Identificación y análisis de los principales elementos de la etapa de la investigación preliminar

PROBLEMÁTICA

El investigar un hecho presuntamente irregular, acontecido en el desempeño o con ocasión de la función pública, ha adquirido relevancia en nuestro ordenamiento jurídico administrativo a pesar de no encontrarse expresamente regulada en la Ley General de la Administración Pública, Nro. 6227.

Es Precisamente, esa ausencia de regulación, lo que ha provocado una serie interminable de dudas, malentendidos y yerros en la instrucción de investigaciones por parte de los involucrados en el tema, funcionarios públicos en general, funcionarios de las auditorías internas y de otro tipo de unidades de investigación administrativas. Esta carencia de un marco regulatorio se ven superadas en alguna medida a través del estudio de una abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional y de varios pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, logrando con ello clarificar los pormenores de este trascendente instrumento para los efectos no sólo de la salvaguarda y restitución de la legalidad y de la Hacienda Pública; sino de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos potencialmente infractores.

En resumen, no existe normativa legal que regule la investigación preliminar, no obstante a ser esta una potestad implícita de la Administración, dicho vacío ha sido subsanado a través de principios derivados de diversa jurisprudencia judicial y criterios vinculantes emitidos por la Procuraduría General y la Contraloría General de la República.

OBJETIVOS

Identificar y analizar los elementos esenciales de la etapa de investigación preliminar, en el procedimiento administrativo ordinario disciplinario, así como del procedimiento para depurar responsabilidades y tramitar nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, conforme a las tendencias modernas que operan técnica y jurídicamente en estos campos.

CONCEPTOS BASICOS

1. Función Pública.

2. Las personas sujetas a este instrumentos (funcionarios públicos), y por último.

3. Los fenómenos que principalmente se pretenden combatir: la negligencia y/o la corrupción en la función pública.

FUNCIÓN PÚBLICA:

Existe diversos conceptos o posiciones de lo que podría entenderse como función pública, pero para efectos de la presente tesis, sostendremos lo señalado por la Procuraduría General de la República en su dictamen Nro. C-192-2008 del 4 de junio de 2008:

La función pública correctamente desempeñada, implica darle cumplimiento al deber de probidad, previsto en el artículos 3º de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, el cual determina que todo funcionario público se encuentra obligado a demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, el ajustar sus atribuciones a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y a administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia; de lo contrario, será sancionado de conformidad con el artículo 4° de esa misma ley.

Así mismo, los deberes de la función pública son en esencia un conjunto de principios y obligaciones que deben cumplir y respetar en todo momento los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. (Delitos Funcionales-Guía de Investigación de Warner Molina Ruiz, 2009).

FUNCIONARIO PÚBLICO

De conformidad con lo anterior, funcionario público será aquella persona encargada de ejercer las funciones atribuidas al Estado en virtud de un mandato constitucional y/o legal.

En concordancia con el artículo 111 de la Ley General

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