Han sido muchos los hispanohablantes que en los últimos tiempos se han dirigido a laReal Academia Española

Han sido muchos los hispanohablantes que en los últimos tiempos se han dirigido a laReal Academia Española solicitando aclaraciones de normas ortográficas, planteando dudas y sugiriendo, en fin, la conveniencia de presentar la Ortografía de un modo más sistemático, claro y accesible. A eso responde esta nueva edición que la Academia ha preparado en estrecha colaboración con las corporaciones hermanas de América y de Filipinas, corrigiendo, actualizando y acrecentando la versión anterior con precisiones y ejemplos. Los detallados informes de las distintas Academias han permitido lograr una Ortografía verdaderamente panhispánica. Apenas hay en ella novedad de doctrina, pero se recoge, ordena y clarifica toda la que tenía dispersa la Academia en los últimos tiempos y se refuerza la atención a las variantes de uso americanas. La normativa ortográfica de la lengua española es fruto de un proceso de adaptación y simplificación de los variados y variables usos antiguos, que esta Institución emprendió casi al tiempo de su nacimiento y que quedó de hecho acabada con la publicación, en 1844, delProntuario de ortografía de la lengua castellana, dispuesto por Real Orden para el uso de las escuelas públicas por la Real Academia Española con arreglo al sistema adoptado en la novena edición de su Diccionario. La Real Orden era la de 25 de abril de ese mismo año, firmada por la reina doña Isabel II, a petición del Consejo de Instrucción Pública, que oficializaba la ortografía académica al imponer su enseñanza en las escuelas. Hasta ese momento la Academia se había limitado a proponer normas y aconsejar empleos, bien es verdad que con notable éxito, pues el propio Andrés Bello declaraba que no sabía qué admirar más, «si el espíritu de liberalidad con que la Academia ha patrocinado e introducido ella misma las reformas útiles, o la docilidad del público en adoptarlas, tanto en la Península como fuera de ella». El refrendo oficial consolidó las normas académicas, pero al mismo tiempo vino a obstruir las vías de innovación y reforma por las que la Academia había ido avanzando paso a paso desde la primera edición de su Ortographía, de 1741, que ya en su segunda edición, de once años más tarde, se escribióOrtografía, proclamando desde la misma portada su opción por el criterio fonético con preferencia sobre el etimológico. Quedó así, probablemente, truncada, como efecto no buscado de la sanción regia, la pausada marcha innovadora de la Academia, que no pudo dar ya los pasos proyectados para ajustar sus normas a los deseos de Bello y a los avances de la llamada «ortografía chilena» difundida por diversos lugares de América. Predominó la idea y la voluntad de mantener la unidad idiomática por encima de particularismos gráficos no admitidos por todos: poco a poco, las naciones americanas de nuestra lengua se mostraron conformes con la ortografía académica y la hicieron oficial en las diversas repúblicas. El proceso se cerró en Chile, donde más tiempo se había mantenido el cisma, con el decreto que firmó el presidente Ibáñez, el 20 de junio de 1927, donde se disponía que, a partir del 12 de octubre de aquel año, se adoptase la ortografía académica en todos los establecimientos de enseñanza pública y en la redacción de todos los documentos oficiales. El gran lingüista suramericano Ángel Rosenblat escribiría que la unidad ortográfica es «la mayor fuerza aglutinante, unificadora de una amplia comunidad cultural: por debajo de ella pueden convivir sin peligro todas las diferencias dialectales». Y añadiría: «El triunfo de la ortografía académica es el triunfo del espíritu de unidad hispánica». La Real Academia Española ha elevado a la categoría de objetivo prioritario en los estatutos vigentes el de «velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico». Quiere esto decir que nuestro viejo lema fundacional, «limpia, fija y da esplendor», ha de leerse ahora, más cabalmente, como «unifica, limpia y fija» y que esa tarea la compartimos, en mutua colaboración, con las veintiuna Academias de la Lengua Española restantes, las de todos los países donde se habla el español como lengua propia. Es lo que hemos hecho en esta ocasión. Si ya Bello entendía, pensando en la Real Academia Española y en las contradicciones de sus propios criterios ortográficos, que un cuerpo colectivo no puede proceder con la misma fijeza de principios que un individuo, imagínese hasta dónde puede llegar la dificultad de cohonestar actitudes u opiniones contrarias cuando el cuerpo colectivo está constituido por la asociación de tan notable número de cuerpos colectivos previos, y la lengua que es objeto del acuerdo no es ya una lengua de menos de cuarenta millones de personas, como era entonces, sino un idioma universal con más de cuatrocientos millones