DERECHOS DE LAS PERSONAS PROCESADAS Y PRIVADAS DE LIBERTAD

DERECHOS DE LAS PERSONAS PROCESADAS Y PRIVADAS DE LIBERTAD

La presente investigación desarrolla “Los Derechos de las Personas Procesadas y Privadas de Libertad”, reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y el Código Orgánico Integral Penal; para ello efectuamos un análisis jurídico, fundamentada en la aplicación real de estos derechos a las personas recluidas en el Centro de Rehabilitación Social del cantón Quevedo, personas que a pesar de estar privadas de libertad son titulares de los derechos humanos como a la vida, trato digno, condiciones adecuadas y el proceso de tratamiento para la reinserción social.

El presente trabajo aplica la investigación bibliográfica, la entrevista al Director Carlos Toro y un recluido del Centro de Privación de Libertad cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, ubicado en el Km 1 ½ vía Quevedo Santo Domingo, que pertenece a la zona 5 entre las provincias de Bolívar y Los Ríos.

INICIO DE ACCIÓN PENAL

La acción penal es de carácter público, entendida como el poder jurídico concedido por el Estado a la persona para estimular al órgano jurisdiccional. El ejercicio de la acción penal, se divide en pública y privada, correspondiéndole la pública a la Fiscalía General del Estado, porque representa a la sociedad de conformidad al Art. 195 de la Constitución; para ello no es necesario que exista denuncia previa y el ejercicio de la acción privada, le compete únicamente a la víctima, mediante querella.

El dueño de la acción pública de conformidad al Art. 411 del COIP, es la Fiscalía General del Estado, institución pública que por disposición de la Constitución de la República y de la ley tiene la facultad de iniciar una investigación, tan pronto tenga conocimiento de la noticia del delito en estricta aplicación del principio de legalidad, es decir, si se cometió un delito del ejercicio de la acción pública debe iniciar una investigación previa como establece el Art.580 del Código Orgánico Integral Penal, que constituye actos investigativos de la fiscalía para reunir los elementos de convicción, es decir, hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal, pero siempre con una visión objetiva de encontrar los elementos de cargo y de descargo, con el fin de lograr una verdadera justicia penal por lo que la persona es solo, investigada.

Además, esta entidad a través de sus fiscales en base a lo que la ley dispone aplicará el principio de oportunidad establecido en el Art. 412 del Código Orgánico Integral Penal, que regula desde el punto de vista técnico jurídico los mecanismos de soluciones rápidas tales como la conciliación, estipulada en el Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal y fundamentalmente este principio consiste en que la fiscalía, tiene la facultad en base a este principio abstenerse de iniciar una investigación o desistir de la ya iniciada, a pesar de la existencia de la infracción, siempre y cuando que la infracción no sea sancionada con pena privativa de libertad mayor a cinco años, ni que esté comprendido en los que comprometan gravemente el interés público, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva del ofendido y procesado.

Finalmente el principio de mínima intervención establecido en el Art. 3 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la ley penal tiene que ser aplicada, como la última posibilidad que le permita al Estado recuperar la armonía y la paz social, como lo consagra la Constitucional de la República, a fin de lograr el buen vivir, fundamentado en el respeto a la dignidad humana y a las colectividades, es decir lo que prima no es el Estado controlador de actos humanos, sino un Estado que lo que propende es el desarrollo, progresivo y convivencia ciudadana, en armonía, igualdad, equidad y justicia.

ETAPAS

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