Reforma Laboral

Ensayo - La iniciativa de Reforma Laboral presentada por el Partido Acción Nacional

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El Doctor Edgar Belmont realiza un ensayo sobre la reforma laboral lozasnista. Pueden consultarla también en el área de descargas - archivos del sitio de RadioSME. Click aquí

Dr. Edgar Belmont 1

En este ensayo analizaremos el contexto discursivo en el que el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional plantean reformar el marco jurídico de regulación laboral.

Argumentaremos por qué la iniciativa oficial se apoya de prejuicios y refleja el interés del sector empresarial por relajar las obligaciones y responsabilidades del patrón en la contratación y despido. En este sentido analizaremos la justificación de la iniciativa y algunas de las proposiciones expresadas, en diversas entrevistas, por el Secretario del

Trabajo, Lic. Javier Lizano, el cual presenta a la empresa como una víctima de los “abusos” de “malos trabajadores”; de “sindicalistas” y del propio derecho laboral al enmarcar “juicios largos” o sentencias que son calificadas como costosas.

Los cambios de fondo.

El 2 de septiembre del 2009 el Poder Ejecutivo Federal anunció en “cadena nacional” un conjunto de reformas estructurales cuyo propósito, se dijo, es cambiar a fondo al país. Entre las medidas anunciadas apareció la promesa de abatir la pobreza y de incrementar el nivel de vida de los mexicanos (acceso a la salud, a la educación, etc.) y una serie de reformas

estructurales que redefinen, en buena medida, el rol del Estado en el marco de la economía globalizada.

En este discurso se apeló a los actores políticos a construir los acuerdos y los consensos que hagan posible la modernización del país, particularmente en un contexto económico “difícil” y ante la escases de recursos provocada, entre otras razones, por la caída de la renta petrolera; situación que redujo en cierto sentido el margen de maniobra de la clase política para mantener no sólo sus privilegios, sino la simulación del “México moderno” que evocan en sus alocuciones. Es en este contexto que se habla, nuevamente, de modernizar al país y a los sectores estratégicos y atractivos por su relevancia en la “nueva economía”; como son el energético y de las telecomunicaciones.

Esta reducción en el margen de maniobra de la clase política en el marco de la negociación del paquete fiscal y de la asignación de recursos permite explicar, por una parte, el “silencio” generalizado de los principales actores políticos alrededor del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues más allá de la discusión o el debate sobre la

reestructuración de la empresa y la “promesa” de elevar la calidad del servicio, la complicidad entre la clase política que se construyó en el marco de las negociaciones del incremento de los impuestos. Complicidad que más adelante fue llamada, en el argot político, como un “acuerdo” a favor de la gobernabilidad. En este contexto, el llamado a “cambiar” de fondo al país se traduce en la idea de modificar las reglas del juego y de “romper” con los referentes que “obstaculizan” la construcción de

acuerdos; es decir, grosso modo, con el marco referencial del “nacionalismo

revolucionario” con la idea de forzar los cambios estructurales del país. Ello lleva a la proposición que ha expresado el propio Poder Ejecutivo de que el Cierre de Luz y Fuerza del Centro es parte de los ajustes en el país para atraer inversiones: “Hemos hecho cambios estructurales muy complejos, como es la liquidación de una de las dos empresas eléctricas

que teníamos, con altos estándares de ineficiencia y un costo inviable para las finanzas públicas, que crecía año con año, y que además estrangulaba la competitividad del sector productivo en el Centro del país.”2

En este esquema discursivo la idea de competitividad y de modernización aparecen recurrentemente en el discurso oficial y empresarial; sin embargo, la definición de ambas es bastante polémica debido a que es necesario llevar a cabo una deliberación mucho más amplia sobre los contenidos de ambas. Por ahora, queda claro que la idea de modernización se enmarca también en la imagen de evolución y de cambio; más que de continuidad, de ruptura. Lo que es, sin embargo, un grave riesgo porque significa también el fracaso de la política al neutralizar o descalificar la oposición y la crítica. Al respecto, mucho se ha mencionado sobre la problemática que enfrentan los trabajadores electricistas, qué si se lo

merecían o no, qué el orden constitucional y el equilibrio de poderes han sido violentados, que reaccionaron tardíamente en cuanto a la estructuración de la empresa, etc.; lo cierto es que en el país, desde hace tiempo, existe una disputa para definir los criterios que

orientan la política energética y en ésta confrontación, política e ideológica, el sindicato de electricistas representa, se quiera o no, una posición crítica al proceso de desregulación del sector y a la conversión del servicio público al modelo de mercado.

