LAS FINANZAS PÚBLICAS DE FAMILIAS EN ACCIÓN

Nombres: Andrés Felipe Fajardo Vásquez.

Economía y Finanzas Públicas

Centro de Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo – CIDER

Avance ensayo grupal

Septiembre 28 de 2015

LAS FINANZAS PÚBLICAS DE FAMILIAS EN ACCIÓN

Introducción.

Durante la década de los noventa, Colombia atravesó por una situación particular, caracterizada por una fuerte crisis y por la implementación de una serie de medidas que pretendían mitigar sus efectos adversos. Así, se vivieron numerosas transformaciones de tipo económico, político y social, que modificaron drásticamente el panorama general del país

Tal situación supuso unos altos índices de pobreza, una tasa de desempleo creciente y un sistema financiero en crisis, en donde “los efectos de estos cambios sumados a un contexto internacional turbio, aumentando la aversión al riesgo y con esto una salida de capitales en las economías emergentes derivaron en la peor crisis económica en Colombia desde la registrada en 1930”^[1] 

Esta situación afectó fuertemente al grueso de la población colombiana, que se vio en la necesidad de emprender acciones para buscar hacerse a unas mejores condiciones de vida.  Las familias más pobres optaron por introducir al mundo laboral a los miembros más jóvenes quienes, usualmente, atravesaban la edad escolar; otra opción, fue reducir al máximo el consumo, traducido en la disminución de inversión en alimentos y otros bienes básicos necesarios para subsistir^[2].

Las medidas implementadas por cada familia no fueron ni remotamente suficientes para solventar la grave situación que atravesaban los colombianos, en parte, porque no atacaban la verdadera causa del problema, sino que suponían paliativos temporales a una crisis estructural. Se hace necesaria entonces intervención activa del Estado como autoridad nacional, que debe garantizar a su ciudadanía condiciones propicias para su desarrollo, por medio del cumplimiento de unos fines esenciales, a saber: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo^[3].

Con este objetivo en mente, se implementó el programa denominado Familias en Acción, que busca contribuir a la formación de capital humano de la población que se encuentra en extrema pobreza; éste constituirá el foco de análisis de este ensayo, entendiéndolo como un mecanismo a través del cual el Estado interviene para solventar una problemática de interés común.

De modo que, a lo largo de este texto, se analizará el caso de Familias en Acción como mecanismo de intervención estatal, definiendo de forma general la operación del programa, y ahondando en cómo se financia, para finalmente, determinar el rol que juegan las finanzas públicas en su implementación. Para lograr lo anterior, se procederá, inicialmente, a entender el rol del ente estatal como actor interventor, los antecedentes del programa,  luego se describirá el programa y su funcionamiento básico, haciendo énfasis en cómo se financia esta política de Estado; posteriormente, se determinará cuál es la función de la económica pública en ese marco, y finalmente, de considerarse necesario, se procurará hacer una serie de recomendaciones en torno al diseño o rediseño de la iniciativa en cuestión, teniendo en cuenta si la forma de financiarla y administrarla es la más eficiente.

Rol del ente estatal.

Como ya se mencionó, se iniciará este análisis desde el Estado y su rol. Cuando se habla de un agente estatal de largo alcance, que ve la necesidad de intervenir de forma activa para solventar problemáticas que aquejan a la población, es imperativo referirse a Maynard Keynes y sus postulados teóricos; éste propone ampliar las funciones que le atañen al Estado, con tal de promover lo siguiente: le generación de empleo, la reactivación económica, la redistribución de la riqueza, la solución a los problemas de inequidad, entre otros.

