LA CONSULTA POPULAR: ¿UN MECANISMO PARA LA DEMOCRATIZACION EN MEXICO?

LA CONSULTA POPULAR: ¿UN MECANISMO PARA LA DEMOCRATIZACION EN MEXICO?

Sumario: Introducción. I. Conceptos de participación ciudadana y consulta popular;  II. Fundamentación nacional de la consulta popular; III. Antecedentes internacionales de la participación ciudadana; IV. Democracia y Consulta ciudadana; V. La consulta popular en México respecto de la reforma energética. Conclusiones

INTRODUCCIÔN

En las últimas dos décadas se ha afianzado el proceso de democratización en la mayor parte del mundo. Si bien algunos países aún siguen en el proceso de la transición o apenas están aprendiendo a vivir bajo el nuevo régimen, otras naciones ya se han topado con ciertos límites y con los retos que la democracia representativa conlleva. Al mismo tiempo, las sociedades, y de manera paralela, la democracia está en constante evolución, lo cual implica una continua redefinición de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Entre más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus expectativas y demandas respecto de la democracia.

En el presente ensayo abordo el tema de la participación ciudadana en México, en específico, la consulta popular, como uno de los mecanismos de la anterior, que se adicionaron al artículo 35 constitucional en el año del 2011.  Si bien el concepto de participación ciudadana no puede definirse en su totalidad, me enfoco en algunos conceptos que considero adecuado, esto en el primer tema a tratar en este trabajo.

Se expone en el presente ensayo las bases jurídicas que regulan en nuestro país, México, la consulta popular y a nivel internacional las normas convencionales que abordar la participación ciudadana, encaminada a la consulta popular.

Otro de los temas que relaciono, ya que considero que sin participación ciudadana no podríamos hablar de u*n verdadera democracia, esta relación intrínseca la abordo el tema de la democracia y consulta ciudadana.

Un caso en concreto en México es el procedimiento que se realizó respecto de la consulta ciudadana de la reforma energética, que si bien fue un intento, apagado por la fuerza de la clase política en nuestro país, constituye un gran precedente de los mecanismo de participación ciudadana. En este apartado intento realizar un antecedente de la reforma energética y la resolución hecha por nuestro máximo órgano de justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. Conceptos de participación ciudadana y consulta popular.

La participación esta en el centro de la sociedad. Participar significa que la gente sea capaz de estar activamente presente en los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo que definen el rumbo de nuestro Estado.

 La participación ciudadana significa intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del modo como se distribuye sus costos y beneficios^[1]”.

Políticamente, la participación ciudadana apunta al tema del régimen político, en cuanto procedimiento de constitución de la voluntad política; en concreto, ella ha estado referida a la sustitución o complementación de la democracia representativa^[2]”.

Por su parte, la ley en México define a la consulta popular “como un mecanismo de participación ciudadana, a través del cual se ejerce el derecho a votar a fin de opinar respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional^[3]”.

La participación ciudadana, tiene como uno de sus mecanismos a la consulta popular, la cual es un derecho político que se encuentra en vías de consolidarse en nuestro país, México,  y tal proceso esta o debería estar encaminado a resolver problemas de orden público, no ser tomado como un estandarte de la clase política en el poder, ya que la consulta popular tiene como objetivo ser un contrapeso a la partidocracia en el país.

1. Fundamentación nacional de la consulta popular.

El 9 de agosto de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciono una fracción VIII al artículo 35 Constitucional, que instaura el decreto a los ciudadanos a votar en las consultas populares, respecto de temas de transcendencia nacional.

Posteriormente, se expide el 14 de marzo de 2014, la Ley Federal de Consulta Popular, la cual tiene como “objetivo regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, computo u declaración de resultados de la consulta popular, así como promover la participación ciudadana en estas^[4]”.

La consulta popular puede ser solicitada “por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2% de los ciudadanos que integren la lista nominal^[5]”.

La organización de la consulta popular es una más de las múltiples facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, y la legalidad de la pregunta será calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No podrán ser objeto de consulta: restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios relativos a la forma de gobierno establecidos en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización y operación de las fuerzas armadas^[6].

1. Antecedentes internacionales de la participación ciudadana.

El primer fundamento y antecedente histórico de la participación ciudadana lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual contempla que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos^[7].

En la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José realizado del 7 al 22 de Noviembre de 1969, se expresa que, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país^[8].  

En la Carta Democrática Interamericana en 2001, se determina a lo largo de su contenido, la relevancia estratégica del derecho a la participación para el ejercicio pleno de la democracia en el continente americano. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional^[9]. Por otra parte, establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia^[10].

Ya en el 2009 se crea la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Publica. La cual señala que entre los componentes básicos del derecho de participación ciudadana en la gestión pública reconocidos en este documento, se pueden citar: el derecho a informarse sobre los aspectos de interés público, intervenir en los procesos de evaluación,  respetar y propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general,  presentar solicitudes, proyectos y propuestas en el ámbito competencial,  el derecho a reclamar derechos, en función de los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, el derecho de petición, la acción popular, la acción de amparo o tutela y la acción de cumplimiento. Todo esto, de  manera autónoma, gratuita e igualitaria (que se respeten la diversidad y no discriminación) proyectándose a una la participación ciudadana consustancial al Estado y  a un alcance altamente democrático^[11].

Esta serie de documentos fomenta entre las naciones el tema de la participación ciudadana, incluyendo en esta a la consulta popular o acción popular. Transformando la participación ciudadana en un derecho, siendo obligación del Estado, crear las medidas y medios necesarios para que los procesos de participación puedan incidir en las políticas de nuestro país.

1. Democracia y Consulta ciudadana.

La democracia siempre se ha asociado con participación ciudadana. No obstante, el tema cobró importancia cuando, a pesar de contar con un sistema democrático,  las sociedades de algunos países no se sentían satisfechas con las consecuencias negativas que la democracia podía presentar, lo que provocó una crisis de satisfacción y desilusión de este sistema de gobierno.

Para dar respuesta al creciente descontento resultante de esta crisis, se introdujo el concepto de democracia ampliada o democracia de ciudadanía, el cual no sólo implica la participación de la sociedad a través del voto, sino que introduce otros derechos y una nueva relación entre los ciudadanos y el gobierno.^[12]

Por ejemplo, de acuerdo con Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la democratización verdadera es algo más que las elecciones^[13]”, es decir que las elecciones por si mismas no garantizan la democracia, sino que son parte de un proceso más amplio.

...