Gestión Ambiental En Venezuela

INTRODUCCIÓN

En Venezuela se ha alcanzado un avance significativo en el diseño de políticas y mecanismos de planificación para la gestión ambiental, tendiente a articular las estrategias de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del ambiente en general. Este adelanto también incluye un marco normativo amplio que abarca materia civil, administrativa y penal del ambiente, fundamentado en la actual doctrina constitucional, donde se establece los derechos ambientales para la población, se promueve la participación ciudadana, mediante el ejercicio del poder popular, como principio de corresponsabilidad para garantizar un ambiente sano para las poblaciones presentes y futuras de la nación.

La política y gestión ambiental participativa en Venezuela tiene su punto de partida en el año de 1999, cuando se adopta un nuevo marco jurídico constitucional, promotor de cambios que conllevaron a una reforma política con implicaciones administrativas. Estos cambios se han fundamentado en la promoción y establecimiento de la participación ciudadana como Política de Estado en todos los ámbitos sociales y en especial en el de la gestión ambiental. Estos últimos aspectos desarrollados por la actual Constitución Nacional son de gran importancia, debido a que los programas de desarrollo con enfoque sustentable asumen la organización y participación ciudadana en relación con el ambiente, como elementos fundamentales en el logro de cambios significativos en los modelos de desarrollo local, regional y nacional, en los procesos de planificación y gestión pública y privada, así como en los valores ambientales de toda la ciudadanía.

En este sentido, el texto constitucional vigente en Venezuela, establece como preceptos el resguardo y conservación del ambiente y la participación ciudadana como parte de este proceso, lo cual ha originado que la Comisión Permanente del Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional, haya tenido como reto, crear nuevos instrumentos legales que cumplan con los mismos. Por su parte, las Instituciones rectoras en materia ambiental también, han asumido los cambios en el manejo del ambiente como variable o componente estratégico para el desarrollo de la nación desde la visión participativa.

Razones por las cuales, en este trabajo se expone una breve contextualización de la política y gestión ambiental desde el enfoque participativo en Venezuela, para ello se ha realizado una mirada histórica de los principales hechos que han marcado la política y gestión ambiental en el país desde su institucionalización en la década de los años 70, para entender los hechos actuales.

También, se han revisado los principales instrumentos legales que se han desarrollado para regular la materia ambiental y de participación ciudadana, con el propósito, de analizar tanto las fortalezas y debilidades del marco legislativo vigente en la temática, como la integración de estos elementos para cumplir con los preceptos constitucionales.

LA POLÍTICA AMBIENTAL EN VENEZUELA

En Venezuela la política ambiental se consolida a partir del año 1976, cuando el Estado venezolano promulga la Ley Orgánica del Ambiente y Ley Orgánica de Administración Central, que inciden directamente sobre toda la actividad pública y privada relacionada con el tratamiento políticoadministrativo y jurídico del ambiente y los recursos naturales renovables.

Sisco (2003) señala que la Ley Orgánica del Ambiente promulgada en junio de 1976 se realizó bajo las influencias de la Conferencia de Estocolmo de 1972, y con ella se consideró la creación de un ente rector en dicha materia por parte del Ejecutivo, lo que condujo en ese mismo año a la aprobación y promulgación de Ley Orgánica de la Administración Central, la cual recogió las reformas de la administración, entre ellas la creación y establecimiento de las funciones del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR).

Se presentaron discordancias entre la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica de Administración Central, en cuanto que la primera no previó el Ministerio del Ambiente, sino una Oficina Nacional del Ambiente, lo cual conllevó al Ejecutivo a convertir dicha oficina, en un ministerio a través de la segunda ley, con la finalidad de darle más importancia al ambiente, razón por la cual, en este mismo año fue creado el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), como órgano designado por el Ejecutivo Nacional para ejecutar las políticas en materia medio ambiental designadas por éste, dentro de los límites que establecía la Constitución Nacional de 1961 y las Leyes de la República. Ubicando este hecho a Venezuela como el primer país de América Latina en contar con un ministerio especial para el estudio, manejo, preservación del medio ambiente y la centralización y ejecución de los adelantos logrados en materia legislativa. (CENDES, 2008)

La política desarrollada por el MPPA desde su creación fue la de conservación de la fauna, flora y todos los recursos naturales de Venezuela,identificando y delimitando Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Sin embargo, el principal curso de acción del MPPA ha sido la provisión de fondos públicos para obras de saneamiento, no obstante, la gestión ambiental conjunta que incorporó a empresas privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) nunca ha recibido recursos humanos y financieros suficientes para cumplir con sus funciones eficientemente.Igualmente, el autor señala que la política ambiental venezolana se ha caracterizado por la aplicación de controles directos y que cualquier experiencia en instrumentos económicos es escasa y aislada; como consecuencia, la gestión del ambiente se apoya en el cumplimiento de una extensa y compleja legislación. Así mismo, enfatiza que la política ambiental en Venezuela registró un cambio considerable en las últimas dos décadas del siglo XX, pasando de intentos conservacionistas al uso racional de los recursos naturales como parte de políticas de desarrollo del gobierno. Los objetivos ambientales y las estrategias políticas fueron más independientes con la elaboración del Sexto Plan de la Nación de 1990, el cual incorporó la posibilidad de emplear impuestos piguvianos para la gestión ambiental.

Con la promulgación de la Constitución Nacional de 1999, la política ambiental venezolana se redefine con nuevos lineamientos, pues el actual marco jurídico constitucional generó un cambio cualitativo importante para superar la problemática

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