Indicador del balance estructural

Indicador del balance estructural

Es un conjunto de ecuaciones y variables que se necesitan para calcular un balance sin los efectos del ciclo económico. Existen varios indicadores que sirven para guiar la política fiscal, entre ellos está el balance efectivo, relación deuda/PIB, entre otros. Sin embargo la regla chilena utiliza un balance ajustado por el ciclo como indicador.

Se necesita saber también la base sobre la cual se calculará (su cobertura), en este caso, Chile busca una transparencia en sus políticas fiscales, es por esto que utiliza metodologías de cálculo sencillas.

Objetivos del indicador:

Se agrupan en básicamente 3 tipos:

-Balance cíclicamente ajustado, que elimina los ingresos del Fisco que obedecen a fluctuaciones asociadas al ciclo del PIB y de los precios commodities relevantes para la economía.

-Indicadores de discrecionalidad fiscal, que separan lo endógeno de lo exógeno en cuanto a la autoridad fiscal, asilando los ingresos de factores exógenos.

-Indicadores de balance permanente, elaboran una senda de ingreso permanente para el fisco, eliminando los ingresos transitorios.

Definición de política fiscal y meta

La definición del nivel de meta por parte de la autoridad fiscal, o la decisión de si la política fiscal va a ser guiada o no por un balance estructural, no debiese afectar la forma de calcular el indicador.

Es por esto, que la medición del indicador de balance estructural, es independiente de la regla o política que opte la autoridad chilena. Hoy en día, Chile ha fijado su regla fiscal, en cuanto al gasto de gobierno y su compatibilidad de nivel, de acuerdo a si hay déficit o superávit en el balance estructural.

Evolución de la balanza fiscal

Chile creció a tasas relativamente elevadas durante las últimas décadas. Este crecimiento permitió que su PIB per cápita prácticamente se duplicara entre 1990 y 2013, acercándose de manera acelerada a los niveles de ingreso que tienen los países desarrollados. Por lo tanto, el gobierno actual pretende lograr que el país se establezca como desarrollado através de un  crecimiento económico que vaya de la mano con políticas públicas enfocada en enfrentar la desigualdad económica y una alianza público-privada orientada a elevar la productividad. En otras palabras, Para establecer o sembrar las bases de un crecimiento inclusivo de todos los habitantes del país, el programa del Gobierno contempla una serie de políticas y reformas estructurales, que ya están siendo implementando. Una de las primeras medidas anunciadas fue la presentación de la Reforma Tributaria, que fue aprobada con un respaldo mayoritario en el Congreso el 10 de septiembre de 2014 .Esta reforma tiene varios objetivos, entre los que destacan contribuir a mejorar la distribución de ingresos.

Una amplia evidencia empírica apoya la visión de que la desigualdad afecta negativamente el creci¬miento de los países, sobre todo en el mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, los trabajos de Ale¬sina y Rodrik (1994), Person y Tabellini (1994) y de Perotti (1996) muestran que a mayor desigualdad en la distribución de recursos, menor es el creci¬miento económico.

Para ejemplificar la gran y constante evolución que se ha tenido podemos dar como ejemplo la década de los  90, estos partieron con niveles de PIB per cápita relativamente bajos, la economía creció en promedio 6,1%. Entre 2000 y 2013 manteniendo un alto progreso, aunque el crecimiento promedio actual a retrocedió a 4,4%1. El crecimiento acumulado en todos estos años hizo que el PIB por habitante pasara de US$ 9.199 en 1990 a US$ 21.714 en 2013, medidos ambos en términos de paridad de poder de compra (PPC)

A inicios de la década pasada, el Gobierno de Chile comenzó a guiar su política fiscal por medio de una regla basada en el Balance Estructural. En 2006 se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que estableció formalmente la Regla de Balance Estructural como el instrumento que orienta la po¬lítica fiscal, creándose además dos fondos sobera¬nos para administrar los recursos generados por la aplicación de esta regla

La regla fiscal es un gran indicador de la balanza fiscal del país esta ha sido ejercida por alrededor de 10 años o más, está básicamente, determina el nivel de gasto público compatible con los ingresos de tendencia; es decir, con los ingresos ajustados por el ciclo del PIB y por los cambios en el precio del cobre con respecto a su nivel de largo plazo.

