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Leyes Federales


Enviado por   •  26 de Agosto de 2013  •  10.938 Palabras (44 Páginas)  •  330 Visitas

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CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2012, SUSCITADA ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.

ELABORÓ: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.

Vo.Bo.

MINISTRO

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil doce.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

cotejó

PRIMERO. Mediante oficio número ********** recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de febrero de dos mil doce, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo laboral**********, frente al criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del recurso de revisión fiscal**********.

SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil doce, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la contradicción de tesis denunciada, la registró con el número de expediente 93/2012 y solicitó a su homólogo en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, copia certificada de la resolución recaída al recurso de revisión fiscal***********; asimismo, en el propio acto, turnó el asunto a la Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas y se ordenó dar vista a la Procuradora General de la República para que, de estimarlo conveniente, formulara su pedimento, mismo que fue presentado el día diecisiete de mayo de dos mil doce.

TERCERO. Remitida la copia respectiva y encontrándose debidamente integrado el expediente de mérito, por acuerdo de nueve de abril de dos mil doce se determinó que la Segunda Sala de este Alto Tribunal se avocara al conocimiento de la presente contradicción de tesis y se ordenó la devolución de los autos al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis .

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima .

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo**********, sostuvo lo siguiente:

“SÉPTIMO. Los conceptos de violación son por una parte, infundados y en otra fundados, suplidos en su deficiencia.

(…)

En primer lugar, debe puntualizarse que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2ª./J.53/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 711, del rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA”, sin embargo, en el caso no cobra aplicación, por las razones siguientes:

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos establece: (Se transcribe).

Del citado numeral se desprende que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; que los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y que si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solamente estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiera promovido.

Importa destacar igualmente el contenido de los artículos 1, 2, 7, 10, 12 y 49 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil once, que disponían: (Se transcriben).

De los dígitos transcritos se desprende, que la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está compuesta entre otras, por la Dirección de Seguridad Pública, la que para su funcionamiento cuenta con personal que realiza actividades de tipo operativo o de policía, catalogados como trabajadores de confianza, mientras que otros ejercen funciones de tipo administrativo, considerados como empleados de confianza o de base, de conformidad con el nombramiento correspondiente, a quienes para la aplicación de las medidas disciplinarias debe tomarse en consideración el Reglamento Sobre las Condiciones Generales de Trabajo del ayuntamiento municipal demandado.

Por otro lado, debe puntualizarse que la citada clasificación de personal administrativo o de servicio y personal operativo fue retomada en el nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vigente a partir del veintinueve de diciembre de dos mil once, como se advierte del contenido de los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19, fracción XXVIII, 39, 44, 74, 91, 92 y 93, los cuales se transcriben a continuación. (Se transcriben).

Lo transcrito pone de relieve que la Dirección de Seguridad Pública Municipal forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que las relaciones jurídicas entre el personal operativo (persona física que realiza funciones operativas o de policía) y la Secretaría de mérito se regirán por los artículos 21 y 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, mientras que las relaciones de carácter administrativo entre el personal de servicio (persona física que realiza actividades administrativas) y la Secretaría en comento, se regirán por las condiciones generales de trabajo del ayuntamiento demandado.

También dispone que el Director de Seguridad Pública tiene la facultad para realizar los cambios de adscripción, comisión y asignación de servicios de los elementos operativos y de los de servicios con el fin de distribuir en forma eficiente el recurso humano, las obligaciones que tiene el personal operativo, la organización jerárquica policial, la conclusión y los recursos que pueden interponer las personas afectadas por las resoluciones dictadas con motivos de la aplicación del reglamento.

En ese contexto, tomando en consideración lo dispuesto por el precepto constitucional y las disposiciones legales transcritas, así como las constancias destacadas con antelación, se advierte que si bien es verdad que el peticionario de garantías **********prestó sus servicios en la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también lo es que lo hizo como personal de servicio, al tener funciones de Coordinador Administrativo de la citada dirección, las cuales no son de carácter operativo o de policía, atendiendo a la clasificación contenida en el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, vigente en la fecha del despido, y retomado en el nuevo reglamento interno, transcritos con antelación.

Por consiguiente, al no realizar el quejoso actividades de naturaleza operativa o de policía, se llega a la conclusión que no forma parte propiamente del cuerpo de seguridad pública del ayuntamiento demandado y, por ende, no le resulta aplicable el contenido de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues al no realizar actividades de protección y seguridad, esto es, de policía, su relación con el hoy tercero perjudicado no fue de naturaleza administrativa, sino de índole laboral, toda vez que se trata de un empleado distinto de los enumerados en la citada fracción, lo que implica que la relación que lo unía con el demandado, se encontraba regido por la norma general establecida en la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna y, por consiguiente, sí opera en favor del quejoso, la suplencia de la queja deficiente a que alude la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J.135/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 337, que dispone:

“TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE SUS TITULARES.” (Se transcribe).

