Negociaciones Entre El Narcotrafico Y El Gobierno Colombiano

NEGOCIACION ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y EL NARCOTRAFICO

La política seguida por el gobierno de Virgilio Barco para enfrentar el problema de la droga estuvo sujeta a amplia controversia, y las cuestiones que se plantearon acerca de ella ni tenían ni tienen aún respuesta fácil o que logre un mínimo consenso. Cuando estaba en ejecución, fue objetada ante todo con el argumento de que lanzaba al país a una guerra cuyos costos eran excesivos, en una situación en la que existían pocas probabilidades de lograr los objetivos buscados. Para algunos sectores del país, el responsable de la violencia y el terrorismo resultaba más bien el gobierno y no las mismas organizaciones de narcotraficantes, cuya conducta, sin la provocación estatal, habría sido mucho más pacífica. La política de "sometimiento a la justicia" del presidente Cesar Gaviria parece, después de algunos fracasos y frustraciones, haber dado resultado, muchos piensan que fue error central del gobierno del presidente Virgilio Barco no haber buscado una estrategia similar, que habría podido llevar a la situación actual sin los costos terribles y sangrientos de 1989.

El problema de la droga no fue una prioridad central al comienzo del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que dio mayor importancia al avance del diálogo con aquellos a quien se atribuía entonces la mayor responsabilidad en la violencia del país: los guerrilleros. Fue el tema de la extradición el que convirtió gradualmente el asunto de la droga en un problema prioritario para el gobierno.

En efecto, el 4 de marzo de 1982 había entrado en vigor el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos negociado y aprobado bajo la administración de Julio César Turbay.(1978-1982). Inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos formuló varias solicitudes de extradición de colombianos, algunas de las cuales hicieron los trámites iniciales en el sistema judicial. El gobierno de Betancur, sin embargo, se mostró reacio a darles curso, probablemente en virtud de consideraciones nacionalistas que hacían parte del ideario político del presidente y de la creencia en que la extradición provocaría amplio rechazo en la opinión pública, que todavía no tenía una visión muy negativa de los traficantes y miraba con simpatía su aporte a la actividad económica interna.

En vez de apelar a la extradición como instrumento de lucha contra el narcotráfico, Betancur trató de reforzar las acciones de represión interna al procesamiento y tráfico de droga, con relativo éxito. Bajo el impulso del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, que asumió su cargo en octubre de 1983, estas actividades represivas se incrementaron. La presión que enfrentaban los principales narcotraficantes creció con la captura, para efectos de extradición, de algunos miembros menores de las mafias locales y con el auto de detención que le fue dictado a finales de 1983 a Pablo Escobar, entonces representante suplente a la Cámara, y que fue seguido poco después por el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

La extradición, hasta entonces, había preocupado sólo marginalmente a los grandes jefes de la droga, con excepción de Carlos Lehder, quien desde 1982, como jefe de un movimiento político regional, había hecho uso de un lenguaje nacionalista para combatirla, y cuyos temores personales fueron confirmados cuando los Estados Unidos pidieron su extradición, en septiembre de 1983. Mayor problema representó para los narcotraficantes la inmovilización de aeronaves y el hallazgo y destrucción de varios laboratorios, como el de Tranquilandia, en marzo de 1984, que constituyó un golpe muy costoso para las principales organizaciones colombianas, unidas para financiarlo y construirlo.

A esta presión local respondieron los narcotraficantes con una acción que declaraba de hecho la guerra contra el gobierno, y que mostraba la prepotencia de algunos de sus jefes: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Con el vengaban el drástico enfrentamiento del Ministro a los narcotraficantes, consolidado a raíz de los debates que se le hicieron en el Congreso por haber recibido para su campaña dineros de alguien conocido por sus vínculos con el tráfico de drogas. Pero al buscar una confrontación tan aguda sobrevaloraban su propio poder y, como en ocasiones posteriores, en vez de obtener un ablandamiento del Estado obtuvieron el resultado contrario. En abril de 1984 el gobierno, además de declarar el estado de sitio, ordenó el embargo de los bienes de los traficantes y sometió los procesos por narcotráfico a la justicia penal militar. Y sobre todo, a pesar de su resistencia a la extradición, anunció que la aplicaría, lo que hizo en forma intermitente durante los dos años siguientes. Desde entonces los narcotraficantes apelaron, para combatir la extradición y bloquear la acción penal y policial dentro del país, a esfuerzos judiciales -el tratado de extradición estaba demandado ante la Corte-, a la violencia e intimidación -varios jueces y miembros de la policía fueron asesinados o puestos a su servicio mediante la intimidación o el soborno- y a la búsqueda de una posible negociación que les permitiera legalizar sus fortunas y obtener una amnistía por hechos pasados que se convertían ahora en fuente inminente de riesgos y amenazas.

Justamente la violencia de la reacción estatal que siguió a la muerte de Lara, con los elevados costos para los traficantes de droga (los miles de allanamientos desorganizaron temporalmente a los grupos, acostumbrados a actuar con relativa tranquilidad, mientras los principales jefes tuvieron que huir apresuradamente al exterior) los llevo a buscar un acuerdo con el gobierno colombiano, e hicieron las propuestas de Panamá de mayo de 1984. Ofrecieron entonces a través de Alfonso López Michelsen que estaban dispuestos a retirarse de la política -Lehder y Escobar habían tenido una activa participación reciente en ella- y a suspender el tráfico de drogas si el gobierno suspendía los ataques de guerra contra ellos, y no aplicaba la extradición por los hechos cometidos hasta la fecha. Aunque López consideró el ofrecimiento como una virtual rendición, no lo era tanto: los narcotraficantes conservaban las fortunas hechas con el delito y lograban una virtual impunidad. Poco después entregaron al Procurador Carlos Jiménez Gómez, en la misma ciudad, un "memorando unilateral" en el que reiteraban sus propuestas. El gobierno mostró momentáneamente interés y autorizó al procurador Carlos Jiménez Gómez a un nuevo viaje a Panamá para precisar los alcances de sus propuestas, pero suspendió toda acción en este sentido cuando se filtró la información acerca de estas conversaciones.

La crisis del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, destruyó las esperanzas de una pronta

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