Pueden ser identificadas tres grandes etapas relativas a los cambios que se ha registrado en este tiempo.

En la primera, durante su implementación, se hicieron aportes en transparencia, mediante la creación de los comités consultivos y la publicación del documento técnico que explicitaba la metodología de balance estructural. Las modificaciones en respuesta a los cambios en la composición de los ingresos del Fisco, como el ajuste por molibdeno (un tipo de mineral) y la minería privada, fueron correctamente justificadas y anunciadas previo a su aplicación en la ley de presupuestos. Además, se hicieron ajustes al gasto durante ese año

En la segunda etapa, las modificaciones a la regla fueron especificando su transparencia. Se hicieron cambios metodológicos en la regla, como el ajuste por el impuesto adicional, el cambio en las elasticidades para los tributos no mineros, el cambio en la metodología de estimación del precio de largo plazo del molibdeno en 2009 y la corrección por impuestos transitorios. Este último cambio, a su vez, significó migrar desde un balance del tipo cíclicamente ajustado, como el que está documentado y es utilizado por numerosas instituciones alrededor del mundo, hacia uno de ingreso permanente, dando un giro conceptual al indicador sin previo anuncio, discusión o análisis.

 Durante la tercera y última etapa se ha hecho un esfuerzo por mejorar la transparencia y credibilidad en la regla, convocando al Comité Asesor de política fiscal, aceptando sus primeras recomendaciones para la metodología de balance estructural, que fueron utilizadas en la elaboración de la Ley de Presupuestos 2011.

Además en los últimos años se ha observado una tendencia decreciente en la acumulación de pasivos brutos por parte del Gobierno, permitiendo que la razón entre deuda bruta/ PIB alcance mínimos históricos.

 En promedio la razón entre deuda bruta/PIB pasa de un 23% en el período 1990-2000 a un 9% en el período 2001-2011.

En resultado la evolución de la balanza Fiscal ha permitido mejorar la credibilidad de Chile como emisor de deuda, tanto a nivel local como internacional. Como prueba de esto en el año 2010 el gobierno chileno, después de siete años, decidió volver a los mercados internacionales de deuda, estableciendo así un benchmark que beneficiara directamente la emisión de bonos corporativos.

Dando a resaltar que mientras mejor sea manejada la balanza fiscal será más fácil crecer y manejarse en el sector de países desarrollados, vale decir que la meta de Chile es ser visto y consolidado como uno de ellos.

Como es mencionado anteriormente la postura del gobierno actual más haya de tratar de cambiar la opinión popular que se tiene de ellos actualmente tiene una base sólida y avalada por estudios y prueba empírica de que tratar de incorporar y establecer reformas sociales como la  reducción o erradicación de la desigualdad de distribución de riquezas  puede ayudar a Chile alcanzar un nivel del primer mundo solo si mantiene el curso de mantener una sólida balanza fiscal

Indicadores de Política Fiscal en Chile:

Las estimaciones anteriores fueron expuestas por las autoridades fiscales en el año 2001, en el contexto de un crecimiento sucesivo en el desarrollo de reglas e indicadores de Política Fiscal. En 1993 se integró un margen absoluto al nivel agregado del gasto en la Ley de Presupuestos y la entrega de información al Congreso sobre ejecución presupuestaria y uso de los recursos públicos. En consecuencia, en 1995 se completó un conjunto de indicadores de desempeño en el sector público. En 1997 se introdujo una evaluación sistemática de efectividad de los programas de gobierno y en 2000 se introdujo el Balance Estructural del Sector Público (BESP) y la Regla Fiscal superavitaria del 1% del PIB. Para superar las restricciones en el manejo fiscal, de acuerdo a la propuesta de la DIPRES en el año 2000, era necesario estudiar reglas que llevaran mejor la conducción de la Política Fiscal en el futuro y que sirviesen de referencia en la rendición de cuentas de las autoridades por las atribuciones asignadas. Como ejemplo, se mencionaron las reglas de convergencia fiscal del Tratado de Maastricht, que para países miembros de la Unión Europea instauró que: "Las finanzas públicas deberán encontrarse en una situación sostenible, lo que quedará demostrado en caso de haberse conseguido una situación del presupuesto sin un déficit público excesivo”, significa un déficit público anual no superior al 3% del PIB y una proporción de la deuda pública bruta que no excediera el 60% del PIB al final del ejercicio presupuestario anterior.  

