Responsabilidad Social

Lectura 9

Revista: “Gestión y Estrategia”

UAM – Azcapotzalco

Número 28, 2005

DERECHOS DE PAPEL:

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN MÉXICO

Ma. Luisa Lepine Martínez

Directora General de la Akademie A.C.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema que recientemente se ha abordado mucho en diversos foros, debido a escándalos surgidos en Estados Unidos y Europa por la falta de ética en las prácticas empresariales de grandes corporaciones . Estas crisis empresariales, que tienen como base la falta de ética, han provocado reacciones diversas y han llevado a replantear políticas e incluso leyes. El tema es crear formas para prevenir estas crisis, no sólo reaccionar ante ellas, y considero que un sistema de gestión basado en la RSE puede ayudar a lograr este objetivo. La globalización ha sido mencionada por muchos autores como la causa de estas crisis empresariales, sin embargo, debemos tomar en cuenta que el tema del poder es clave para entender la globalización. Los actores principales –como el Estado-Nación o las multinacionales– han luchado por mantener y ganar mayor poder económico o político, violando en este proceso los derechos de la sociedad. La tarea es construir una situación global de derecho que permita evitar esta hambre de poder desbocada .

La RSE debe entenderse como un proceso fundamental al que deben de incorporarse todas las empresas y organizaciones. Implica que los líderes actúen de forma congruente y honesta con sus partes interesadas: personal, clientes, proveedores, empleados, accionistas, competidores, etcétera. La RSE se ha definido como:

Un compromiso continuo de una organización en las preocupaciones sociales, más allá de los señalamientos legales a comportarse de manera ética y contribuir al bien común y al desarrollo económico de la sociedad, respetando el entorno y mejorando la calidad de vida del personal y sus familias .

Esto significa que no sólo las empresas y organizaciones deben de adquirir dicho compromiso, si no también otros actores como son el Estado y la sociedad en general. Y es aquí donde debemos analizar el contexto mexicano y el futuro de la RSE. ¿Existen en el país las condiciones legales y económicas para contribuir al desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la sociedad? ¿El Estado mexicano ha sido, y lo más importante, desea ser socialmente responsable? Si violamos alguna ley o discriminamos, acosamos o afectamos el medio ambiente, bien por acciones directas o por omisión, también somos responsables, el Estado, el Gobierno y sus políticas, colegios y universidades, empresas, empleados, padres de familia, medios de información y de difusión que inciden en patrones de comportamiento y en la cultura.

Los derechos fundamentales agrupan diversos tipos de derechos que tienen en común la igualdad, el valor y las necesidades de la persona, pero en su contenido son totalmente heterogéneos. Dependiendo de la constitución o ley que analicemos encontraremos, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho al amparo, derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales e individuales –a una vivienda digna y decorosa, al trabajo, a la satisfacción de necesidades y salud, a la educación– y derechos sociales colectivos, como los derechos a la paz y al medio ambiente; le corresponde al Estado garantizar esos derechos fundamentales. Tomemos como ejemplo los derechos sociales e individuales; si están incluidos en la máxima ley de un Estado, se pensaría que su garantía debería ser prioritaria y, por supuesto, obligatoria. Pero ¿por qué no sucede así? ¿por qué en los países latinoamericanos vemos tantas deficiencias en los servicios públicos –que hacen cumplir esos derechos– e incluso políticas que van en contra de los mismos? Y es aquí donde se presenta el problema ya que como plantea Ferrajoli, en la práctica, su garantía depende de varios factores –el lugar, el momento, las circunstancias y el grado de desarrollo económico y civil de un Estado– pero debemos añadir que es principalmente por una voluntad política. Si es por “la calidad, cantidad y grado de los derechos fundamentales como puede ser definida la calidad de una democracia y medirse su progreso”, ¿es por ello que México continúa siendo parte del tercer mundo?

