Política Agraria Y Estructura Territorial

Política agraria y estructura territorial*

Hubert C. de Grammont

Las políticas salinistas estaban principalmente enfocadas al cumplimento de las condiciones establecidas por el tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México; por lo cual a conveniencia de sus promotores el campo tiene que dividirse en dos y a cada parte se le aplicaran políticas diferentes, por un lado un campo empresarial, avanzado, competitivo ; y por el otro lado un campo campesino, atrasado y apoyado como lo es en la actualidad por programas de subsistencia; aunado a esta división se puede agregar una tercera parte, la de las tierras improductivas, inútiles y abandonadas.

Para lograr todo lo anterior el estado tuvo que abandonar su papel de regulador, renuncio a los principios básicos del agrarismo, el derecho de expropiar sin indemnización propiedades privadas o ejidales que tuvieran más de dos años sin ser cultivadas, además de esto se dejó de lado el reparto agrario que permitiera contrarrestar la pobreza; por lo cual permite la concentración de la tierra.

Con esta política neoliberal busca crear un nuevo actor productivo que sea capaz de sustituir la acción gubernamental para invertir en el campo. El agricultor, que fue el agente primordial para poder alcanzar el cambio en décadas pasadas, el hombre emprendedor del campo, el productor familiar, no es la pieza clave en los cálculos del neoliberalismo. Además con la cartera vencida que afecta esencialmente a los medianos y grandes productores crece a pesar de programas de reestructuración y se puede ver como un mal necesario para poder alcanzar la modernización en el campo, también se espera que los campesinos tiendan a desaparecer por no poder superar su endeudamiento y en el lugar de ellos se espera que surjan grandes empresas que estén íntimamente relacionadas con la inversión agroindustrial.

El neoliberalismo agroexportador intenta sustituir al agricultor, que fue el agente de cambio con la revolución verde, por la sociedad mercantil, que debe serlo en tiempos de apertura comercial.

La nueva Ley limita el concepto de patrimonio familiar ejidal al espacio ocupado por el asentamiento humano pensado antiguamente como un mecanismo para proteger al productor familiar del despojo de sus bienes personales y productivos, y abre las posibilidades de privatizar las tierras parceladas o de uso común.

De igual forma la nueva ley no aporta nada nuevo en cuanto a las posibilidades de asociación entre pequeños productores, sean privados, ejidatarios o comuneros. Simplemente reitera, en su título cuarto, la existencia de tres formas asociativas: unión de ejidos, asociación rural de interés colectivo (ARIC) y sociedad de producción rural. En contraste, dedica un título completo, el sexto, a la creación de las sociedades mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, pensadas para atraer el capital financiero, en particular el extranjero.

La principal organización nacional del sector empresarial agroindustrial, el Consejo Nacional Agropecuario, apoyó incondicionalmente la proposición gubernamental. Sin embargo, es importante destacar que en los siguientes meses a la aprobación de la nueva Ley Agraria, numerosas organizaciones regionales o sectoriales de agricultores hicieron fuertes críticas a algunas de sus propuestas, en especial en torno a la creación de sociedades mercantiles.

La propuesta del Consejo Agrario Permanente

Pese a las tensiones dentro del Consejo Agrario Permanente (CAP) termino aceptando los cambios que se le realizaron al Artículo 27 Constitucional por parte del gobierno, y por ende reconoció la necesidad de terminar con el reparto agrario aunque poco tiempo después la propuesta gubernamental de nueva ley agraria le obligo a dar una respuesta que fue capaz de defender la economía campesina; la inconformidad de las organizaciones campesinas estuvo enfocada en los capítulos de la Ley referidos a la tenencia de la tierra, al fomento a la producción agropecuaria a la estructura organizativa del ejido y de las asociaciones mercantiles.

Las propuestas hechas por la CAP a la nueva ley mantienen como punto principal, la autosuficiencia alimentaria (seguridad alimentaria), la protección del mercado, un estado benefactor eficiente, respeto a la autonomía de las organizaciones, planificación de la producción agropecuaria ente organizaciones campesinas y el gobierno y que se vea al pequeño productor como protagonista del desarrollo agropecuario-forestal.

A pesar de los esfuerzos hechos por la CAP para la propuesta de una ley alternativa que tomara al pequeño productor familiar como el actor fundamental del desarrollo del campo, sus propuestas mas importantes no fueron tomadas en cuenta por el Congreso de la Unión.

Una política agraria vinculada a la reestructuración productiva

Se consolida la política de apertura comercial y la privatización

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