JUICIO EJECUTIVO

De los Juicios Ejecutivos

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que

traiga aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución:

I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable,

conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348;

II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos

expidan los fedatarios públicos;

III. La confesión judicial del deudor, según el art. 1288;

IV. Los títulos de crédito;

V. (Se deroga)

VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro,

observándose lo prescrito en la ley de la materia;

VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y

reconocidos judicialmente por el deudor;

VIII. Los convenios emitidos en los procedimientos conciliatorios que realiza la Procuraduría Federal

del Consumidor, así como los laudos arbitrales que la misma emite; y

IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por

sus características traen aparejada ejecución.

Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá

auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo

se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la

responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.

Artículo 1393.- No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor,

pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso

comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la

diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra

persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos

Civiles, respecto de los embargos.

Artículo 1394.- La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su

representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse

el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia,

para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de

no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado.

En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de

embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la

copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.

La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su

conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el

juicio.

El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al

embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el

depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o

no, relativas a los actos anteriores.

Artículo 1395.- En el embargo de bienes se seguirá este orden:

I. Las mercancías;

II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor;

III. Los demás muebles del deudor;

IV. Los inmuebles;

V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado.

Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la

allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez.

Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la

demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o

de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los

requisitos legales y administrativos aplicables.

Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni

celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir

deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos

respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de

los

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