Temas Guatemala

I. Inclusiones del Estado en acciones de gobierno

El Estado de Guatemala considera a los jóvenes como sujetos sociales del presente, que viven una etapa de formación, desarrollo, participación, aporte cultural, artístico, recreativo y productivo. Se les considera actores de los procesos de cambio en el presente y en el futuro; ciudadanos activos, sujetos de derechos y responsabilidades, así como protagonistas estratégicos del desarrollo. Aunque el tema de la edad es un elemento considerado para determinar esta categoría de análisis, el Estado guatemalteco define como jóvenes a las personas entre los 13 y los 30 años, por lo que Guatemala es un país de jóvenes. De una proyección de 14 millones de habitantes para 2010, se estima que la población entre los 14 y 29 años es de 3.9 millones, equivalente al 30.1%. Sobre esta proporción, el 60% corresponde a la juventud indígena, y presenta mayores índices de exclusión educativa y laboral. La juventud guatemalteca no es homogénea; es más pertinente hablar de “juventudes” a fin de representar la diversidad de inclusión socioeconómica, étnica, educativa, de participación y de empleabilidad.

Hoy en día, sectores importantes de las juventudes guatemaltecas enfrentan más el reto de la subsistencia que el de ubicar canales de inclusión social, perdiéndose así la potencialidad de que sean actores centrales de los procesos de cambio que el país demanda en términos de consolidación de paz, democratización e interculturalidad así como del desarrollo económico y tecnológico. La exclusión vivida por la juventud contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

La política nacional de juventud adoptada en el año 2010, y en el Congreso a la fecha se encuentra pendiente la ratificación de una Ley de Juventud cuyo fin es generar mayores condiciones de inclusión y participación. Sin embargo, los niveles de implementación de la política así como los niveles de inversión pública en la juventud, son mínimos y de poco interés para las autoridades. Alienta en este contexto desfavorable, el surgimiento de movimientos juveniles en todo el país. Los jóvenes se han estructurado para exigir cambios y su inserción en la definición de las políticas nacionales, locales y comunitarias. Estos movimientos presentan dinamismo e innovación tecnológica y una fuerte determinación para acceder a sus derechos a la educación, a un empleo digno, al ejercicio de su ciudadanía y a sus derechos sexuales y reproductivos. Estos temas constituyen la agenda prioritaria de las juventudes guatemaltecas.

II. Feminismo y derechos de la mujer

Durante el antiguo régimen, en el caso de las mujeres, o sea la mitad de la población, debían cumplir únicamente su función social circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de la procreación y del cuidado de los hijos; y su subordinación legal al hombre (padre o esposo).

Fue entonces cuando surgió la Revolución Francesa y las demás revoluciones liberal-burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos, y con ello la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales y no afectaron a la mujer. Los "Derechos del Hombre y del Ciudadano" que proclamaba la revolución francesa se referían en exclusiva al "hombre" no al conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese período, el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho de voto.

El feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad (como género) y el poder social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas consideran que el patriarcado ha sido negativo para la sociedad y que las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre.

Hoy en día, las mujeres aún son víctimas de represión, tortura, desapariciones, y hambre. A su vez, las mujeres también pueden ser víctimas de métodos represivos particulares, tales como la violación sexual y el embarazo forzado y sin duda la discriminación cotidiana. Las mujeres trabajan más, y ganan menos, por ejemplo.

Es justo el reclamo de las mujeres guatemaltecas en favor del reconocimiento por parte del Estado de todos sus derechos humanos, no solo de algunos, en condiciones de igualdad a los hombres, tal como lo proclaman diversas declaraciones y convenciones internacionales firmadas por Guatemala, y cuyas normas no son cumplidas a cabalidad.

III. Derechos de los pueblos indígenas

Guatemala es un país multiétnico, multicultural y multilingüe, en el que la mayor parte de la población está constituida por personas indígenas, Xinkas y garífunas. A pesar de ello, la historia del país ha estado marcada por la desigualdad y la exclusión.

