El proceso globalizador

Las tensiones que conlleva el proceso globalizador nos lleva a reflexionar sobre el rol del Estado; la concepción y definición del mismo están sujetas a la tensión de dos requerimientos: el individual y el colectivo. La cuestión ambiental tiene, quizás como ninguna otra, componentes de alta conflictividad en estos aspectos. El derecho de un empresario a desmontar su tierra tropieza con el deseo colectivo de proteger la biodiversidad presente en el ecosistema del bosque, prevenir la posible ocurrencia de inundaciones por falta de barreras naturales a la escorrentía del agua, y preservar el suelo de la erosión a la que será expuesto y que lo sustraerá al capital natural que hereden las futuras generaciones. Unos y otros reclaman al Estado la protección de sus derechos, el cual parece incapaz de generar reglas de juego colectivas aceptables.

En una sociedad cruzada por los procesos de globalización, Beck distingue entre los vectores locales y globales, convencido de la necesidad de una cooperación supranacional como instrumento de refuerzo del desarrollo y la estabilidad local. Frente a los valores del viejo Estado nacional, fuerte y jerarquizado, describe el ‘Estado cosmopolita’, autónomo pero abierto a la cooperación y a una cohesión internacional que, manteniendo la diversidad, amortigüe las tensiones de las diferencias.

En este sentido, en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el rol y las funciones del Estado se han visto modificados por los procesos de reformas macroeconómicas profundas de fines de los años ochenta y comienzos de los noventa, caracterizados por una estrategia de desarrollo orientada hacia los mercados externos, con una asignación de recursos determinada principalmente por el mercado y con una fuerte reducción del Estado en las actividades productivas de los países. Estas reformas fueron consecuencia directa de las reglas de juego establecidas por las organizaciones multilaterales bajo el control decisivo de las potencias dominantes en función a los intereses de estos últimos (Ferrer, 2004). La nueva estrategia de apertura comercial, estaba destinada a producir cambios en el uso de los recursos productivos a través de las variaciones en los precios relativos, actuando sobre la reasignación de recursos (principalmente naturales) en función a las ventajas comparativas, y llevando a las economías hacia un nuevo modelo de crecimiento liderado, fundamentalmente, por las exportaciones (Shaper, 1999).

En este marco de liberalización económica y comercial que se fue consolidando en el mundo, el Estado debió asumir un nuevo rol como participante económico y social. En la Argentina, la política de liberación comercial y apertura, las desregulaciones e incentivos a la producción, y la privatización de los servicios de infraestructura ligados a la actividad agraria coadyuvaron a la transformación productiva, situando al sector agropecuario argentino en los niveles competitivos del orden internacional (Sonnet, 1999), y produciendo al mismo tiempo una nueva política económica, la cual afectó el valor de la tierra, la asignación de los recursos y modificó los patrones de conservación del suelo. La producción agropecuaria siguió en manos de productores residentes, pero la cadena de agregación de valor y los paquetes tecnológicos estaban frecuentemente en manos de empresas extranjeras; esto trajo como consecuencia que la formación de ahorro, la capacidad de inversión y el desarrollo tecnológico fueran transferidos al poder decisorio de agentes económicos no residentes. La intensidad en el uso de los recursos naturales no disminuyó a pesar del surgimiento de nuevos modos de producción, por el contrario, continúa siendo “la base” sobre la cual se sustenta el desarrollo económico capitalista.

El sector agropecuario argentino, productor de bienes transables sujetos a la competencia internacional, registró en los noventa el impacto de la sobrevaloración del tipo de cambio y la modificación de los precios relativos. Pese a la caída de su participación en el PBI (del 10% al 5% en el transcurso de la década), la dotación de recursos naturales del país y la revolución tecnológica ampliaron los espacios de rentabilidad y permitieron la expansión de la superficie

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