El derecho a la salud

El derecho a la salud es un derecho irrenunciable y es la equidad en el acceso a la atención de salud, es un derecho fundamental que todo ser humano posee, el cual no tiene distinción de raza, religión, ideología política o estrato socio económico y cultural.

Este sistema esta dividido en dos, el sistema publico y el privado, el primero se refiere a la salud con acceso a todo público, el cual es mantenido por el estado.

El segundo es un sistema financiado por los privados y legislado por el estado.

Dentro de este, hay distintas entidades que proporciona el estado para beneficiar a la sociedad. Una de ellas es el AUGE (Acceso Universal de

Garantías Explícitas) que innova en cuanto a la posibilidad de reclamar o exigir las prestaciones que ella misma asegura, dándole a la salud un verdadero contenido de derecho humano. Otra entidad es la Seremi de Salud RM, quien es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sanitaria ambiental en las áreas de alimentos, aire, aguas, acústica, condición de seguridad de trabajadores, residuos domiciliarios e industriales, control y aplicación de plaguicidas, así como también en centros de salud, hogares de larga permanencia, farmacias, consultorios y clínicas. Pero en este servicio,

¿Hay realmente una acción frente a la salud ante los derechos vulnerados?

Actualmente no hay alguna organización que fiscalice la atención y el servicio de la salud, ante esto el gobierno responde que:

“Como parte de nuestra Institución, la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud fiscaliza que Fonasa e Isapres cumplan con otorgar a sus beneficiarios los derechos establecidos en la ley. Asimismo, la Intendencia de Prestadores de Salud hace lo propio con los prestadores institucionales (hospitales y clínicas) en cuanto al correcto funcionamiento del Sistema de Acreditación. Y con los prestadores individuales (médicos y dentistas, entre otros) en cuanto a la certificación de sus especialidades.”(Gobierno de Chile, Superintendencia de salud).

Esto ha provocado que los derechos vulnerados de los pacientes han sido derivados a los tribunales, que han tenido que resolver una gran índole de casos relacionados con este derecho humano, algunos de los cuales

muestran la importante conexión que él tiene con el derecho a la

vida.

En este sistema la fiscalización comprende un conjunto de actividades destinadas a auxiliar los derechos de los beneficiarios del sistema de salud público y/o privado.

No hay organización específica que fiscalice si es que los requisitos se están cumpliendo, y si es que hay alguna vulneración en la salud, teniendo en cuenta que la constitución dice:

“El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

Es deber preferente del estado garantizar las ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.” (CPR.Art.19,Nº9,D.O.24.10.1980)

Esto conlleva a que millones de personas sufren de falta de atención básica de sanidad, la parte de la población más afectada es de los bajos recursos, puesto que ellos desconocen sus derechos y se resignan a recibir una atención ineficiente. En las cuales esperan horas para ser atendidos, la infraestructura no es proporcional a la cantidad de pacientes, los recursos disponibles para darlos a la población de bajos recursos no alcanza

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