Al respecto cabe precisar la existencia del criterio contenido en la tesis 1.7o.A.748 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2430, del tenor siguiente:

“TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. AL ESTAR SUJETOS A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDEN RECLAMAR LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES, ANTE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.” (Se transcribe).

De acuerdo con el criterio transcrito, en tratándose de trabajadores administrativos adscritos a las instituciones policiales, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que esa clase de empleados, al igual que los policías judiciales, están sujetos a un régimen especial donde no pueden reclamar la posible afectación de derechos laborales, por lo que, ante su remoción, considera que procede el juicio de nulidad, toda vez que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional se refiere genéricamente a miembros de las instituciones policiales, sin hacer especificación alguna respecto del empleo cargo o comisión que desempeñen.

La ponderación que precede no se comparte, toda vez que si bien es verdad el dígito constitucional en comento en forma general alude a que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, sin hacer distinción entre el personal operativo o administrativo que laboran en las corporaciones de seguridad pública, sin embargo, no necesariamente dicho dispositivo debe interpretarse literal o gramaticalmente, como lo hizo el tribunal colegiado de mérito, pues frente a la insuficiencia u oscuridad de la norma, el juzgador se encuentra en aptitud de utilizar los diversos mecanismos de interpretación, como son el histórico, lógico, sistemático, entre otros, para la resolución adecuada del caso concreto.

Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis 1a. XI/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 653, del rubro y texto siguiente:

“LEYES CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.” (Se transcribe).

Además, en la jurisprudencia que quedó transcrita con antelación, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País realizó una interpretación teleológica de los numerales 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 124-B de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 13 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y estableció que los trabajadores administrativos de las dependencias encargadas de la seguridad pública, al no realizar funciones de policía, no formaban parte propiamente de esas instituciones y por ello, la relación que los une con la Federación, Estado o Municipios, no era de naturaleza administrativa, concluyendo que los conflictos surgidos con motivo de esa relación eran de índole laboral.

Es decir, el concepto de policía se relaciona con la actividad del Estado de vigilar el respeto a la ley para preservar el orden en la sociedad, lo que implica todo acto tendente a garantizar la tranquilidad de los gobernados, por ende, para establecer si determinadas funciones corresponden a una institución policial deben tomarse en cuenta los objetivos perseguidos con ellas, los cuales deben vincularse al orden público y la seguridad que debe existir, inclusive, en las vías públicas y, además, en el interés de la sociedad para que se hagan respetar los ordenamientos de la materia.

Al respecto cobra aplicación, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 99/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 398, que dispone:

“AGENTES DE SEÑALAMIENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COLIMA. SU RELACIÓN JURÍDICA CON ESA DEPENDENCIA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, Y DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE AQUÉLLA DEBE CONOCER EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.” (Se transcribe).

De lo que se sigue, que para establecer si un trabajador de las instituciones policiales puede reclamar la posible afectación de derechos laborales, debe atenderse a las funciones que desempeña dentro de la citada dependencia de seguridad pública, contrariamente a lo sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues acorde con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, los trabajadores al servicio del Estado que deben sujetarse a sus propias leyes para dirimir sus controversias con el Estado, son los que realizan funciones de protección y seguridad, esto es, aquellos que actúan en actividades de servicio que tienden a salvaguardar y proteger el orden público y el bienestar de la sociedad, por tanto, para establecer si ese tipo de empleado queda excluido de sujetarse a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o, en su caso, a la ley burocrática local, debe realizarse la interpretación teleológica del citado artículo constitucional, en relación con las disposiciones secundarias aplicables al caso concreto y no únicamente ponderar en forma aislada el cardinal de la Carta Magna.

Por lo anterior, no se comparte el criterio antes citado, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por conducto del Presidente de este tribunal, procede denunciar la posible contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(…)”

CUARTO. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal**********, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

“QUINTO. Los agravios son inoperantes en una parte, infundados en otra y fundados en lo restante.

(…)

Los razonamientos relatados son infundados.

A efecto de poner en evidencia lo anterior es pertinente tomar en cuenta el contenido del artículo 123, apartado B, fracciones XIII y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales se advierte lo siguiente: (Se transcribe).

