Privadas de la libertad

Esta clase de conductas, generadas por la grave corrupción que existe en el sistema penitenciario de nuestro país, afecta principalmente a los internos cuyas condiciones económicas son más precarias y que representan a la mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad, los cuales corren el riesgo de ser agredidos físicamente si no acceden a pagar el dinero que se les exige o si no realizan las actividades, en ocasiones ilícitas, que se les imponen.

Por el contrario, los internos que cuentan con recursos económicos dentro de un establecimiento penitenciario pueden gozar de mejores servicios y mayor espacio que los demás, lo que los coloca en una situación de privilegio que constituye un trato inequitativo, y les permite tener acceso a toda clase de facilidades para organizar o seguir dirigiendo desde el interior, grupos de delincuencia organizada que se dedican a la comisión de delitos graves como secuestro, robo calificado y narcotráfico, ya que incluso poseen aparatos de telefonía celular con los que mantienen contacto permanente con personas del exterior. Es por ello que la seguridad y el control de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en dichos establecimientos, por parte de las autoridades correspondientes, es un asunto de seguridad pública, cuya responsabilidad recae, en el presente caso, en los servidores públicos responsables de su administración.

Asimismo, existen grupos de internos que, mediante el empleo de la violencia se erigen en autoridad con capacidad de decisión someten a su régimen a la mayoría de la población y controlan el establecimiento. Dicho fenómeno, conocido como “autogobierno”, es generado por diversas causas, entre las que se encuentran, el escaso personal de seguridad que labora en los centros, la falta de supervisión de las diferentes direcciones de prevención y readaptación social, y principalmente las enormes ganancias económicas que producen los cobros y las actividades ilícitas dentro de los penales. Al permitir y tolerar que en el sistema penitenciario exista el “autogobierno” e impere la “ley del más fuerte”, las autoridades encargadas de su administración omiten cumplir con su obligación de garantizar la seguridad personal a que tienen derecho todos los internos, visitantes y personal que labora en la institución.

Además, en muchas ocasiones las redes de corrupción que subsisten en los establecimientos penitenciarios, en las que están involucrados internos y autoridades, realizan en el interior actividades relacionadas con el tráfico de drogas, lo cual tiene graves consecuencias en la salud de los internos y además genera toda clase de conflictos derivados de la dependencia a las sustancias psicoactivas; por lo tanto, la necesidad de obtenerlas sin importar los medios utilizados para tal efecto o que se adquieran deudas que para ser pagadas, a falta de recursos económicos, da origen a hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad del penal y de todas las personas que, por cualquier motivo, se encuentran en el mismo.

Tampoco debemos olvidar que la existencia de esta clase de irregularidades, generadas por actos de corrupción de las autoridades, también son constitutivas de delitos previstos y sancionados por las leyes penales locales y federal, así como de probables responsabilidades administrativas. Por tal motivo, es necesario que los gobiernos, federal y estatales, realicen las acciones necesarias para investigar y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas y penales que procedan, así como para erradicar las irregularidades generadas por actos de corrupción de las autoridades que laboran en los centros de reclusión.

En ese tenor, es necesario señalar ahora que la seguridad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en

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