Es en este contexto que la iniciativa de Reforma Laboral se inserta en las reformas que el Poder Ejecutivo define como “cambios de fondo”. Nuestra tesis, en cambio, es que la propuesta de reforma laboral no plantea acabar con los rezagos que existe en el mundo laboral en cuanto al acceso de los trabajadores (en su amplio espectro) a la “justicia laboral”. Se habla entonces de los abusos de los trabajadores y de los “abogados” o

“sindicalistas”, pero muy poco de los abusos del patrón y de “injusticias” que se resiente no sólo en las condiciones de contratación y sino en situación de trabajo cuando, por ejemplo, los contenidos de la actividad más que negociarse se imponen; ejerciendo el principio de autoridad y de subordinación, pero también una cierta “violencia salarial” que

recae en la premisa de que el trabajador no tiene opción y qué se le paga por hacer lo que se le dice. La “reforma” al mundo del trabajo va más allá, entonces, de los ajustes al modelo de regulación jurídica.

La iniciativa presentada por el PAN, es claro, responde a las expectativas de empresarios bajo el supuesto de que otorgando “certeza jurídica” a las empresa, evitando “abusos” contenidos en la ley, podrá crearse más fuentes de empleo. En este sentido, la iniciativa relaja las obligaciones patronales en la contratación y en el despido, reduciendo al mismo

tiempo no sólo el margen de maniobra de los sindicatos, sino también de la “autoridad” al proponer cambios en el procesamiento y aplicación de sentencias.

A partir de lo anterior, nuestro propósito es analizar, primero, algunas de las estrategias discursivas de la iniciativa de reforma laboral y, segundo, comentar los ajustes que se proponen en la legislación y que tienen repercusiones en el espacio socioproductivo, como es, por ejemplo, el pago por hora.

I

Las estrategias discursivas empleadas en la iniciativa de reforma laboral.

a) La ley: un obstáculo para la modernización del país.

“Consideramos importante recordar que las reformas

más recientes que ha tenido la Ley Federal del Trabajo

datan del año 1980. Es decir, han transcurrido 30 años

sin que la legislación laboral haya sido objeto de una

revisión integral y profunda. Esta parálisis ha propiciado

que muchos de sus preceptos se vean rebasados por la

realidad del mundo del trabajo.” (Exposición de motivos

de la Iniciativa de Reforma)3

“Lo que se está haciendo es modernizar un marco

jurídico, […] en un país totalmente distinto, en lo

económico, político y social"4

En la justificación de la iniciativa y en diversas entrevistas otorgadas por el Secretario del

Trabajo aparecen proposiciones que muestran a la actual legislación laboral como un marco

obsoleto y arcaico; es decir, como un obstáculo para la competitividad del país y para la

generación de empleos. Dichas proposiciones reflejan el contenido ideológico de la

propuesta al descalificar a quienes se oponen o se resisten a los cambios del mundo laboral;

identificando como posible causa la defensa de prebendas o de privilegios o bien una

supuesta incomprensión de la realidad, al calificar dichas posturas como irreflexivas.

La descalificación de los actores que ejercen su derecho a disentir se traduce, por lo tanto,

en una estrategia que fuerza los cambios en la legislación y que restringe los espacios de

deliberación.

Dicha estrategia se apoya de la crítica social que se ejerce a las burocracias sindicales y de

la distancia o la brecha que existe entre quienes “dicen” representar a los trabajadores y los

representados, distancia que se expresa también por esta aparente incomprensión de las

tensiones y conflictos que se configuran en el espacio de trabajo. Este sentir se refleja

también en el hecho de que la participación de los trabajadores en la definición de los

contenidos de la reforma laboral parece quedar reducida al debate parlamentario. Lo que es

materia para otra discusión.

Ahora bien, en este contexto discursivo, el Secretario de trabajo ha señalado que la

iniciativa de reforma se ha consensuado con el sector empresarial y con liderazgos

modernos del sindicalismo mexicano, quienes están dispuestos

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