Indicador del balance estructural

Indicador del balance estructural

Es un conjunto de ecuaciones y variables que se necesitan para calcular un balance sin los efectos del ciclo económico. Existen varios indicadores que sirven para guiar la política fiscal, entre ellos está el balance efectivo, relación deuda/PIB, entre otros. Sin embargo la regla chilena utiliza un balance ajustado por el ciclo como indicador.

Se necesita saber también la base sobre la cual se calculará (su cobertura), en este caso, Chile busca una transparencia en sus políticas fiscales, es por esto que utiliza metodologías de cálculo sencillas.

Objetivos del indicador:

Se agrupan en básicamente 3 tipos:

-Balance cíclicamente ajustado, que elimina los ingresos del Fisco que obedecen a fluctuaciones asociadas al ciclo del PIB y de los precios commodities relevantes para la economía.

-Indicadores de discrecionalidad fiscal, que separan lo endógeno de lo exógeno en cuanto a la autoridad fiscal, asilando los ingresos de factores exógenos.

-Indicadores de balance permanente, elaboran una senda de ingreso permanente para el fisco, eliminando los ingresos transitorios.

Definición de política fiscal y meta

La definición del nivel de meta por parte de la autoridad fiscal, o la decisión de si la política fiscal va a ser guiada o no por un balance estructural, no debiese afectar la forma de calcular el indicador.

Es por esto, que la medición del indicador de balance estructural, es independiente de la regla o política que opte la autoridad chilena. Hoy en día, Chile ha fijado su regla fiscal, en cuanto al gasto de gobierno y su compatibilidad de nivel, de acuerdo a si hay déficit o superávit en el balance estructural.

Evolución de la balanza fiscal

Chile creció a tasas relativamente elevadas durante las últimas décadas. Este crecimiento permitió que su PIB per cápita prácticamente se duplicara entre 1990 y 2013, acercándose de manera acelerada a los niveles de ingreso que tienen los países desarrollados. Por lo tanto, el gobierno actual pretende lograr que el país se establezca como desarrollado através de un  crecimiento económico que vaya de la mano con políticas públicas enfocada en enfrentar la desigualdad económica y una alianza público-privada orientada a elevar la productividad. En otras palabras, Para establecer o sembrar las bases de un crecimiento inclusivo de todos los habitantes del país, el programa del Gobierno contempla una serie de políticas y reformas estructurales, que ya están siendo implementando. Una de las primeras medidas anunciadas fue la presentación de la Reforma Tributaria, que fue aprobada con un respaldo mayoritario en el Congreso el 10 de septiembre de 2014 .Esta reforma tiene varios objetivos, entre los que destacan contribuir a mejorar la distribución de ingresos.

Una amplia evidencia empírica apoya la visión de que la desigualdad afecta negativamente el creci¬miento de los países, sobre todo en el mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, los trabajos de Ale¬sina y Rodrik (1994), Person y Tabellini (1994) y de Perotti (1996) muestran que a mayor desigualdad en la distribución de recursos, menor es el creci¬miento económico.

Para ejemplificar la gran y constante evolución que se ha tenido podemos dar como ejemplo la década de los  90, estos partieron con niveles de PIB per cápita relativamente bajos, la economía creció en promedio 6,1%. Entre 2000 y 2013 manteniendo un alto progreso, aunque el crecimiento promedio actual a retrocedió a 4,4%1. El crecimiento acumulado en todos estos años hizo que el PIB por habitante pasara de US$ 9.199 en 1990 a US$ 21.714 en 2013, medidos ambos en términos de paridad de poder de compra (PPC)

A inicios de la década pasada, el Gobierno de Chile comenzó a guiar su política fiscal por medio de una regla basada en el Balance Estructural. En 2006 se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que estableció formalmente la Regla de Balance Estructural como el instrumento que orienta la po¬lítica fiscal, creándose además dos fondos sobera¬nos para administrar los recursos generados por la aplicación de esta regla

La regla fiscal es un gran indicador de la balanza fiscal del país esta ha sido ejercida por alrededor de 10 años o más, está básicamente, determina el nivel de gasto público compatible con los ingresos de tendencia; es decir, con los ingresos ajustados por el ciclo del PIB y por los cambios en el precio del cobre con respecto a su nivel de largo plazo.

Pueden ser identificadas tres grandes etapas relativas a los cambios que se ha registrado en este tiempo.

En la primera, durante su implementación, se hicieron aportes en transparencia, mediante la creación de los comités consultivos y la publicación del documento técnico que explicitaba la metodología de balance estructural. Las modificaciones en respuesta a los cambios en la composición de los ingresos del Fisco, como el ajuste por molibdeno (un tipo de mineral) y la minería privada, fueron correctamente justificadas y anunciadas previo a su aplicación en la ley de presupuestos. Además, se hicieron ajustes al gasto durante ese año

En la segunda etapa, las modificaciones a la regla fueron especificando su transparencia. Se hicieron cambios metodológicos en la regla, como el ajuste por el impuesto adicional, el cambio en las elasticidades para los tributos no mineros, el cambio en la metodología de estimación del precio de largo plazo del molibdeno en 2009 y la corrección por impuestos transitorios. Este último cambio, a su vez, significó migrar desde un balance del tipo cíclicamente ajustado, como el que está documentado y es utilizado por numerosas instituciones alrededor del mundo, hacia uno de ingreso permanente, dando un giro conceptual al indicador sin previo anuncio, discusión o análisis.

 Durante la tercera y última etapa se ha hecho un esfuerzo por mejorar la transparencia y credibilidad en la regla, convocando al Comité Asesor de política fiscal, aceptando sus primeras recomendaciones para la metodología de balance estructural, que fueron utilizadas en la elaboración de la Ley de Presupuestos 2011.

Además en los últimos años se ha observado una tendencia decreciente en la acumulación de pasivos brutos por parte del Gobierno, permitiendo que la razón entre deuda bruta/ PIB alcance mínimos históricos.

 En promedio la razón entre deuda bruta/PIB pasa de un 23% en el período 1990-2000 a un 9% en el período 2001-2011.

En resultado la evolución de la balanza Fiscal ha permitido mejorar la credibilidad de Chile como emisor de deuda, tanto a nivel local como internacional. Como prueba de esto en el año 2010 el gobierno chileno, después de siete años, decidió volver a los mercados internacionales de deuda, estableciendo así un benchmark que beneficiara directamente la emisión de bonos corporativos.

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