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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, POLITICA Y FISCAL EN COLOMBIA


Enviado por   •  10 de Noviembre de 2012  •  5.426 Palabras (22 Páginas)  •  16.792 Visitas

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, POLÍTICA Y FISCAL EN COLOMBIA

Tomando como base los conceptos previos contenidos en el módulo y algunos artículos acerca del tema y tener claro conceptos como descentralización, ventajas y desventajas, descentralización administrativa política y fiscal, presento esta ponencia

Todos sabemos que la Descentralización en Colombia es un reto permanente ya que esta es un mecanismo que permite desconcentrar el poder y transferir competencias desde un ámbito o dimensión de poder a otra, la misma puede ser administrativa, funcional, presupuestaria, entre otras. Cabe señalar, quela característica principal del proceso de descentralización consiste en la transferencia de autonomía según lo que establezca la constitución y las leyes de la república en el ámbito, sector o competencia a descentralizar.

El proceso de descentralización que ha adelantado el país durante la última década busca cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991, que consiste en consolidar a Colombia como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.

Aquí tenemos una ventaja y es que la situación de hoy, comparada con la existente hace dos décadas, muestra un cambio significativo expresado en una estructura de gobierno en la cual el nivel nacional se especializa en la orientación y coordinación general; en el manejo macroeconómico y en la creación de condiciones para la provisión de bienes y servicios de impacto global; mientras que las entidades territoriales asumen la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos locales con especial énfasis en la educación y la salud. Se recupera de este modo un papel importante del nivel local y regional en el marco de las funciones públicas.

Igualmente otra ventaja que encontramos es que podemos elegir democráticamente a los gobernadores y alcaldes, con lo cual además de fortalecerse la autonomía territorial se impulsa al mejoramiento de la gestión, al contar con gobernantes comprometidos con sus regiones y con estabilidad institucional y de recursos para adelantar un programa de gobierno.

De este modo se superó una situación previa, en la cual la elevada rotación de alcaldes y gobernadores y su reducido arraigo local creaba un marco desfavorable para la Administración.

Encontramos también que con la descentralización se ha logrado un avance significativo en el ajuste fiscal que ha generado sostenibilidad económica y viabilidad política en las Entidades Territoriales a través de la ley 550 de 1999, 617 de 2000 y 715 de 2001, podemos decir que esta es una gran ventaja para los pueblos del país, ya que a pesar de las dificultades iníciales en la gestión territorial, en la actualidad la responsabilidad de los últimos alcaldes, orientada por normas nacionales, ha llevado a que en la actual vigencia la mayoría de los municipios hayan mejorado su desempeño fiscal.

En los últimos años el Gobierno Nacional ha aportado a la inversión territorial, con cargo al Presupuesto General de la Nación, billones de pesos en salud, educación y recursos de saneamiento básico.

Ahora bien tenemos la desventaja de que la reforma en materia legal ha logrado fortalecer los municipios, pero no ha logrado diferenciar competencias claras para tipos diversos de entidades territoriales, en especial municipios pequeños de 4a, 5a y 6a categorías.

Y desafortunadamente Colombia presenta grandes desequilibrios regionales. 70% de la producción industrial y del sector terciario se origina en las cuatro principales capitales que, conjuntamente, representan el 35% de la población total. Cerca de 90% de los tributos y 70% del gasto se concentran en 40 municipios. Además, el nivel de desarrollo de los municipios presenta importantes diferencias: sólo 139 municipios (13%) tienen un nivel de desarrollo medio alto, mientras la gran mayoría, 569, presenta un desarrollo medio (52%) y 389, (35%).

Por otra parte, existen grandes desequilibrios e inequidades en el grado de competitividad territorial. Según un estudio reciente de competitividad, Bogotá ocupa el primer puesto con un índice de 100, seguido por Valle y Antioquia con 60, mientras el resto presenta valores menores a 40, y en los casos de Cauca, Córdoba, Cesar, Sucre y Chocó el índice es inferior a 10104.

Consideramos que parte de las dificultades registradas en este proceso, se enmarcan dentro de los esquemas que se ha manejado en materia de descentralización fiscal durante los últimos años en Colombia, en particular las efectuadas durante los años ochentas que tuvieron dos objetivos fundamentales: el primero hizo referencia al deseo del gobierno de descongestionar el presupuesto en algunas de las responsabilidades de gasto territorial, en un momento de crisis y deterioro de las finanzas nacionales y, por otra parte, el deseo de ampliar la cobertura y el mejoramiento de la calidad y eficiencia del gasto público Pues, no obstante lo anterior, esta distribución reflejó en cierta medida la incidencia del poder de decisión de algunas regiones sobre el gasto público nacional lo cual se mejoró ostensiblemente a través de la reforma a la ley de transferencias, mediante la ley 715 de 2001, denominada en la actualidad “Sistema General de Participaciones”, que muy a pesar de los avances registrados sobre el particular, el Gobierno Nacional, por conducto del Departamento Nacional de Planeación, presentó en días pasados un esquema que permitiría su fortalecimiento durante los próximos años.

En síntesis, podemos inferir de lo anterior que, la Descentralización sí ha sido eminentemente productiva para las regiones, en la medida que les ha permitido consolidarse como entes autónomos desde el punto de vista político y en algunos aspectos administrativos y financieros. Existen latentes un cúmulo de situaciones que generan, a la postre, ineficiencia en la inversión social e inequidad en la asignación del gasto que se traducen en una baja capacidad de gestión de las Entidades Territoriales. En aras del fortalecimiento, la política que se está promoviendo en la actualidad por parte del Gobierno Nacional, se circunscribe a tres líneas estratégicas: fortalecimiento de la democracia local y participación de la sociedad civil en la gestión pública, profundización de la descentralización administrativa y fiscal y, por último, lo referente al ordenamiento territorial.

Aunque la constitución declara al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa, pareciere que el Departamento fuere el eje de todo el ordenamiento territorial a la luz de la Constitución. Es a partir de la conjunción de los Departamentos que es posible conformar

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