La Dictadura Militar

La dictadura militar, 1976-1983

Diego Hernán Benítez y César Mónaco

“El Cono Sur es, hoy, el ámbito de las monarquías fundadoras. Nuestro ámbito.”

(Carta Política, n° 31, mayo de 1976)

En la madrugada del 24 de marzo de 1976 el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, Isabel, fue depuesto por un golpe de Estado. Luego de un período democrático de casi tres años (abierto con el gobierno peronista de Cámpora el 25 de mayo de 1973) los militares avanzaron, nuevamente, contra un régimen constitucional, tomaron el poder por la fuerza, e implementaron una feroz y sangrienta dictadura que provocó efectos profundos y permanentes en el país.

Durante sus últimos meses, avasallado por la dinámica misma de una crisis múltiple, el gobierno peronista de Isabel estuvo inmerso en un proceso precipitado de desgaste y deslegitimación, que se manifestaba en un profundo descontento social y en la permanentemente amenaza conspirativa de los militares. A medida que los rumores avanzaban, el apoyo de la sociedad hacia el gobierno disminuía y las chances a una salida institucional se agotaban. El país se encontraba sumergido en una crisis económica de suma gravedad que se expresaba a través de una inflación galopante que desvirtuaba los índices económicos. En consonancia, se profundizaba una significativa crisis social, ocasionada por el alto grado de descontento de amplios sectores de la sociedad que se manifestaban a través de protestas u otros tipos de movilizaciones. A esto se sumaba un factor general más: una crisis aguda del sistema político que afectaba directamente a los partidos. Estos eran vistos como actores incapaces de brindar una solución al caos, lo cual provocaba, proporcionalmente, un importante descrédito en el sistema democrático. Existía, también, un superlativo grado de violencia política, vinculada tanto a las luchas intestinas dentro del mismo peronismo, cuanto a la acción de grupos guerrilleros de izquierda que se enfrentaban a las fuerzas de represión estatal y paraestatal. El proceso de radicalización de grupos políticos, iniciado a finales de los años 60, continuaba expresando su lado más extremo en la acción armada, considerada como el estadio superior de la acción política tradicional. Y aunque estos se encontraban en franca declinación en el último año del gobierno peronista, mantenían cierto protagonismo en la escena pública que resaltaban con interés los militares. Los más notorios fueron: Montoneros, proveniente de un sector del peronismo de izquierda; y el guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fracción armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Por otro lado, el contexto internacional no era precisamente una expresión de buenos augurios. El primer lustro de los años setenta estaba marcado por la clausura de un excepcional período expansivo de la economía mundial –especialmente en el mundo capitalista desarrollado- que, iniciado durante la posguerra de los años cincuenta, evidenciaba su final por medio de una considerable desaceleración de los índices de crecimiento. Finalizada la etapa de auge, el sistema capitalista comenzaría a transitar su reestructuración, y la mejor punta de lanza sería el neoliberalismo. En el plano político, el subcontinente latinoamericano evidenciaba un claro desplazamiento de gobiernos democráticos por

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regímenes de facto. El mapa político de América Latina, hacia1976, se encontraba signado en gran parte de su territorio por dictaduras militares.1

El consenso inicial

En lo inmediato, la intervención de las Fuerzas Armadas sobre la vida institucional del país contó con la aceptación de amplios sectores e instituciones de la sociedad. Tuvo la adhesión de la cúpula de la iglesia, de un sector destacado de los partidos políticos (especialmente los partidos conservadores provinciales), de las asociaciones empresarias, y de los medios de comunicación. Pero, por sobre todo, obtuvo el consentimiento de buena parte de la sociedad.

Este fue el arco importante de consenso inicial con que contó el régimen. Para entender sus causas es necesario tener presente, en principio, dos elementos centrales. Por un lado, cierta “legitimidad” de origen a la intervención de los militares en la vida política del país. Esta es una característica estructural propia del sistema político argentino gestada a partir de las mismas intervenciones militares. Como sostiene Hugo Quiroga, a partir de 1930 se fue conformando un sistema político “pretoriano”2, que incorporó en su interior a las Fuerzas Armadas como un componente esencial y permanente. Se constituyó, de esta forma, una cultura política que aceptaba la politización de las fuerzas castrenses; las cuales se desplegaban en el escenario político como un actor singular que, debido a su fuerza militar, definía el juego institucional. Por lo tanto, la ingerencia de éstas en la vida democrática del país se fue tornando, para la sociedad, como una alternativa siempre posible. Esto denotaba y alimentaba, a la vez, una escasa convicción en los valores de la democracia, y sus tiempos, reflejada en la pérdida de legitimidad del orden constitucional.3

