Gobernanza en Colombia: Entre la descentralización y los desafíos de la participación efectiva

Gobernanza en Colombia: Entre la Descentralización y los Desafíos de la Participación Efectiva

Colombia ha intentado, en las últimas décadas, construir un modelo de gobernanza que combine descentralización, participación ciudadana y eficiencia estatal. Sin embargo, este proceso ha estado marcado por tensiones profundas: por un lado, avances normativos que prometen inclusión y autonomía territorial; por otro, una realidad donde persisten el centralismo, la corrupción y la exclusión de amplios sectores sociales. Analizar la gobernanza en Colombia exige entender estas contradicciones, sus raíces históricas y las oportunidades que, pese a todo, surgen desde lo local y lo comunitario.

El concepto de gobernanza en Colombia no puede desligarse del proceso de descentralización iniciado en los años ochenta y consolidado con la Constitución de 1991. Esta última reconoció al país como un Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, abriendo espacios formales para la participación ciudadana en la toma de decisiones. Se crearon figuras como las veedurías ciudadanas, los consejos territoriales de planeación y las consultas populares. En teoría, estas herramientas deberían haber permitido una distribución más equitativa del poder. Pero la práctica ha sido otra. Como señala el informe de la Misión de Descentralización (2023), el centralismo fiscal y político sigue dominando: el gobierno nacional controla el 81% de los impuestos, mientras los municipios apenas recaudan el 14%. Esta asimetría limita cualquier intento real de autonomía territorial.

Uno de los mayores problemas de la gobernanza colombiana es su carácter fragmentado y, en muchos casos, simbólico. Aunque existen mecanismos de participación, su implementación suele ser deficiente. Por ejemplo, los consejos comunales y las Juntas de Acción Comunal —estructuras diseñadas para llevar la voz de las comunidades a las instancias de gobierno— frecuentemente carecen de recursos o son cooptadas por intereses políticos locales. Además, como lo evidenció el Paro Nacional de 2021, amplios sectores de la población, especialmente jóvenes y habitantes de regiones marginadas como el Pacífico o la Amazonía, sienten que estos espacios no representan sus demandas. La protesta social se convierte, así, en un mecanismo de gobernanza alternativo, pero también en un síntoma del fracaso de los canales institucionales.

La corrupción es otro cáncer que corroe la gobernanza en Colombia. Según Transparencia Internacional (2022), el país ocupa el puesto 91 entre 180 en el Índice de Percepción de Corrupción. Casos como el de Odebrecht o el cartel de la contratación en Bogotá revelan cómo redes clientelares distorsionan la asignación de recursos públicos. Esto no solo desvía fondos de servicios esenciales, sino que profundiza la desconfianza ciudadana. Un estudio de la Universidad Nacional (2023) encontró que el 76% de los colombianos cree que las instituciones "sirven a intereses particulares, no al pueblo". Cuando la gente percibe que el sistema es injusto, la gobernanza se debilita.

Sin embargo, hay experiencias que muestran caminos alternativos. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados tras el Acuerdo de Paz de 2016, son un intento por construir gobernanza desde las comunidades más afectadas por el conflicto. En regiones como el Catatumbo o el Caquetá, estos programas han permitido que líderes locales prioricen proyectos de infraestructura, educación y economía propia. Aunque su implementación ha sido lenta y enfrenta obstáculos (como la violencia persistente de grupos armados), los PDET demuestran que cuando se combinan recursos estatales con participación real de las comunidades, los resultados son más sostenibles.

Otro ejemplo es el de las guardias indígenas y cimarronas en el Cauca y el Chocó. Estas estructuras, basadas en formas propias de gobierno, han logrado lo que el Estado no ha podido: mantener la seguridad y el orden en sus territorios, incluso en medio del conflicto armado. Su modelo de gobernanza, que mezcla justicia comunitaria, protección ambiental y autonomía, desafía el paradigma centralista y sugiere que Colombia necesita pluralismo institucional.

El futuro de la gobernanza en Colombia depende de su capacidad para superar tres tensiones clave: (1) la brecha entre las normas progresistas y su implementación efectiva; (2) el choque entre el centralismo histórico y las demandas de autonomía territorial; y (3) la inclusión real de actores tradicionalmente marginados, como campesinos, indígenas y afrodescendientes. Lograrlo requerirá no solo reformas legales —como las propuestas por la Misión de Descentralización para modificar el Sistema General de Regalías—, sino también un cambio cultural que valore la participación más allá del voto cada cuatro años.

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