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HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO


Enviado por   •  11 de Enero de 2013  •  618 Palabras (3 Páginas)  •  378 Visitas

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El derecho penal en la nueva España: las fuentes del derecho penal son muchas, dispersas en las leyes de indias. Varias cedulas reales combaten la tendencia de ciertos jueces a moderar las penas previstas en las normas penales, o conciliar las partes en los juicios, recordándoles que su trabajo no es juzgar las leyes, sino ejecutarlas. Hubo indicios de derecho castellano, pero no es un derecho muy homogéneo, tiene varias fuentes, y en una de ellas “las siete partidas”, se encuentran normas de derecho penal. Este derecho penal combina la tradición romana con la germánica e incluso influenciada por derecho canónico. Encontramos en estas normas, la libertad bajo fianza, la necesidad de una autorización judicial para el encarcelamiento y un limite de dos años para el proceso penal; es muy primitivo, con restos del juicio de Dios, diferenciación del tratamiento según la clase social, aplicación del tormento, confundían los conceptos pecado y delito, y penas muy crueles. El derecho penal es menos evolucionado que el civil y el administrativo, y se presenta a veces como un derecho carente de sentido común y psicología.

El derecho canónico tenia su propia rama penal, la iglesia quería que algunos asuntos fueran tratados exclusivamente frente a sus tribunales, y la iglesia estaba limitada por el estado en asuntos que este quería ocultar. Para los delitos de fe existía la inquisición. La excomunión y censura era una arma de la iglesia para defenderse y mermar las ideas subversivas de algunos funcionarios de la nueva España.

El derecho privado indiano: las fuentes del derecho castellano en el derecho privado indiano fueron fundamentales, no sé hacia una gran división entre derecho publico y privado, instituciones como la de la propiedad inmueble, y contratos de importancia, pertenecientes a derecho privado, eran colocados entre y el publico, sin diferenciar uno del otro, recibían su perfil de disposiciones administrativas.

El derecho de familia, influenciado cercanamente por el canónico, desburocratiza los excesivos impedimentos matrimoniales, se suaviza en beneficio de negros y mulatos del principio de que se necesite la licencia paterna para el matrimonio, una presión legal para que solteros se casen y de que los negros se casen con negras, prohibiciones de que virreyes y altos funcionarios se casen con mujeres domiciliadas en el territorio donde ejercen sus funciones, reglas para cristianizar el matrimonio de indígenas casados antes de la conquista, control de los cabildos sobre la tutela y finanzas respectivas, control del consejo de indias sobre legitimaciones autorizadas en la nueva España, normas para preservar la unidad de las familias de la colonia, y de que los peninsulares no abandonen a sus esposas en España.

Existieron reglas sobre el hallazgo de tesoros, la corona cobraba la mitad de lo obtenido. Algunas normas de derecho publico en el privado era el deber de cultivar las tierras recibidas por repartimiento, reinvirtiendo el 10% de su ganancia, construir allí una casa, vigilar que los indios no vendieran sus tierras, sistema de vinculaciones, propiedad comunal, y restricciones a propiedades eclesiásticas.

La expropiación forzosa no estuvo reglamentada, y al parecer toda propiedad inmueble encontraba su origen en una concesión precaria por parte de la corona. En lo que respecta a contratos y obligaciones, el derecho indiano contiene reglamentación sobre juegos y jugadores, reglamentando también los contratos de seguro, fletamento y mandato. En lo referente al contrato del trabajo, el derecho indiano aporta normas proteccionistas de indios al derecho castellano. Para lugares donde la moneda no circulaba, se establecía que las deudas podían ser pagadas con mercancías. En materia de derecho administrativo, se restringe el comercio entre las indias, control de precios por parte de los cabildos, monopolios de la corona respecto a ciertos productos, medidas de salubridad y restricciones impuestas a ciertos funcionarios para determinar actos jurídicos.

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