El segundo factor explicativo, intrínsicamente ligado al primero, se encuentra en el contexto inmediato al golpe. Legitimada históricamente su intervención, la opción militar se hacía cada vez más fuerte en una situación que se tornaba cada vez más crítica. Ya desde varios meses antes del golpe eran explícitos y públicos los planteos y reuniones de los jefes militares con el poder ejecutivo nacional. El protagonismo de las fuerzas armadas se incrementaba a medida que aumentaba el desconcierto general que, particularmente, era estimulado y usufructuado por los mismos sectores castrenses por medio de la exaltación de su lucha contra las organizaciones guerrilleras, que por otra parte, se encontraban ya en un evidente proceso de declinación. De esta forma, el caos general (económico, social y político) fue provocando una importante deslegitimación, no sólo del gobierno mismo, sino también del sistema democrático en su conjunto. Se manifestaba evidente un “vacío de poder” a llenar, que permitió gestar, cada vez más, un mayor consentimiento sobre un “orden” militar.

1 Las había en: Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, Haití, Guatemala, y Granada. En buena medida en República Dominicana y Honduras, y con una fachada civil en Colombia.

2 El pretorianismo implica la aceptación de la participación de los militares en la esfera política del país. Así, el sistema político argentino, entre 1930 y 1983, funcionó en la realidad histórica a través de una articulación que combinó en su estructura los gobiernos militares con los gobiernos civiles, en: Quiroga, Hugo, El tiempo del ‘Proceso’. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983, Rosario, Homo Sapiens-Fundación Ross, 2004, pp. 35-39.

3 Quiroga, Hugo, “El tiempo del ‘Proceso’”, en Suriano, Juan, Dictadura y democracia, Buenos Aires, Sudamericana, p. 39, Nueva Historia Argentina, Tomo X.

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El comienzo del Proceso

Una vez en el poder, el nuevo gobierno de facto dio inicio al denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) que tenía como meta central realizar una intensa reestructuración del cuerpo social y del Estado. Se constituyó como una dictadura institucional –de todo el cuerpo de las Fuerzas Armadas- superadora del carácter “ordenador” de la vida institucional del país de las anteriores intervenciones castrenses (salvo la Revolución Argentina de 1966).4 A fines de realizar un reparto equitativo de poder y evitar cualquier personalización del mismo se conformó un cuerpo colegiado integrado por los comandantes en jefe de las tres armas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea): la Junta Militar. Por medio del artículo 1° del Estatuto del PRN se designó a la misma como suprapoder de la nación y órgano supremo del Estado, por encima de la Constitución Nacional. La Junta, a su vez, debía ser la encargada de designar al Presidente de la Nación, ejecutor de las grandes políticas trazadas por el poder supremo, que tendría un mandato de tres años. El Poder judicial fue intervenido, y las cámaras legislativas fueron suprimidas, instituyéndose en su y en su lugar una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL).

De la misma forma fueron intervenidas las demás instituciones de gobierno. La finalidad determinada desde el inicio fue realizar una profunda militarización del Estado, que abarcó no sólo la administración central, sino también, los organismos descentralizados, las provincias, los municipios, y las empresas estatales. Y si bien se buscó desde el inicio una pretendida equidad en la distribución de cargos para los diferentes niveles de poder, la histórica relación de fuerzas que remarcaba el predominio del Ejército hizo que éste finalmente prevaleciera en el reparto. No obstante, las Fuerzas Armadas se erigían como la autoridad unívoca que ostentaba el monopolio de toda decisión política. Se dispuso la disolución de todos los partidos políticos y se estableció el cese inmediato de toda acción política. Se determinó, también, la disolución de cualquier tipo actividad gremial de trabajadores, empresarios y profesionales. En fin, se suprimieron las libertades públicas de los ciudadanos, permaneció activo el estado de sitio, instituido por el gobierno anterior, y se promulgó la pena de muerte para las acciones contra la patria –que nunca llegó a aplicarse-.

La Junta Militar, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el brigadier Orlando Agosti y el almirante Emilio

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