Índice De Criminalidad En México

Índice de criminalidad en México

Establece que el elevado índice de pobreza y marginación incide directamente en el incremento de la criminalidad, por lo que el control de la delincuencia es cada vez más difícil en un país que no ofrece perspectivas ni posibilidades de desarrollo.

Además, las instituciones responsables de la seguridad carecen de una política coherente, por lo que “la violencia crece de manera directamente proporcional a la incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia para darle respuesta de manera integral”.

El diagnóstico que el gobierno federal tiene desde hace dos años, y que expone también los vicios de la procuración y administración de justicia, forma parte de las reformas al sistema de justicia penal mexicano que propuso el presidente Vicente Fox al Congreso en mayo último.

Luego de la marcha del domingo 27 de junio, diversas organizaciones civiles plantearon la urgencia de realizar estudios, análisis y diagnósticos sobre la criminalidad, y algunas de ellas, como México Unido contra la Delincuencia, propusieron establecer la pena de muerte para castigar a delincuentes como secuestradores y violadores. 

La manifestación provocó jaloneos por todas partes, y hasta roces y fricciones en el interior del gabinete, donde aún no logran ponerse de acuerdo en una política clara e integral al respecto, a pesar del diagnóstico mencionado.

Como sea, dicho estudio sirvió de base para fundamentar 10 acciones como medidas urgentes, en las que se incluye la creación del Instituto Nacional de Seguridad y Justicia, la aplicación de una política de servicio y calidad total en la atención de denuncias, y el establecimiento de sistemas informáticos que transparenten la averiguación previa.


La radiografía,

el diagnóstico más actualizado sobre la criminalidad en México fue concluido en el 2002 —demandó dos años de trabajo—, y su elaboración estuvo a cargo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., con el apoyo de organismos académicos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) y el Centro Nacional de Tribunales Estatales, entre otros.

El primer paso de ese trabajo fue un análisis de la realidad social a partir del comportamiento delictivo que tuvieron poco más de 35 mil presos encuestados en los penales más poblados del país –muchos de ellos reincidentes—, ubicados en el Distrito Federal y en los estados de México y Morelos. 

Con base en la información obtenida, el estudio concluye que, como consecuencia de la ineficacia de las instituciones responsables de la seguridad y la elevada corrupción policiaca, en las prisiones no habitan los delincuentes más peligrosos, sino los más pobres, cuya captura implicó menor esfuerzo.

Lo anterior se refuerza con un solo dato: Más del 60% de la población en reclusión fue capturada en flagrancia por la policía preventiva. Ello indica, según el análisis, que las procuradurías tienen una escasa capacidad para realizar investigaciones policiacas profesionales que permitan capturar a delincuentes profesionales. Consecuencia: que después de 24 horas de cometido un delito, la probabilidad de encontrar al responsable es muy baja.

El diagnóstico revela que la mayoría de los presos están recluidos por delitos menores, mientras que la más peligrosa delincuencia sigue operando en toda la República. 

En el apartado Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional (Principales resultados de la encuesta CIDE a población en reclusión en el D.F., Morelos y Estado de México), a cargo de la división de estudios jurídicos del CIDE, se expone que la delincuencia golpea con fuerza a los ciudadanos desde hace al menos 10 años y que, para abatirla, el gobierno ha puesto en operación estrategias “muy pobres”, sin tomar en cuenta las experiencias de las víctimas.


Por lo que se refiere a la capacidad de las procuradurías, el estudio apunta: “El hecho de que más del 60% de los internos fueron capturados en flagrancia, que el 50% de la población en reclusión esté compurgando penas por robos de poca cuantía (hasta 6 mil pesos), que la mayoría de los internos sancionados por delitos contra la salud purgan sentencias por tráfico de drogas con un valor promedio de mil 168 pesos, nos indica que las autoridades de la procuraduría no están dándole prioridad a la persecución de los delincuentes peligrosos.


“Dicho de otra forma, el sistema de incentivos que rige al interior de las agencias del Ministerio Público premia el número total de consignaciones, pero no así la gravedad, en términos sociales, del caso consignado. Sin una estrategia focalizada en delitos violentos y en delincuentes profesionales, difícilmente la procuraduría logrará tener un impacto en los índices delictivos.”

La encuesta entre la población carcelaria revela que la mayoría abandonó su casa en la adolescencia por la necesidad de trabajar y por violencia intrafamiliar. “Resulta significativo que el 20% del total de los internos entrevistados refieran que tienen familiares que alguna vez han estado en prisión, lo que demuestra claros signos de desarticulación social entre las familias en que se desenvolvieron.”

En casi todos los casos, los delincuentes recluidos provienen de familias divididas, sienten frustración y fracaso, y asocian el éxito con la acumulación de bienes materiales. Además, el 33% de los internos reportaron que, cuando eran niños, sus padres consumían frecuentemente alcohol, y se calcula que el 10% de los presos padece de alcoholismo.

Al preguntarles dónde y en qué condiciones cometieron el delito por el que se encuentran presos, el 48% aceptaron que el ilícito –robo, secuestro, homicidio, entre otros– lo cometieron en la calle; 24%, en una casa u oficina; 6%, en un vehículo, y 5%, en una tienda. “Si se toman en cuenta sólo los delitos contra la propiedad, 58% tuvo lugar en la calle y 17% en una casa u oficina. Es decir, la calle es el lugar más vulnerable”, asienta. 

Las drogas, el alcohol y las armas están directamente relacionados con los delitos más comunes. La encuesta señala que el 37% de los presos aceptaron haber consumido alcohol o alguna droga por lo menos seis horas antes de cometer el delito —aunque esos excitantes están presentes en la mayor parte de los delitos sexuales–, y el 38% dijeron haber utilizado armas para atacar a sus víctimas.

El 66% no denuncia

En mayo del 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI) realizó la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, y el levantamiento de la misma

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