El uso de un indicador de política fiscal que ajuste por el efecto del ciclo económico, permitiría la formulación de reglas creíbles y eficaces de política fiscal. En el caso de Chile, se recurrió al Balance Estructural proveniente del conjunto de indicadores que permiten ajustar efectos del ciclo económico como otros factores exógenos, a partir de la presencia de una base tributaria amplia, con bajos niveles de endeudamiento. El concepto de Balance Estructural se definió según los parámetros del FMI para los países desarrollados, coincidentes con los de la OCDE, pero con dos ajustes:

-No se efectuaron ajustes por el ciclo económico en los gastos, debido a la ausencia de gastos que respondieran automáticamente a dicho ciclo, lo que es bastante discutible en el caso de los llamados gastos excedibles.

-Se agregó un ajuste específico para los ingresos provenientes del cobre, por tratarse de una importante fuente de ingresos fiscales con su propia dinámica.

Así, el BESP de Chile "refleja el balance presupuestario que hubiese existido en el Gobierno Central si la economía se hubiese ubicado en su trayectoria de mediano plazo, abstrayéndose de los factores coyunturales de mediano plazo." Este concepto se sustenta en el supuesto de que la economía evoluciona en torno a una trayectoria subyacente y refleja, especialmente la tasa crecimiento potencial de largo plazo y que ese producto está sujeto a shocks permanentes y temporales, que inciden en el crecimiento efectivo. Los shocks permanentes se refieren a los cambios tecnológicos significativos que generan efectos permanentes en la trayectoria del producto, mientras que los temporales se disipan en el tiempo y son tanto negativos como positivos, traducidos en movimientos cíclicos del producto efectivo respecto del producto potencial. La estimación del BESP se basa en la cuantificación de esas desviaciones cíclicas y en la estimación de la sensibilidad del presupuesto fiscal a esas fluctuaciones, incluyendo la cuantificación de las desviaciones cíclicas del precio del cobre respecto de su tendencia y su impacto en los ingresos fiscales.
El Balance Efectivo, por su parte, incluye el efecto de una coyuntura, que puede ser favorable o desfavorable, dificultando la interpretación de los resultados fiscales en un horizonte de mediano plazo. Para el cálculo del BESP se incluye al Gobierno Central y sus Instituciones centralizadas (ministerios), entidades estatales autónomas (Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría y otras) e instituciones públicas descentralizadas (servicios públicos). Todas las instancias anteriores están incluidas en la Ley de Presupuestos, de la cual no forman parte las empresas públicas, las municipalidades, las Universidades estatales y el Banco Central. Las municipalidades, además de políticamente autónomas, están impedidas de endeudarse y no pueden tener déficit fiscal, salvo transferencias del Gobierno Central. Las Universidades eventualmente pueden endeudarse, pero su peso financiero es reducido. Las empresas estatales, salvo excepciones, son superavitarias y la participación del Estado en sus utilidades queda registrada dentro de la contabilidad del Gobierno Central, así como las transferencias de capital a las empresas cuyas utilidades son insuficientes para financiar los planes de inversión de prioridad social. A su vez, el déficit se ha reducido a menos del 1% del PIB. El BESP se presenta como un indicador de discrecionalidad de la política fiscal al eliminar el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica y del precio del cobre sobre los agregados fiscales (factores exógenos que no están bajo el control de la autoridad). La evolución de los agregados fiscales está determinada por la dinámica propia de algunas partidas presupuestarias, como sucede en los casos de las pensiones de vejez, compromisos de arrastre de inversión de años anteriores, que no corresponden necesariamente a decisiones de política de la autoridad presente, servicio de la deuda ante los cambios de tasas de interés y shocks fiscales definidos por fenómenos transitorios.

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