Violencia

La violencia constituye un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud considera que existe una epidemia en términos sanitarios cuando se da una tasa superior a los diez homicidios por cada 100.000 habitantes en un período de un año (OMS, 2002). En Guatemala esa tasa se encuentra en el orden de los 40 homicidios, con un índice de 13 muertes violentas diarias promedio. De mantenerse esta tendencia, en los primeros 25 años luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 que pusieron fin a una guerra que, según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, costó la vida a alrededor de 250.000 personas (CEH, 1998), el número de muertos superará al registrado en esas casi cuatro décadas de enfrentamiento armado, período en el que el promedio de muertes diarias era de diez. "La violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública", afirma el mencionado organismo técnico de Naciones Unidas. Con estas estadísticas se considera que la situación en Guatemala está en una condición de gravedad particularmente sensible y preocupante. Sin ánimos de ser pesimistas ni agoreros, técnicamente se puede decir que desde el punto de vista de la seguridad y la convivencia cotidiana, ahora la sociedad está en una situación comparativa que no es sustancialmente mejor que durante el conflicto armado. Aunque formalmente no hay guerra, la percepción dominante hace sentir la vida cotidiana como que sí, efectivamente, se vivieran un clima quasi bélico.

Y si no se está "peor", al menos la actual explosión de violencia abre inquietantes interrogantes sobre la sociedad post conflicto que se está construyendo y las perspectivas futuras. En ese sentido, preocupan altamente dos cuestiones: de hecho, las causas estructurales que pusieron en marcha ese enfrentamiento interno en la década de los ‘60 en el siglo pasado no han cambiado, a lo que se suma la pesada carga dejada por uno de los más sangrientos conflictos internos con características de "guerra sucia" que vivieron las sociedades latinoamericanas en el marco dela GuerraFría, secuelas que han sido muy poco abordadas, lo que refuerza una cultura de impunidad ya histórica en el país. En ese escenario, la debilidad estructural del Estado obra como un elemento que, en vez de facilitar procesos, los complica especialmente.

Hoy día, repitiendo y superando los índices de violencia que se podían encontrar durante la guerra, la situación cotidiana nos confronta con nuevas formas de violencia. No hay enfrentamientos armados entre Ejército o fuerzas estatales y movimiento guerrillero insurgente, pero la situación de inseguridad que se vive a diario, en zonas urbanas y rurales, comparativamente es más preocupante. Han aparecido nuevas expresiones de violencia en estos últimos años: además de la tasa extremadamente alta de homicidios, asistimos a una explosión del crimen organizado manejando crecientes cuotas de poder económico, y por tanto, político. Se ven nuevas modalidades, como el surgimiento y crecimiento imparable de las pandillas juveniles –las "maras"– (que, según estimaciones serias, manejan por concepto de chantajes y cobros de impuestos territoriales cantidades millonarias), el auge de los carteles del narcotráfico, el feminicidio (con un promedio de dos mujeres diarias asesinadas, muchas veces previa violación sexual), (INE, 2011), las campañas de la mal llamada "limpieza social", los linchamientos. Complementando esto, es imprescindible mencionar que, si bien no aparece contantemente en los medios de comunicación, hay una cantidad de muertes por hambre que supera a los muertos por hechos violentos, según informes oficiales del Procurador de Derechos Humanos (PDH, 2011). En estos momentos, según datos de UNICEF (2011), Guatemala es el segundo país en Latinoamérica y sexto en el mundo en orden a la desnutrición. Es decir: la violencia homicida asienta en un trasfondo de pobreza estructural histórica, y un elemento no puede disociarse del otro, aunque en la vivencia cotidiana –en buena medida manipulada– la criminalidad delincuencial aparece escandalosamente como el principal "pandemonio".

El narcotráfico.

Zetas asesinan a 29 jornaleros en Petén

Las fuerzas de seguridad calificaron ayer de macabro el descubrimiento de 27 personas asesinadas, que además fueron decapitadas en la finca Los Cocos, La Libertad, Petén.

De acuerdo con las primeras investigaciones del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación, todo apunta que las víctimas fueron ejecutadas por el grupo de narcotraficantes denominado Z 200, un ramal de los Zetas, originario de México.

El hallazgo fue reportado por varios pobladores que se acercaron a la finca para comprar queso y crema. Sin embargo, lo que encontraron les erizó la piel: en el patio de ese inmueble vieron los restos de las víctimas, de las cuales al cierre de esta edición solo habían sido identificadas seis.

Esta noticia dio la vuelta al mundo y en pocas horas, diarios de México, España, Centroamérica, Colombia, Perú, entre otros, reportaban el hecho como “el hallazgo macabro en Guatemala”.

Resultado dantesco

Según el MP, el acta del procesamiento de la escena del crimen cerró así: “Un cuerpo completo, 26 cuerpos sin cabeza y 23 cabezas”.

Fueron asesinados 25 hombres y dos mujeres, que estaban atados de las manos, y de los cuales 26 habían sido decapitados.

Los victimarios dejaron dos paredes con pintas dirigidas al propietario de la finca, Otto Salguero. Las leyendas fueron escritas con la sangre, en apariencia, de una de las piernas de las víctimas.

Pobladores cercanos dijeron que los muertos eran trabajadores de la finca Los Cocos, la mayoría originarios de Cerro Chino, Los Amates, Izabal.

Hasta ahora, las autoridades atribuyen la masacre a una supuesta disputa de territorio y una venganza contra Salguero, un supuesto ganadero del área.

Incursión

Según las primeras investigaciones, durante la madrugada de ayer, más de 50 hombres vestidos con uniformes militares ingresaron en la finca, ubicada en el kilómetro 569 de la ruta a El Naranjo, en La Libertad, Petén.

Tanto la PNC como el MP coinciden en que los Zetas llegaron a la finca en 12 vehículos tipo agrícola y, con armas en mano, reunieron a los trabajadores en la casa patronal.

Les exigieron revelar dónde se encontraba el dueño

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