La Reforma Agraria

LA REFORMA AGRARIA PERUANA

Fue el proceso de la transformación de la propiedad del suelo agrícola en el Perú.

La Reforma Agraria fue un proceso político social ejecutado a nivel mundial, siguiendo las pautas del nuevo orden mundial de la época. Muchos países, básicamente los del llamado tercer mundo, se sumaron a la nueva forma de distribución de la riqueza a través del intervencionismo estatal, violando en muchos casos los derechos básicos a la propiedad privada de ciudadanos de todos los niveles socio-económicos, derechos que van desde las haciendas de grupos económicos poderosos hasta las propiedades agrícolas de medianos agricultores, que disponían de menos de 100 has de tierras productivas.

El factor básico que tomó en cuenta el gobierno de Velasco Alvarado para la eliminación de empresas productivas agrícolas en el Perú fue la igualdad teórica y fundamentalista entre campesinos y empresarios frente a la riqueza obtenida de sus labores en el trabajo diario de sus tierras. La reforma agraria que se llevó a cabo tanto en el Perú como en decenas de países tercermundistas, básicamente de Latinoamérica, produjo una rápida desaceleración de la producción agraria de sus naciones, sumada a la constante y creciente falta de tecnología la cual que se alejaba de las realidades latinoamericanas dando paso al desastre agrícola más grande de la historia dentro de las naciones del tercer mundo.

Perú desactivó su sistema productivo en la búsqueda de soluciones a una desigualdad socio-económica de sus habitantes, respaldado por la Rusia comunista de la época y permaneció hasta nuestros días, incompetente e inoperativa. Focos de desarrollo se han dado desde entonces, pero siempre a iniciativa de empresas privadas, significando y demostrando una vez más que las medidas políticas de reforma social dadas en los 70 obtuvo solo perjuicios en los planos económico, social y también en el tecnológicos y en el jurídico-internacional.

LA DEUDA ACTUAL

La deuda de reforma agraria se estima impagable, puesto que los valores reconocidos a los más de 20,000 agricultores, grandes y pequeños, que fueron perjudicados, estaban por debajo de 1/50, un cincuenteavo de su valor real. Es decir 11 Millones de hectáreas fueron bonificadas a un valor 50 veces menor al real. Empresas agrícolas del norte del Perú obtuvieron valores incluso menores, debido a una clara arbitrariedad en el proceso de asignación de valores y bonos agrarios del estado.

Hacer un estimado del valor de la deuda del estado con 20,000 empresarios peruanos es hablar de cientos de Millardos de dólares, si asumimos que una hectárea estimaba un valor actualizado de 2,000 dólares americanos. Eso equivaldría a 22,000 millones de dólares actuales como deuda básica sin intereses. El interés pactado de los bonos, estipulados en 7,5% anual capitalizado, durante los 44 años transcurridos ha multiplicado su valor 24 veces.

Eso le significa una deuda a la nación peruana de aproximadamente 530,000 millones de dólares. Cabe señalar que una hectárea de caña de azúcar actualmente puede llegar a costar en el mercado hasta 15,000 dólares americanos.

La deuda que se quiere asumir y reconocer dista mucho de la verdadera deuda provocada por el gobierno militar de aquella época. Sin embargo aún está en discusión el justo cumplimiento de dicha deuda que equivale al 1% del valor real contraído por el gobierno militar, violando las disposiciones del Tribunal Constitucional actual.

HISTORIA

En 1963, durante el gobierno de la Junta Militar presidida Nicolás Lindley, se promulgó la Ley de bases para la Reforma Agraria que creo el IRAC (Instituto de Reforma Agraria y Colonización) e inició el proceso de la reforma agraria en el valle de La Convención (Cuzco). Al año siguiente, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que no incluyó a las grandes propiedades de la costa norte y tuvo problemas para ser aplicada.

La reforma fue retomada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley N° 17716, con el cual se inició el proceso. En los años siguientes, alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicados

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