En ese marco, el Estado está llamado a cumplir con cuatro (4) actividades básicas:

a) La producción de bienes y servicios; b) la regulación y la concesión de subvenciones a la producción privada; c) la compra de bienes  y servicios, desde misiles hasta recogida de basura; y d) la redistribución de la renta, es decir, la realización de transferencias, como las prestaciones por desempleo.^[4] 

Aterrizando estas ideas, al caso que incumbe a este ensayo, se entiende que si bien Familias en Acción no constituye una prestación por desempleo, si se considera una subvención otorgada a población en situación de pobreza, lo que desde esta perspectiva se entiende como un mecanismo de distribución de la riqueza, pues aporta activamente al aumento de las posibilidades que éstas tienen de crecimiento. De modo que esta última actividad, la referida a la redistribución de la renta, enmarca lo que implica la Política Pública que se quiere analizar a lo largo del ensayo.

Ahora bien, habiendo desarrollado un primer bosquejo del rol del Estado intervencionista, es necesario entrar en el detalle del programa que es foco de análisis de este ensayo. Como ya se mencionó, Familias en Acción tiene como objetivo principal proteger y promover la formación de capital humano en las familias en extrema pobreza, a través del otorgamiento de subsidios condicionados a la asistencia escolar y al desarrollo de acciones de cuidado de la salud y la nutrición en poblaciones menores de 18 años pertenecientes a los hogares del nivel 1 del Sisben^[5].

La iniciativa se desplegó, a partir de un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó al Estado colombiano en el año de 1999, condicionado a la realización de evaluaciones de impacto, con el fin de rectificar que el aporte que esta organización internacional hacía, tenía los efectos esperados en la población objetivo: la formación de capital humano.

Esta iniciativa, hace parte integral de la estrategia de Reducción de la Pobreza y Promoción de la Equidad y tiene como objetivos específicos:

1. Complementar el ingreso de las familias con niños menores de 18 años, incentivando la formación de capital humano a través de:

1. El consumo de alimentos, la incorporación de hábitos nutricionales y acciones de cuidado de la salud y seguimiento nutricional a los menores de 7 años.
2. La asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación básica (en municipios de menos de 100 mil habitantes) y educación secundaria y media.

1. Servir inicialmente como eje articulador en la fase de implementación de la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema Pobreza – JUNTOS, integrándose de manera complementaria y coordinada al conjunto de la oferta y a la estrategia de intervención integral con enfoque de promoción social de la Red, de conformidad con los lineamientos del CONPES Social 102^[6].

Para el año 2001 el Gobierno Nacional, a partir de la necesidad de realizar evaluaciones de impacto, por medio de lineamientos de la banca multilateral, construyo su propia oficina de evaluación de política, donde su objetivo era brindar información útil y confiable para los gerentes públicos y entidades ejecutoras con el propósito de identificar los avances en materia de impacto social, la forma en que los recursos públicos se invierten y los mecanismos  que el Estado utiliza para distribuir el gasto público en el programa.

El Programa ha demostrado tener un impacto importante en el cuidado de la salud, el consumo alimenticio, el crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años en las zonas rurales y urbanas; así como en el aumento de la asistencia escolar de los jóvenes entre los 12 y años, convirtiéndose en un elemento esencial en la estrategia de protección social.

Los antecedentes del programa.

El programa Familias en acción (FA) se construyó y puso en marcha como un mecanismo para dar respuesta a los efectos ocasionados por la situación económica de finales de 1990. Su propósito principal era proteger y promover la formación de capital humano en familias donde la pobreza extrema era evidente, por medio del otorgamiento de subsidios condicionados a la asistencia escolar y el desarrollo de quehaceres de protección a la salud y la nutrición en poblaciones menores de 18 años pertenecientes a los hogares de nivel 1 del  Sisben.^[7]

Este programa ha evidenciado tener un impacto real en el cuidado de la salud, el consumo alimenticio, el crecimiento y desarrollo y el estado nutricional de los niños menores de 5 años en zonas rurales; igualmente el aumento del apoyo escolar de jóvenes entre los 12 años de zonas urbanos, convirtiéndose en la estrategia de protección social más importante.^[8] 

Por medio de los  buenos resultados obtenidos durante los primeros años de ejecución^[9] permitieron que el  Gobierno Nacional la adoptará como el eje vital en la estrategia de reducción de la pobreza y promoción de la igualdad vislumbrada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”.

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