ÉTICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

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ÉTICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CASO 1

PROFESOR: ALVARO FRANCISCO TEJADA SIALER

INTEGRANTES:

HINOJOSA LOPEZ JUAN MIGUEL                           - U1600554

     LUNA LOPEZ ARMINDA WENDY                            - U19308196

              MATA RIVERA LEISLY CATERINE                             - U1630538

     MATOS CUEVA FREDY EDUARDO                         - U18103066

     MIRANDA SALCEDO VICKY                                     - U22218697

     MOREANO CUPI MARITZA LIDIA                             - U22220672

     MORENO PEREZ MARIA EUGENIA CAROLINA               - U20211311

Noviembre, 2022

CASO 1: COVID-19, PRIMER AÑO DE PANDEMIA

A inicios del 2020, el mundo, sufrió una pandemia causada por el COVID-19. En Perú, La pandemia tuvo devastadores efectos, en la economía, en el ámbito social y principalmente, en el área de la salud. Las políticas ineficientes que regían antes de la pandemia y la corrupción mantenían en precariedad al sector salud. No se tuvo una estrategia desde el inicio, por lo que fue uno de los países con mayor mortalidad a causa del COVID-19. Ante estos acontecimientos, surgen las siguientes controversias, como actuaríamos ante la falta de infraestructura desde una visión deontológica, o el hecho de no tener camas UCI, desde el interés privado o público, además de la escasez de oxígeno desde una visión teleológica. A través de una evaluación ética, se intentará responder a estas interrogantes.

En primer lugar, los funcionarios y servidores del Ministerio de Salud, independientemente de la relación laboral o modalidad contractual que mantengan, actúan de acuerdo a los principios, deberes y prohibiciones, respetando la Constitución Política del Perú y las leyes, lo que se debe manifestar en un trato equitativo, justo y sin discriminación a todas las personas. Según el reporte técnico Indicadores de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud, obtenido por un estudio realizado por el Ministerio de Salud (Minsa) en enero de 2020, el 51 % de hospitales presentaba problemas de infraestructura que impedían prestar servicios de manera óptima. En tal sentido, estando a cargo del Ministerio de Salud, se hubiera procurado disponer de profesionales capacitados que tengan conocimiento en manejo eficiente de recursos y herramientas de administración, cuyo objetivo hubiera sido analizar la información que se tenía en ese momento para lograr disminuir así las brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud, que sería utilizada para aquellos centros que se encuentren en emergencia, mejorando no solo la infraestructura si no el equipamiento. Este análisis también serviría para la programación anual de presupuesto y así continuar con el trabajo de mejoramiento que ayude a los sectores y poblaciones más alejadas y vulnerables.

En segundo lugar, el presidente Martín Vizcarra informó que se incrementarían las camas UCI con la compra de nuevas unidades. Al mes de abril del 2020, el país sólo contaba con 525 camas UCI para los pacientes contagiados con el COVID-19 y con 700 médicos intensivistas a nivel nacional con registro de especialistas, según registros del Colegio Médico del Perú. La protección y la provisión de los servicios de salud es de interés público y el estado es el encargado de proveerlos. Como políticas de salud pública se aprobó la Directiva sanitaria N°113-Minsa/2020/DGAIN/DGOS “Gestión de camas hospitalarias para hospitalización y camas UCI COVID-19, siendo obligatorio en las IPRES públicas, privadas y mixtas, teniendo como fin el reducir el impacto sanitario a cargo del equipo gestor de camas COVID-19. Estas políticas permitieron llevar un control del proceso de gestión de camas a través de un aplicativo. Sin embargo, no se logró mejorar la oportunidad de atención de casos severos por lo que fallecieron muchos peruanos. En el caso de poder tomar decisiones, se actuaría de manera inmediata. Al encontrarse el país en estado de emergencia, da mayor accesibilidad a realizar acciones de urgencia, como disponer de presupuesto que permita implementar e incrementar las camas UCI de acuerdo a las necesidades actuales, así como contar con los equipos médicos, medicamentos y número de profesionales de la salud necesarios para una oportuna y óptima atención.

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