Para entender la realidad mexicana, es necesario hacer un pequeño retroceso a las circunstancias históricas, políticas y sociales de los siglos XIX y XX. El Estado mexicano reforma la Constitución de 1857 para plasmar en su contenido la nueva realidad del país y dar cumplimiento a los ideales revolucionarios de nuestro pueblo, ideales que dan vida a la Revolución Mexicana de 1910. En esta reforma se plantean varios principios, como la idea de soberanía, derechos humanos, la división de poderes, el sistema federal, el sistema representativo, la democracia, la supremacía del Estado sobre las iglesias y la existencia del juicio de amparo como medio fundamental de control de la constitucionalidad. Se agrupan las garantías individuales del artículo 1 al 29 (incluyendo el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a un empleo y a un sueldo mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas de una familia). Dentro de este grupo, también se mencionan las garantías sociales, que se encuentran principalmente en los artículos 3, 27, 28, además del 123.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda establecido que:

Nuestra Carta Magna es la expresión de la soberanía del pueblo. Conforme a nuestra Ley Fundamental, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, del cual dimana todo poder público y se instituye para beneficio de éste, quien además tiene el derecho inalienable de alterar o modificar en todo tiempo la forma de su gobierno .

Sin embargo, después de décadas de una política presidencialista, el concepto de soberanía no se aplica en la práctica y con esto se tambalea uno de los pilares de la Constitución. En el artículo 39 se lee que: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, y a continuación, en el artículo 41, se menciona que el pueblo “la ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados” . En este mismo enunciado, el pueblo deja de ser soberano ya que se somete a la ley constitucional. Incluso, desde la perspectiva del derecho, el mismo concepto de soberanía entra en crisis, ya que ésta significa “ausencia de límites y reglas, es decir, lo contrario de lo que caracteriza el derecho”. Hablar de responsabilidad social es hablar de respeto a los derechos humanos, que están relacionados con el concepto original de soberanía y este tema ha sido abordado por el Estado mexicano en múltiples ocasiones, pero sin proponer soluciones concretas.

Se habla de cuestiones muy generales, de un “país ideal” para vivir, pero no define de dónde saldrán los recursos necesarios ni las políticas que deben aplicarse para garantizar esos derechos. Si tomamos como ejemplo el derecho al trabajo no es claro cómo tendremos los mexicanos la posibilidad de buscar un mejor trabajo, ni mucho menos si tendremos un empleo estable sin preocuparnos de despidos causados por una crisis o recesión del país. Pero es necesario ser realistas, como personas y como sociedad buscamos vivir mejor. “Todos los fines posibles poseen condiciones materiales cuyo universo es el producto social de la economía. Ningún proyecto puede realizarse si no es materialmente posible”. Los derechos humanos deben entenderse como medios para vivir mejor, para poder actuar eligiendo opciones que reivindiquen nuestra dignidad.

Las políticas públicas –sociales y económicas– de un país son, en teoría, las que deben ayudar a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, son la parte ejecutora de la administración pública. El gobierno tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para la sociedad como el empleo, la salud, vivienda, abastecimiento de agua, seguridad, etcétera (Baradach, 1998: 6). Con políticas públicas económicas y sociales ineficaces, un desarrollo económico de un país remotamente improbable que se logre. Como plantea Joaquín Herrera, es necesario tener una nueva perspectiva sobre los derechos, para poder llevarlos a la práctica, y “entender los derechos humanos desde la perspectiva de la estrecha vinculación entre ellos y las políticas de desarrollo” (Herrera, 2000:45). No es posible permitir que los gobiernos dejen a un lado los derechos de la sociedad y violentarlos con políticas que llevan a caer aún más en el subdesarrollo. La economía ha sufrido grandes transformaciones, ya que de ser un “proceso colectivo de construcción de condiciones de vida, la economía se reduce al estudio y puesta en práctica de la lucha competitiva de individuos atomizados y egoístas empeñados en la consecución del mayor trozo de un pastel del que no todos pueden comer” (Herrera 2001:II). Ya nos se ve a la economía como una vía para mejorar las condiciones de vida de una sociedad, sino al contrario, se ha utilizado como pretexto para enriquecer a unos cuantos, a costa de la pobreza y sumisión de la mayoría. No es posible que esto continúe.

El tema de la discriminación se encuentra íntimamente ligado al de la soberanía y los

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