LAS LEYES Y SUS PENAS: ¿CAMBIAN PENSAMIENTOS?

“El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino”

Stephen Crane (1871-1900)

Nuestro país tiene una larga tradición legalista que es ampliamente conocida por la ciudadanía, si bien no muchas veces estas leyes llegan a su conocimiento y mucho menos a su verdadera aprehensión. La ley no está al alcance de la ciudadanía y, pese a que se entiende conocida por todos desde el momento en que se publica en el Diario Oficial, esto, en la práctica, es solo una ficción.

Pese a ello, hemos aceptado esta realidad como parte de nuestra idiosincrasia nacional y, en realidad, parece que el Congreso es más bien partidario de hacer aún más técnico, detallado o complejo el contenido de las leyes que aprueban, con el eventual fin de no dejar espacio a los posibles vacíos o malas interpretaciones. Y, pese a todas las dificultades antes mencionadas que transforman a las normas locales en entes de difícil apreciación, Chile y su población sigue teniendo una fe ciega en la capacidad de las leyes para realizar cambios.

Sería insensato negar que las leyes ayudan a combatir una serie de fenómenos perjudiciales para la sociedad, ya que en muchas ocasiones son ellas las que impiden que proliferen en mayor o menor medida. No obstante, ¿existe algún tipo de cuestionamiento sobre su eficacia para cambiar la mentalidad de las personas? No hay que olvidar que una cosa es prohibir una conducta y otra cosa es convencer a un grupo humano que dicha conducta es indeseable o nociva.

¿Cuáles son los objetivos de las penas? Pues evidentemente son las leyes penales las que nuestros legisladores pretenden usar como herramientas de los cambios culturales y conductuales. Son las multas y las amenazas de presidio las armas más directas y que se tienen más a mano para dirigir las conductas y conseguir que lo prohibido se convierta también en algo socialmente indeseado. Esto es lo que se llama la función de prevención general de la pena.

¿Y qué es esto? “[…] la pena se entiende como un medio al servicio de un fin y se justifica, porque su imposición hace que la generalidad de los ciudadanos desista o se abstenga de cometer hechos punibles.” (Collao, Oliver y Girao, 2012) Así, las penas actúan como una medida de intimidación a posibles delincuentes para que se abstengan de cometer la conducta prohibida.

“Se ha dicho que intimidar consiste en causar miedo, es decir, en aprovechar el efecto de coacción sicológica que la pena ejerce sobre la generalidad de los ciudadanos. El objetivo preciso que persigue esta forma de prevención general, es disuadir a eventuales delincuentes de la comisión de delitos, mediante la aplicación de la pena en otros casos comparables, creando así impulsos inhibitorios de la delincuencia”. (Collao, Oliver y Girao, 2012)

Así, las leyes penales y, en particular, las penas buscan un fin: evitar que los posibles delincuentes cometan los delitos. Muchos han criticado esta postura mayoritaria sobre la función de la pena, señalando que se trata de una concepción que sustrae del individuo ―del delincuente, muchas veces― su natural dignidad, transformándolo en un medio para conseguir la paz social. No obstante, ese es un tema que no nos compete.

Ahora bien, con espíritu crítico, ¿es sensato afirmar que el establecimiento de una pena impedirá efectivamente que una conducta se realice? En Brasil hace algún tiempo se aprobó una ley para prohibir la caza de la tortuga, la cual era plato ritual para una tribu amazónica cuando sus jóvenes cumplían 15 años. Con la nueva ley, no obstante, esta conducta tradicional quedó prohibida. ¿Es esta la mejor manera de introducir cambios culturales a las sociedades? ¿Consideramos como país y como comunidad humana que criminalizar comportamientos es la herramienta adecuada para cambiarlas?

Algunos, en su afán por creer en la capacidad de la ley para introducir cambios culturales utilizan analogías, como la del niño que aprende a no tocar los enchufes de una casa a través de continuos castigos ―proporcionados― por cada intento que haga. En efecto,

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