Galeano, venas abuertas y romero historia contemporanea

La era aluvial

Los primeros pasos de la transformación económico social del país, dados en las tres décadas que siguieron a Caseros, comprometieron su desarrollo futuro. Los tres grupos poseedores se enriquecían y, al mismo tiempo, parecían abrirse amplias perspectivas para los hombres de trabajo capaces de iniciativa y sacrificio. Y no sólo para los nativos. En Europa, los que se habían empobrecido a causa del desarrollo industrial y de la falta de tierras, comenzaron a mirar hacia la Argentina vislumbrando en ella una esperanza, y gruesos contingentes de inmigrantes llegaron al país cada año para incorporarse a la carrera de la prosperidad. A falta de una política colonizadora, se distribuyeron según sus inclinaciones. El resultado fue que la antigua diferencia entre las regiones interiores y las regiones litorales se acentuó cada vez más, definiéndose en dos argentinas una criolla y otra cosmopolita. En esta última se poblaron los campos de chacareros, pero sobre todo crecieron las ciudades, a las que los nuevos y los antiguos ricos dotaron de los signos de la civilización vista en el espejo de París: anchas avenidas, teatros, monumentos, hermosos jardines y barrios aristocráticos donde no faltaban suntuosas residencias.

Desde que Julio A. Roca llegó al poder en 1880 las minorías dominantes dieron por terminadas sus rencillas internas y aceptaron el plan que el presidente consignó en dos palabras: "Paz y administración". De acuerdo con él evitaron los conflictos políticos mediante prudentes arreglos y se dedicaron a promover la riqueza pública y privada. Las ocasiones fueron tantas que desataron en muchos una inmoderada codicia y muy pronto las minorías adquirieron el aire de una oligarquía preocupada tan sólo por sus intereses y privilegios. A medida que se hibridaba la población del país con los aportes inmigratorios, la oligarquía estrechaba sus filas. El censo de 1895 acusó un 25% de extranjeros y el de 1914 un 30% de ellos, la inmensa mayoría eran los inmigrantes de los últimos tiempos que llegaban en gruesos contingentes. La oligarquía se sentía patricia -aun sin serlo demasiado- frente a esta masa heterogénea que se iba constituyendo a su alrededor, subdividida en colectividades que procuraban mantener su lengua y sus costumbres con escuelas y asociaciones y, en conjunto, ajena a los viejos problemas del país excepto en aquello que lindaba con sus intereses inmediatos. Ese espectáculo parecía justificar que la oligarquía se preocupara por sí misma y por su propia existencia. De 3.995.000 habitantes que acusaba el censo de 1895 había pasado en 1914 a 7.885.000. Este crecimiento acusaba ciertos rasgos singularísimos. Las zonas del Este del país, fértiles llanuras próximas a los puertos, acogieron más del 70% del aumento de la población; Rosario, que apenas tenía 23.000 habitantes en 1869 alcanzaba a 91.000 en 1895 y a 222.592 en 1914; y Buenos Aires pasó de 663.000 en 1895 a 1.575.000 en 1914. Esta transformación demográfica del país respondía a los intensos cambios económicos que se habían producido desde que comenzaron a refinarse los ganados vacuno y ovino y a extenderse las áreas de cultivos de cereales. En 1883 se instalaron los primeros frigoríficos argentinos. Por la misma época la producción de cereales comenzó a exceder los niveles del consumo interno y se pudo empezar a exportarlos con tal intensidad que, en el quinquenio comprendido entre 1900 y 1904, las cifras del comercio exterior revelaron una equivalencia entre la exportación de productos ganaderos y de productos agrícolas, cuando veinte años antes la ganadería superaba trece veces el volumen de la agricultura. La cría de la oveja, retrocedía hacia las tierras recientemente incorporadas a la producción en los territorios de La Pampa y Río Negro, donde se constituyeron grandes latifundios. Continuó, la prolongación de la red ferroviaria, que comenzó a caer dentro del monopolio de los capitales ingleses por la deliberada decisión del gobierno, el principio de que sólo las rutas improductivas debían ser explotadas por el Estado, en tanto que las productivas debían quedar libradas al capital privado. Esa opinión correspondía a la política económica liberal que defendieron, sobre todo, Roca y su sucesor Juárez Celman, en virtud de la cual convenía a la nación ofrecer a los inversores extranjeros las más amplias facilidades con el objeto de que acudieran a estimular el desarrollo de las posibilidades económicas que el país no podía encarar con sus propios recursos. Garantizadas las inversiones, los grupos financieros extranjeros ofrecieron al Estado argentino sucesivos préstamos. Largas jornadas y salarios que disminuían en su poder adquisitivo a medida que crecía la inflación provocada por la crisis financiera que culminó en 1890, determinaron el desencadenamiento de los primeros conflictos sociales y la aparición de nuevas e inusitadas tensiones en la vida argentina. Julio A. Roca, presidente desde 1880 hasta 1886, se propuso acelerar el proceso, apoyado en la opinión de las clases tradicionales del país, cada vez más definidas en sus tendencias y cada vez más claramente enfrentadas con la masa heterogénea que las rodeaba, mezcla de inmigrantes y de criollos. Los partidos porteños quedaron reducidos a la impotencia frente a la organización del vasto e informe Partido Autonomista Nacional, que se constituyó con las oligarquías provincianas, cuya indiscutida jefatura asumió el propio Roca, y al que se fueron incorporando los grupos que desertaban de los viejos partidos faltos de perspectivas de poder. Disminuida con la falta de su capital tradicional, contemplaba impotente el predominio de la alianza provinciana en el gobierno nacional. En medio de las dificultades financieras, el gobierno resolvió ciertos aspectos del régimen institucional. Después de polémicas y de violentos debates parlamentarios, fue aprobada en 1884 la ley de creación del Registro Civil por la cual se encomendaba al Estado el registro de las personas, confiado antes a la institución eclesiástica; la Iglesia y los sectores católicos se opusieron enérgicamente, pero la ley fue sancionada por la nación y adoptada luego por todas las provincias. Ese mismo año se enfrentó otro problema, el de la educación popular, que también originó largas controversias; los sectores católicos se levantaron violentamente contra el principio del laicismo que inspiraba el proyecto oficial, pero la ley 1420 de educación obligatoria y gratuita fue aprobada. No menos fue la sanción de la ley proyectada por Nicolás Avellaneda, que consagró en 1885 el principio de la autonomía de las universidades. Y cuando algunos años más tarde se estableció el matrimonio civil, quedó concluido el proceso de renovación institucional. Pero desde entonces también quedaron divididas las clases

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