Ley 30

Escasamente quedarían 25 universidades; la acreditación seguirá voluntaria para programas, y obligatoria para universidades; los ciclos propedéuticos serán opción para toda IES; el ICETEX será un mega organismo financiero, se modifica el esquema de cálculo de salario de hora cátedra, se permite el acceso de IES con ánimo de lucro y capitales privados para las públicas; se acaba la división de metodologías de distancia y presencial; se crean controles para los consejos superiores; se diferencian las maestrías de profesionalización y de investigación; se acaba la barrera entre la formación técnica y tecnológica laboral de la profesional; se recompone el CESU; desaparece Fodesep; suben aportes de la nación a IES públicas; se reglamenta en detalle la inspección, vigilancia y sanción administrativa de las IES, que incluye toma de posesión de algunas por parte del Estado, y uno que otro artículo de buena voluntad, pero sin dientes, son algunas de las principales reformas propuestas por el MEN a la Ley 30 de 1992.

El Ministerio se lanzó al agua y, por fin, presentó su propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992. Hizo la presentación en un acto que contó con la presencia de más de 500 académicos, y en el que la ministra hizo un resumen general de los principales puntos de la Ley.

Los académicos han guardado prudencia sobre el texto, pues sólo al finalizar la reunión lo conocieron –en CD- y apenas están tratando de asimilarlo. Se ha valorado el trabajo del Ministerio, aunque se mantiene la sorpresa por la manera como se trabajó desconociendo los aportes de los académicos colombianos, profesores y estudiantes. Rectores, Ascun y asociaciones varias, han analizado el tema, pero no fueron tenidos en cuenta para la propuesta. Basta con darle una mirada a la bibliografía usada por el MEN para encontrar que no hay una sola referencia de trabajos colombianos.

La discusión inicial se ha orientado hacia la posible incursión de dineros privados en la universidad pública y la llegada de IES con ánimo de lucro, lo cual de por sí genera una reflexión sobre el nuevo modelo comercial de gestión universitaria que se impondrá en el país: una educación que no se sabe aún si será rentable para la sociedad pero sí para los nuevos dueños de las IES, muchos de ellos extranjeros y otros que, por fin, podrán hacer transparente su gestión.

Este tema fue el que el MEN lanzó primero con la voz del presidente Santos, para apaciguar los ánimos de los rectores de las públicas, y que seguramente ocasionará protestas de estudiantes y docentes de estas IES por considerar que corren el riesgo de ser privatizados (por fin, después de décadas de un discurso trasnochado, hallan argumentos, con algo de fundamento, para soportar su protesta).

Pero detrás del polémico anuncio de los capitales privados en lo público, la propuesta presenta una gran cantidad de reformas que impactarán fuertemente el sistema, algunas de las cuales la ministra apenas enumeró rápidamente en su presentación ante rectores y que sólo hasta ahora estos se están dando cuenta de los impactos, como por ejemplo, los cinco años que tendrán las actuales universidades para ratificarse como tales o “bajarse” a ser simplemente instituciones de educación superior.

Insistieron mucho la ministra Campo y el viceministro Botero en que ésta es sólo una reforma, que esperan que sea discutida “pacíficamente” y que sólo será presentada ante el Congreso de la República cuando haya un consenso nacional. Aún no se sabe, dentro de la agenda de prioridades del gobierno, y su propia paciencia, cuánto tiempo estarán dispuestos a llevar en la discusión.

Por ahora, la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 que dejó radicada en agosto pasada la anterior ministra, Cecilia María Vélez, y que sólo toca lo relacionado con fuentes de financiación para la universidad pública, no se ha retirado de la Cámara de Representantes, pese al anuncio de ello de parte de este ministerio en noviembre pasado, cuando cumplió sus primeros 100 días, seguramente ahora llevados por la prudencia de jugar dos cartas en el Congreso de la República, por si una de las dos naufraga.

La pregunta que, por ahora no aventura respuesta, es ¿qué tanto estará dispuesto a ceder este Gobierno en los análisis de la propuesta de reforma, y hasta dónde llegará la presión de quienes se sientan afectados con la misma?, ¿hasta dónde el Ministerio escuchará y será conciliador cuando, en el camino recorrido en la construcción de la propuesta, no se caracterizó por ello?, ¿la ministra tendrá un as bajo la manga en caso que la propuesta no tenga completa fortuna?, ¿impondrá el Gobierno su maquinaria en el Congreso para sacar adelante la reforma, si ésta no llega con pleno apoyo?, ¿tendrán más fuerza los congresistas que detentan intereses y amistades en la universidad colombiana?, ¿pasarán agachados los rectores y directivos universitarios frente a un ejercicio que les es, o era, propio de su génesis académica de analizar, debatir y sugerir propuestas?

A continuación, El Observatorio de La Universidad Colombiana presenta un primer análisis de lo que significa la propuesta de reforma a la luz de la situación actual de nuestro sistema de educación superior.

1) El número de Universidades sería de escasamente 25

La propuesta modifica estructuralmente la tipología del sistema y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias pasarían a ser simplemente instituciones de educación superior, y las universidades seguirían siendo universidades.

Eso sí, se crea un nuevo mecanismo de “registro calificado” para que las universidades se mantengan en esta categoría, con mayores exigencias tales como

a) Contar con cuerpos profesorales en ciencias básicas.

b) Contar con acreditación institucional.

c) Contar con programas académicos en por lo menos tres áreas del conocimiento.

d) Desarrollar investigación de alto nivel demostrable a través de grupos de investigación reconocidos en las dos categorías superiores definidas por Colciencias y por lo menos en tres áreas del conocimiento.

e) Tener por lo menos un programa de doctorado debidamente autorizado.

Es decir, aunque se mantiene el espíritu de la acreditación, cuyas resoluciones ya no serán de directo manejo del Ministro de Educación sino del CNA, en el texto se ve una aparente contradicción, pues por un lado se mantiene su carácter voluntario, pero por otro se vuelve obligatorio para las universidades que, como tal, quieran continuar apareciendo.

Actualmente, de más de 80 Universidades sólo 21 detentan la condición de acreditadas

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