de hablantes. Conviene hacer patentes estas cosas, pues son muchos los arbitristas de la Ortografía que acuden a esta Institución o salen a la palestra, con mejor intención que acierto, pidiendo u ofreciendo radicales soluciones a los problemas ortográficos o cebándose con fáciles diatribas en el sistema establecido. Entre esas personas bienintencionadas ni siquiera han faltado académicos que hayan presentado propuestas simplificadoras en los congresos de la Asociación de Academias. A todos estos entusiastas debería recordárseles que ya Nebrija, su más antiguo e ilustre predecesor, quien recuperó para nuestra lengua el principio de Quintiliano según el cual se debe escribir como se pronuncia, no olvidó en ningún caso que el propio calagurritano había hecho una salvedad: nisiquodconsuetudoobtínuerit, y advirtió que «en aquello que es como ley consentida por todos es cosa dura hacer novedad». La evolución de la ortografía académica ha estado regulada por la utilización combinada y jerarquizada de tres criterios universales: la pronunciación, la etimología y el uso, que, como decía Horacio, es en cuestiones de lenguaje el árbitro definitivo. La Real Academia Española, como tal Corporación, se siente hoy orgullosa de que sus antecesores, durante el siglo transcurrido entre 1741, fecha de la primera edición de la Ortographía, y 1844, fecha del Real Decreto sancionador, tuviesen tan buen sentido, tan clara percepción de lo comúnmente aceptable, tal visión de futuro y tanto tino como para conseguir encauzar nuestra escritura en un sistema sin duda sencillo, evidentemente claro y tan adaptado a la lengua oral que ha venido a dotar a nuestra lengua castellana o española de una ortografía bastante simple y notoriamente envidiable, casi fonológica, que apenas si tiene parangón entre las grandes lenguas de cultura. En 1843, una auto titulada «Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción Primaria» de Madrid se había propuesto una reforma radical, con supresión de h, v y q, entre otras estridencias, y había empezado a aplicarla en las escuelas. El asunto era demasiado serio y de ahí la inmediata oficialización de la ortografía académica, que nunca antes se había estimado necesaria. Sin esa irrupción de espontáneos reformadores con responsabilidad pedagógica, es muy posible que la Corporación española hubiera dado un par de pasos más, que tenía anunciados y que la hubieran emparejado con la corriente americana, es decir, con las directrices de Bello. En la octava edición de la Ortografía, la de 1815, al deslindar los usos de y ei, consonante la primera, vocal la segunda, se añade «con algunas excepciones por ahora», y al tratar de la posibilidad de poner límites, igualmente, entre j yg, la Academia estima la reforma de tanta trascendencia que prefiere «dejar que el uso de los doctos abra camino para autorizarla con acierto y mayor oportunidad». Como esos dos deslindes fueron objetivo primordial en el proyecto de Bello y los dos más persistentes en la largamente mantenida disidencia chilena, parece obvio suponer que la Real Academia Española, sin la obligada intervención gubernamental, o sea, sin la descabellada actuación de los maestros madrileños, hubiera terminado aceptándolos, puesto que era proclive a ello, y la ortografía del español sería hoy, quizá, muy semejante a la que se empeñó en utilizar uno de nuestros mayores poetas, Juan Ramón Jiménez, que se sentía solidario de esas simplificaciones hispanoamericanas de su época, a las que no faltaban adictos peninsulares. Pero no fue así, por esas razones que decimos, y tal vez la Academia fuera la primera en lamentarlo. Las cosas, pues, quedaron como quedaron y son como son, y ahora cualquier variación en los hábitos resulta mucho más ardua, afecta a muchas más personas y requiere el acuerdo previo de veintidós corporaciones asociadas. Baste recordar aquí que un asunto mínimo, ni siquiera ortográfico sino clasificatorio, la recuperación del orden alfabético latino universal, que la Academia había alterado para el uso hispánico en 1803, al otorgar carácter de letras unitarias e independientes a los dígrafos chy ll, movida precisamente por su vocación fonológica en la interpretación de la lengua escrita, requirió dos congresos de Academias y larguísimas discusiones para su aprobación, pese a que nos lo solicitaban los organismos internacionales y en nuestras propias naciones eran ya muchas las entidades, públicas y privadas, que lo habían adoptado. ¿Quiere esto decir que el código ortográfico recogido en esta obra debe ser invariable, definitivo, resistente a toda discrepancia y sin posibilidad de modificación posterior? De ningún modo. Y prueba evidente de ello es que, a petición de varias Academias americanas, el texto de esta edición contiene algunas novedades, mínimas, de doctrina, destinadas

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