NORMAS CONCORDADAS CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

PRÓLOGO

El Perú ha tenido doce constituciones, desde su nacimiento como República.

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un país. Está por encima de todas las normas y su cumplimiento es obligatorio para los poderes públicos y privados.

Organiza los poderes del estado, las instituciones públicas, articula sus funciones, regula derechos y libertades de las personas; de ahí su absoluta e indiscutible importancia.

NORMAS CONCORDADAS CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

 LEYES

 Ley Nª 26300 (03.05.1994) Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

 Ley Nº 26486 (21.06.1995) Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

Ley Nº 27783 (20.07.2002) Ley de Bases de la Descentralización.

 Ley Nº 27795 (25.07.2002) Ley de Demarcación y Organización Territorial.

Ley Nº 27867 (18.11.2002) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

 Ley Nº 27972 (27.05.2003) Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley Nº 28044 (29.07.2003) Ley General de Educación.

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

Derechos Fundamentales de la Persona

Defensa de la persona humana

 Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Derechos fundamentales de la persona

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar

Derechos Constitucionales. Númerus Apertus

 Artículo 3º.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

De los Derechos Sociales y Económicos

Protección a la familia. Promoción del matrimonio

 Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

Concubinato

 Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables.

 Igualdad de los hijos

 Artículo 6.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Derecho a la salud. Protección al discapacitado

Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.

Represión al Tráfico Ilícito de Drogas

Artículo 8.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

Política Nacional de Salud Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud.

Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria

 Artículo 17.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.

El Estado y el Trabajo

 Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.

De los Derechos Políticos y de los Deberes

Requisitos para la ciudadanía

Artículo 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.

Participación ciudadana en asuntos públicos

 Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.

Asilo político

 Artículo 36.- El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.

 De la Función Pública

Funcionarios y trabajadores públicos

 Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

Carrera Administrativa

Artículo 40.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.

Declaración Jurada de bienes y rentas

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

DEL ESTADO Y LA NACIÓN

Del Estado, la Nación y el Territorio

1. UN TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DESORDENADO.

a pesar de temores y voces alarmistas, la Constitución prevalece y sus disposiciones se acatan como garantía que asegura al país que toda situación política y social por compleja y de crisis que sea, tiene solución dentro del cauce constitucional y no como en el pasado en que las inestabilidades, varias de ellas creadas exprofeso, se resolvían con golpe de Estado e imposiciones autoritarias, que dejaban de lado la Constitución.

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