LA CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA

Al presentarle este material, quisiera expresar que si bien me dedico a analizar de manera particular la corrupción administrativa, pero no obstante, la sociedad dominicana y quienes la conformamos estamos conscientes de la existencia de prácticas corruptas en diferentes instancias públicas y privadas.

El fenómeno de la corrupción o enriquecimiento ilícito en la administración pública dominicana ha alcanzado dimensiones desproporcionadas, producto de una voluntad política permisiva ante la depredación de los fondos público y la ineficacia de nuestra legislación para sancionar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se enriquecen clandestinamente, así como la falta de instituciones fuertes, que se sobrepongan a los gobernantes del momento y permitan la continuidad de las políticas y acciones del Estado que nos brindaran la seguridad jurídica que necesita la República Dominicana. No son escasos los funcionarios que al término de su mandato posean una cantidad de bienes proporcionales al presupuesto del cargo asignado, creando de esta forma un negativo precedente para las futuras generaciones, y desmejorando la moral de todo un pueblo que desiste en la consistencia necesaria para mantener la lucha contra la corrupción. La existencia de estos funcionarios corruptos que, a expensas del Estado y de sus connacionales, se enriquecen a la vista de todos y no son sancionados por ello, le resta credibilidad a nuestras leyes, a nuestro gobierno, a nuestro gobernante, a nuestro sistema político y de representación. Forjando en la percepción, jóvenes de nuestros compatriotas la idea de que la justicia dominicana es permisible, frágil y hasta olvidadiza, inclinada generalmente hacia aquellos que tienen el poder.

Esta problemática administrativa está contemplada como tal en la legislación penal dominicana, a lo sumo tenemos una variada tipificación de delitos mediante los cuales se consuma el acto de enriquecimiento ilegítimo con fondos públicos, así lo demuestra Nuestra ley sustantiva que ha querido prever excesos o violación que puedan cometer los funcionarios o empleados públicos en el ejercicios de sus funciones cuando expresa en su Art. 5 "A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe" pero En su Art. 102, la misma Constitución prevé que: "Será sancionado el funcionario o empleado público que se prevalezca de su posición en los organismo del Estado o instituciones autónomas para obtener ventaja para su provecho o a sus asociados"

Las consecuencias existente en este sistema que hacen posible la corrupción generalizada en la administración pública, las pagan las mayorías de nuestros ciudadanos, los más pobres, los olvidados, y es claro que nadie contribuye a beneficiarlos, a mejorar sus niveles de vida, por lo que justifico todo este afán, empeño, y esfuerzo, por disputar eficazmente la

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