar copias simples de los documentos contentivos de los actos procesales (Art. 110 y 190 del Código de Procedimiento Civil), el derecho a formular alegatos y presentar pruebas, derecho a una decisión expresa, motivada y fundada en derecho, el derecho a recurrir, el derecho de acceso a la justicia, entre otros, más aún frente a decisiones o pronunciamientos emanados de la Administración.

Es por ello que en las diferentes ramas del derecho encontramos distintos procedimientos judiciales o administrativos, de acuerdo a la materia de que se trate, todos ellos dirigidos a custodiar la defensa de los derechos, en el desarrollo de esta investigación, específicamente, desarrollaremos los recursos que otorga el legislador en materia de Derecho Tributario en donde se busca al igual que en otras ramas del Derecho Público el equilibrio razonable entre el individuo y el Estado.

Existe lo que conocemos como Derecho Procesal Tributario, que como se infiere de su nombre son un conjunto de normas adjetivas que buscan regular las múltiples controversias que surgen entre el Estado, (sujeto activo) y los particulares o contribuyentes (sujetos pasivos), ya sea con relación a la existencia misma de la obligación tributaria, a la forma, a la validez, a los pasos que debe seguir el Estado para ejecutar su crédito de manera forzada, etc.

El Derecho Procesal Tributario, viene a formar parte del Derecho Procesal y la añadidura de "Tributario" viene a ser una forma de caracterizar que dichos procedimientos jurídicos corresponden o están dirigidos al Derecho Tributario, esto en razón de que las normas que describen el proceso y los pasos que deben seguirse por los organismos jurisdiccionales y las partes, son de carácter procesal, pero a medida que dichas normas se adaptan a cada rama de derecho van adquiriendo ciertas particularidades que la difieren de las otras ramas, pero no pierden su esencia procesal.

Encontramos así entre los distintos procedimientos judiciales contemplados por el derecho tributario el recurso contencioso tributario, el juicio ejecutivo, el amparo tributario, la Transacción Judicial y arbitraje Tributario, estos últimos serán desarrollados como objeto de estudio de nuestra investigación enmarcándolos siempre como mediosprocedimentales más que fueron creados por el legislador para garantizar el derecho a la defensa de los administrados que se vean inmersos en los supuestos que los determinan.

Juicio Ejecutivo

El procedimiento se inicia mediante escrito presentando por los representantes de la Administración Aduanera y Tributaria, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y el articulo 290 del código Orgánico Tributario.

En el escrito contentivo del libelo de demanda, los representantes de la Administración Aduanera y Tributaria solicitaran al tribunal competente el Embargo ejecutivo de bienes propiedad de la contribuyente, que no exceda del doble del monto de la ejecución más una cantidad prudencial calculada por el tribunal para responder del pago de los intereses y las costas del proceso.

Procedimiento

El juicio ejecutivo tiene asignado un procedimiento sumario es decir, procedimiento breve, y las razones que ameritan este procedimiento sumario para el juicio ejecutivo, para las pretensiones ejecutivas no son en relación a la cuantía de la ejecución, al fondo de la ejecución, sino más bien a la calidad que se funda el título ejecutivo. Es decir este título contiene un elemento productor de certezas aparentemente considerado por lo menos en el momento en que se presenta la demanda ejecutiva y viene a ser la prueba plena del derecho que afirma poseer, tener el ejecutante.

De modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio a examinar este título, a examinar su apariencia, a ver si está asistido de todos los requisitos de fondo y de forma para merecer la tutela privilegiada que indica la vía ejecutiva.

Pero ello no quiere decir que de plano se pase a ejecutarle porque se da oportunidad al deudor, al ejecutante en el juicio ejecutivo común, a contradecir ese título, a examinar a excepcionarle y entonces es viene la fase cognoscitiva, el debate va a surgir frente a la oposición que deduzca el ejecutante, al título ejecutivo, a la demanda ejecutiva.

Hay conocimiento sumario breve, porque el título ejecutivo la ley presume que es una arma que usada

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