Reporte del OMPI

Reporte del OMPI

Ejemplo de caso sometido a un procedimiento de mediación de la OMPI seguido por un procedimiento de arbitraje acelerado:

Una sociedad editorial celebró un contrato con una empresa de programas informáticos, a fin de crear un nuevo sitio Web. El proyecto debía finalizarse en un año y en él se incluía una cláusula que estipulaba que las controversias se someterían a un procedimiento de mediación OMPI y, si no se llegaba a una solución en el plazo de 60 días, a arbitraje acelerado OMPI. 18 meses después de celebrado el contrato, la editorial, al no estar satisfecha con los servicios prestados por la empresa informática, se negó a pagar, amenazó con rescindir el contrato y solicitó daños y perjuicios. La editorial presentó una solicitud de mediación. Si bien las partes no lograron alcanzar un acuerdo, la mediación les permitió centrarse en las cuestiones que deseaban abordar en el procedimiento de arbitraje acelerado que se celebró a continuación.

Para el análisis de la problemática planteada por el ejemplo de un caso práctico, recurrimos a la información oficial del OMPI:

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PARA EL SIGLO XXI: CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

La propiedad intelectual es un componente capital en la economía contemporánea y resulta primordial utilizarla de manera eficaz. Aunque las controversias en materia de propiedad intelectual pueden resolverse ante los tribunales, las partes las someten cada vez con mayor frecuencia a la mediación, al arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias (en inglés, alternative dispute resolution “ADR”). Los métodos de ADR resultan apropiados para la mayoría de las controversias en materia de propiedad intelectual, especialmente entre partes de distintas jurisdicciones. Estas soluciones aumentan el control de las partes sobre el proceso de solución de controversias. Los métodos de ADR, administrados adecuadamente, pueden ahorrar tiempo y dinero. Asimismo, su carácter consensual suele traducirse en un proceso menos antagónico, permitiendo a las partes entablar, proseguir o mejorar relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.

Desde 1994, el Centro asesora a las partes y a sus abogados sobre los métodos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual y les da acceso a procedimientos de ADR de alta calidad, eficaces y rentables. Los casos sometidos al Centro conciernen tanto a controversias contractuales (por ejemplo, licencias sobre patentes y sobre programas informáticos, acuerdos de cotitularidad de marcas, acuerdos de distribución de productos farmacéuticos, y acuerdos de investigación y desarrollo) y controversias no contractuales (por ejemplo, infracción de patentes).

LOS MÉTODOS DE ADR OFRECEN VARIAS VENTAJAS

> Un procedimiento único. Por medio de estos métodos, las partes pueden convenir en resolver mediante un procedimiento único una controversia relativa a derechos de propiedad intelectual protegidos en distintos países, evitando los gastos y la complejidad de los litigios multijurisdiccionales y el riesgo de obtener resultados divergentes.

> Autonomía de las partes. Debido a su carácter privado, estos métodos permiten a las partes ejercer un mayor control sobre el modo en que se soluciona su controversia que si recurrieran a los tribunales. A diferencia de un litigio ante los tribunales, las partes pueden seleccionar a los expertos que consideren Asimismo, pueden escoger el derecho aplicable, el lugar y el idioma en que se llevarán a cabo los procedimientos de ADR. La mayor autonomía de las partes puede traducirse asimismo en un proceso más rápido y en un ahorro de costas, ya que las partes pueden diseñar procesos más eficaces para solucionar sus controversias.

> Neutralidad. Los métodos de ADR ofrecen una alternativa a los tribunales a cualquiera de las partes, evitando así que sólo una de ellas esté familiarizada con el idioma, derecho aplicable y los procedimientos locales.

> Confidencialidad. Los procedimientos de ADR son de carácter privado. Por consiguiente, las partes pueden convenir que los procedimientos y los resultados derivados de los mismos sean confidenciales. Esto les permite centrarse en el fondo de la controversia sin preocuparse por sus repercusiones públicas, lo que puede ser particularmente importante cuando están en juego reputaciones

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