Informe noche de los lapices

En enero de 1976, María Estela Martínez de Perón reorganizó su gabinete y se desprendió de sindicalistas y políticos moderados. Los sindicalistas, que en ese momento estaban divididos entre los leales a la Presidenta –liderados por Lorenzo Miguel - y aquellos que querían su alejamiento, optaron por tomar una actitud pasiva pues no querían oponérsele en un momento en que veían inevitable su derrocamiento. Los llegados al gabinete propusieron a los militares la disolución de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y la “bordaberrización” del Poder Ejecutivo similar a la ocurrida en Uruguay el 27 de junio de 1973 pero las Fuerzas Armadas no lo aceptaron. En el Congreso los legisladores verticalistas bloqueaban las propuestas de sus colegas “institucionalistas” y de la oposición tendiente a desplazar legalmente a la Presidenta.

En febrero de 1976 el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de "encubrir" como "acciones antisubversivas", la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe. El senador Ítalo Luder reforzó el poder de los militares y sancionó a su pedido, los tres decretos que extendían a todo el país la orden de "aniquilar" el accionar guerrillero: creaba un Consejo Nacional de Defensa controlado por las Fuerzas Armadas, y ponía a las policías nacionales y provinciales a órdenes de aquellas.

Una de las primeras decisiones del Ejército fue militarizar el país en cinco zonas, dentro de las cuales cada comandante de cuerpo tenía autonomía para ordenar las acciones represivas que considerara necesarias, entre ellas el establecimiento de centros clandestinos de detención y tortura. Luder anunció también que se adelantarían las elecciones previstas para marzo de 1977, las cuales se celebrarían en la segunda mitad de 1976. En una reunión de los altos mandos del Ejército dirigida por el entonces comandante en Jefe del Ejército Jorge Rafael Videla, con participación de asesores militares franceses y estadounidenses, se aprobó en secreto la Estrategia Nacional Contrainsurgente, ordenando prescindir de los procedimientos y garantías del Estado de derecho y realizar las acciones represivas de manera clandestina y sin reconocimiento por parte de las autoridades estatales. Poco después, el 23 de octubre de 1975, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo, Videla declaró públicamente que “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

Hechos

La dictadura cívico-militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983, luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, estaba encabezada por una junta militar integrada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea).

Durante esta dictadura, también conocida como "el Proceso" se secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, solo por sospechas de ser guerrilleros o activistas civiles, aunque no tuviesen relación con organizaciones armadas. Se establecieron centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en aquel tiempo son conocidas como «los desaparecidos» ya que gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.

Los jóvenes apresados la noche del 16 de septiembre de 1976 (conocida como la noche de los lápices), que militaban o habían militado en la UES de La Plata (Unión de Estudiantes Secundarios) y en la Juventud Guevarista y habían participado en las actividades realizadas por estas y otras organizaciones estudiantiles para reclamar el otorgamiento del Boleto Estudiantil Secundario, supuesto motivo para su encarcelamiento, considerada por las Fuerzas Armadas como «subversión en las escuelas».

El Boleto Estudiantil Secundario, una facilidad mediante la cual los estudiantes podían utilizar el transporte urbano sin abonar el pasaje, había sido conferido por el gobierno anterior y el gobierno militar de la provincia lo fue suprimiendo paulatinamente al subir escalonadamente el precio del mismo, por lo que los estudiantes organizaron distintas actividades para reclamar su estatus gratuito.

Hechos jurídicamente vinculante al Derecho Internacional

Con base a los hechos descritos anteriormente, se pasa a analizar las fuentes de Derecho Internacional:

1. Desaparición forzada de personas, por parte del estado argentino a los estudiantes secuestrados en la noche del 16 de septiembre de 1976

2. Tortura, por parte del estado argentino a los estudiantes secuestrados en la noche del 16 de septiembre de 1976

3. Ejecución extrajudicial, por parte del estado argentino a los estudiantes secuestrados en la noche del 16 de septiembre de 1976

4. Responsabilidad Internacional, por parte del estado argentino a admitir los hechos jurídicos ocurridos durante en el año 1976.

Analizando los hechos desde las fuentes de Derecho Internacional puede alegarse, en principio de:

1. Se evidencia la desaparición forzada de los 10 jóvenes donde fueron raptados desde su casa la noche de los hechos, violentando el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde consagra que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Así mismo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos se contemplan en el artículo 7 los derechos a la libertad personal estableciendo en sus numerales 1, 2 y 3 que señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, además nadie puede ser privado de su libertad física y mucho

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