No hay lugar a dudas de que los pueblos originarios del continente americano siguen siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y libertades fundamentales en los Estados nacionales donde viven. En primer lugar, las violaciones ocurren precisamente porque los Estados no cumplen con su función de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de todos sus habitantes, especialmente indígenas. En segundo lugar, las violaciones puede también que sucedan por el desconocimiento de los propios pueblos indígenas de las normas y mecanismos nacionales e internacionales que reconocen, garantizan y protegen sus derechos.

Por tal razón, la divulgación e información sobre los derechos colectivos indígenas y las obligaciones de los Estados para la vigencia de los mismos es un tema de mayor importancia. Pues solamente conociendo los derechos se pueden defenderlos.

En Guatemala se han vivido distintos sucesos que abordan esta temática, como por ejemplo los conflictos que han surgido por el establecimiento de empresas mineras o hidroeléctricas, en donde existe una falta de consenso con los pueblos indígenas que habitan las zonas aledañas a estas construcciones.

En 1993 fue declarado el “Decenio de los Pueblos Indígenas”. Previamente la OIT proclama el Decreto 169 sobre los Pueblos Aborígenes y sus derechos. La ONU hizo manifiesto en 2007 el documento “Derechos de los Pueblos Indígenas”. En Guatemala, en el proceso de desarrollo de los Acuerdos de Paz, se firmó el Acuerdo 3º “Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” (31 marzo 1996).

Sin embargo, muchas cláusulas de estas declaraciones se han quedado en afirmaciones de “buenos propósitos”. Y no en el proyecto de implementar procesos de desarrollo y participación de estos pueblos. En el caso de Guatemala las rutas de aplicación del Acuerdo 3º se han ralentizado, demostrando con ello que en los gobiernos no hay voluntad firme de cumplimiento, y en el conjunto de la sociedad indiferencia, ignorancia o rechazo. En Guatemala, por ejemplo, encontramos entidades no gubernamentales de Derechos Humanos, que siguen reclamando la necesidad de que el gobierno suscriba e implemente algunas declaraciones; y no olvidemos que Guatemala es una de las naciones latinoamericanas con gran porcentaje poblacional indígena. Es evidente que hay que seguir apelando a la justicia, a fin de que las declaraciones no se queden en letra muerta.

IV. Jóvenes y participación política

Nuestra sociedad estigmatiza a los jóvenes y los discrimina. Pocas veces reparamos en la exclusión institucionalizada, histórica y sistemática, de la que son víctimas y de la que somos responsables: el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema de salud. Sin educación, empleo ni salud, los jóvenes tienen pocas opciones: la delincuencia, las adicciones, el suicidio o la migración.

La investigación más reciente de García-Canclini muestra que entre los jóvenes urbanos conectados y creativos, existe una tendencia a emprender, aprender de manera informal y abrirse sus propias oportunidades de empleo. Contar con prestaciones laborales, vacaciones pagadas, seguro médico o jubilación no es algo que contemplen en su horizonte.

Es en este contexto que debemos entender la relación de los jóvenes con la política y las nuevas formas de participación ciudadana, que no responden a los esquemas convencionales y que deben forzosamente situarse en el entorno socio-político en el cual se gestan, con sus respectivas variaciones y contradicciones.

En recientes estudios se refuerza la idea del poco o nulo interés de los jóvenes en la política y en los bajos niveles de participación ciudadana juvenil, que es necesario analizar con cuidado, para no continuar alimentando una imagen negativa de los jóvenes.

Un ejemplo de ello es la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, realizada por el IMJUVE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los jóvenes mexicanos mencionan estar “poco” o “nada” interesados en la política (89.6%), mientras que un 9.5% declara estar “muy” interesado.

Otro estudio es el que publicaron El Colegio de México y Berumen en el que se refleja la dinámica de la cultura política y la participación ciudadana entre los jóvenes de 18 a 29 años durante las elecciones de 2012.

El estudio destaca que

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