LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA

Las políticas existentes para llevar a cabo una adecuada planificación y gestión ambiental del territorio en Colombia tienen una razón histórica y social. Son estas políticas las que marcan el rumbo de un país en cuanto a la protección del medio ambiente, y su manejo para que el desarrollo sea sostenible en el tiempo, dando la posibilidad a que las generaciones tengan la oportunidad de subsistir con una calidad de vida adecuada y que tengan los elementos necesarios para su normal desarrollo.

Es importante conocer los antecedentes jurídicos que existen en el país para entender el porqué de la forma actual en que se hace el manejo ambiental. Las políticas que regulan el uso de los recursos naturales en Colombia siempre han estado marcadas por la corriente ideológica imperante a nivel internacional. Así, vemos que luego de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972, la Presidencia de la República promulgó el Decreto Ley 2811 de 1974 con el cual el país buscó estar a la vanguardia en la temática de explotación sostenible de los recursos, siendo el primer país de América Latina en tener una legislación al respecto. Sin embargo, en gobiernos posteriores donde se buscó afianzar la política de convertir al país en un exportador neto de materias primas, la ley se flexibilizó para facilitar los trámites y los requerimientos ambientales que se hacían a las empresas se volvieron menos exigentes para reducir los costos y asegurar la competitividad de los productos nacionales en el exterior. Ya en 1991, la Asamblea Constituyente le dio rango constitucional a la protección del medio ambiente, que se vio potenciada luego de la Cumbre de Rio de Janeiro, cuando nuevamente entró la “moda” al país de la necesidad de proteger el rico patrimonio natural que poseemos, desarrollándose una nueva ola de instituciones para administrar y gestionar los recursos ambientales del país, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y muchas de las actuales Corporaciones Autónomas Regionales, mediante la Ley 99 de 1993. Pero, como si la historia estuviera condenada a repetirse, los nuevos gobiernos, en busca de la tan anhelada inversión extranjera, comenzaron a poner facilidades para el trámite de las licencias ambientales, conceder concesiones mineras en zonas de suprema importancia ecológica y a omitir una adecuada planificación de los recursos en sus Planes Nacionales de Desarrollo.

Es así como llegamos a la forma de hacer gestión ambiental actualmente en Colombia, donde los estudios son parcializados para que no sean obstáculos del “desarrollo”. La academia poco a poco es desplazada del debate sobre los proyectos que tienen un enorme impacto ambiental, dando paso al “lobby” empresarial, donde se muestran megaproyectos que cambiarán la cara al país, “amigables” con el ambiente, pero sin un estudio serio que respalde esta afirmación. Las instituciones se encuentran con la presión del gobernante de turno para emitir una posición favorable a todos estos proyectos, con el fin de que jamás se merme la “confianza inversionista” y se siga dando la entrada masiva de divisas a la nación.

Para que en el país se haga una adecuada gestión ambiental se necesita un cambio de paradigma, de uno en el que la naturaleza es vista como un recurso que alimenta el motor de la industria y el desarrollo económico, a uno en el que se es consciente de que el deterioro de los ecosistemas afecta la calidad de vida de las poblaciones y afecta su desarrollo social, llegando incluso a romper la malla social y desintegrando comunidades, como pasa por ejemplo con la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos. Es necesario reconocer que el verdadero sentido y objetivo de la gestión ambiental es hacer un manejo integral de los ecosistemas, haciendo que las actividades antrópicas afecten en la menor manera posible a la naturaleza, y remediar los efectos que no se puedan evitar.

También es necesario un mayor conocimiento de lo que realmente tenemos en Colombia, pues vemos que los esfuerzos dirigidos a conocer la diversidad biológica del país son insuficientes, y no se hacer una verdadera gestión, o por lo menos no una efectiva, a lo que se desconoce. Es lo que pasa por ejemplo en los bosques de montaña, donde la políticas existentes se basan en la experiencia de otros países más adelantados en la materia (como Suiza), desconociendo totalmente que la dinámica de los ecosistemas de bosques de montaña colombianos son completamente diferentes a los de Europa. Este desconocimiento también lleva a que se planifiquen actividades económicas en lugares que no son aptos para ese tipo de cosas, o que su potencial radica en otros tipo

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