La Cuestión Social Y Las Organizaciones

El año pasado, según el informe Forensis, 51.182 mujeres fueron víctimas de 'violencia de pareja'.

"Mi marido me pegaba lo normal". Esa fue la respuesta que recibió hace un mes uno de los legistas de Medicina Legal de una mujer que llegó con un brazo roto. Le había preguntado por qué no lo había denunciado antes, pues tenía secuelas de malos tratos anteriores.

Víctor Pinzón, uno de esos médicos, cuenta que ha tenido que atender a la misma mujer golpeada por el mismo agresor quince veces.

El año pasado, según el informe Forensis, 51.182 mujeres fueron víctimas de 'violencia de pareja'. Eso quiere decir que cada 10 minutos hay una agresión tan grave que obliga a un examen de lesiones personales en Medicina Legal. Son 140 casos diarios.

La pasividad de las víctimas de esa conducta -que esta semana estuvo en la mira de todo el país por el escándalo del 'Bolillo' Gómez, pero que afecta a miles de mujeres- contribuye en la formación de otro lastre social: la impunidad.

En lo que va del año, las autoridades de Bogotá han recibido más de siete mil denuncias de mujeres maltratadas. Pero en el mismo lapso apenas se han dictado 23 condenas. La mayoría de mujeres no solo espera a que los ataques se repitan una y otra vez antes de denunciar, sino que suelen desistir apenas iniciado el proceso.

Eso fue lo que pasó en uno de los casos más sonados: el de Lizeth Ochoa y su marido, Alberto Dangond, quien la golpeó brutalmente en el parqueadero del Country Club de Barranquilla en un arranque de celos.

Más de la mitad de los casos se queda en la impunidad porque ellas simplemente no buscan que haya justicia. "Cuando se dan cuenta que sus compañeros pueden terminar presos, empiezan a decir que en realidad el hecho no fue tan grave. Sin la querella no podemos hacer nada", dice una fiscal.

De hecho, en una de las pocas condenas, el juez 27 de Bogotá se negó a aceptar la petición de una mujer para absolver a su ex pareja, que la pateó, la hirió con arma blanca e impidió durante treinta minutos que la Policía la auxiliara. La víctima y el agresor, Fernando Lucumí, no volvieron a las audiencias, pero con el testimonio de los policías que atendieron el caso, el juez dictó una condena de seis años de prisión.

Los responsables de atender esas emergencias en el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía (Cavif) cuentan que muchas de las que desisten, vuelven a aparecer después, con nuevos golpes. "Llegan con vergüenza. Más que cárcel para el agresor, lo que quieren es que un tercero evite que las golpizas sigan", dice otra fiscal.

363 en refugios

Magali, una de las víctimas, empezó su calvario al quedar embarazada del primero de los tres hijos que tuvo con su pareja.

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