De la fracción XIII del artículo transcrito se desprende que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Asimismo, de dicha fracción se establece que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

De la fracción XIV del artículo transcrito se desprende que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza; siendo que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Ahora bien, en el caso, **********, actor en el juicio de nulidad, exhibió diversos medios probatorios, entre los que se encuentran diversos oficios, memorandos, credencial de empleado, recibos de pago y constancia del seguro de separación individualizado (fojas 30 a 43), de las cuales se advierte que éste laboraba para la Procuraduría General de la República como Subcoodinador de Servicios, lo cual inclusive es reconocido por la demandada en su contestación de demanda y en su contestación a la ampliación de la misma.

De lo anterior se puede concluir que **********tenía un cargo de carácter administrativo en una institución policial como lo es la Procuraduría General de la República, por lo que con independencia de las funciones que realizaba, esto es, de confianza o de base, se encuentra sujeto al régimen especial que prevé la fracción XIII, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, los miembros de las instituciones policiales, como lo es el actor, son empleados públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con los principios del derecho internacional en la materia, particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre La Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 17 de junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre La Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de militares, marinos, cuerpos de seguridad pública en los derechos laborales, como también se les excluyó de los derechos de estabilidad por las características peculiares de sus servicios públicos cuyo objeto es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se susciten para el Estado.

Por ende, la relación jurídica entre el Estado y un miembro de las instituciones policiales no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza.

Sustenta lo anterior, la tesis aislada de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Abril de 2010, página 414, tesis 1a. LXXIV/2010, cuyo rubro y texto son: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA.” (Se transcribe).

En ese orden de ideas, el Máximo Tribunal del país ha sostenido en diversos criterios que la relación existente entre los agentes de policía federal y el Estado es de naturaleza administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Criterio que le es aplicable al actor, toda vez que si bien éste no es un policía judicial federal (sino Subcoodinador de Servicios Procuraduría General de la República), lo cierto es que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, alude a “miembros de las instituciones policiales” de manera genérica, sin hacer especificación alguna respecto del empleo, cargo o comisión desempeñado en la corporación policial, como lo es la citada Procuraduría.

Al caso es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Novena Epoca, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Diciembre de 2002, página: 246, tesis 2a./J. 129/2002, cuyo rubro y texto con del tenor literal siguiente: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.” (Se transcribe).

Asimismo, es aplicable la tesis aislada de la Novena Epoca, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Diciembre de 1998, página 429, tesis 2a. CLXI/98, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.” (Se transcribe).

Aunado a lo anterior, es oportuno dejar asentado que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece, específicamente en sus artículos 50 y 51, un sistema de responsabilidades complementario al general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el cual se establecen obligaciones a cargo de los miembros pertenecientes a la mencionada corporación judicial federal.

En la especie, el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, esto es, el oficio **********de dieciocho de julio de dos mil ocho, emitido por el Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República se sustentó en el artículo 51 (foja 91) de la ley orgánica de dicha institución.

Por tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a dicho tribunal conocer del juicio de nulidad que se promueva contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo cual se surte en el caso, pues el oficio controvertido en el juicio de nulidad constituye una resolución definitiva que se fundamentó en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece un sistema de responsabilidades complementario al general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En consecuencia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de un juicio de nulidad donde el acto combatido constituye una resolución que tiene por terminados los servicios de un miembro perteneciente a una institución policial, derivado de una resolución definitiva que tiene su origen en una sanción impuesta por virtud de un sistema de responsabilidades complementario al general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

(…)”

De dicho precedente derivó la tesis I.7ºA.748 A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en febrero de dos mil once, tomo XXXIII, página dos mil cuatrocientos treinta (registro 162681), cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

“TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. AL ESTAR SUJETOS A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDEN RECLAMAR LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES, ANTE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en la jurisprudencia 1a./J. 106/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 372, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA.", que la relación jurídica entre el Estado y un agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza. Por otra parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal reiteró en la tesis 2a./J. 129/2002, localizable en el citado medio de difusión y época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 246, de rubro: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", que la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa. En ese orden de ideas, al igual que los policías judiciales, los trabajadores administrativos adscritos a las instituciones policiales federales están sujetos a un régimen especial donde no pueden reclamar la posible afectación a derechos laborales, por lo que, ante su remoción por responsabilidad administrativa procede el juicio de nulidad, puesto que el mencionado artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, se refiere a "miembros de las instituciones policiales" genéricamente, sin hacer especificación alguna respecto del empleo, cargo o comisión que desempeñen.”

QUINTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre tribunales colegiados de circuito, al señalar lo siguiente:

“ARTÍCULO 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

[…]”

“Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.

[…]

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias…”.

Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico. Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

No pasa inadvertido para esta Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar competencia en el conocimiento de las contradicciones de tesis sustentadas entre los tribunales colegiados de circuito a los denominados “Plenos de Circuito”; empero, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los citados Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los tribunales colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

Sentado lo anterior, debe precisarse que el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que para que se configure una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito es menester que exista contradicción de criterios donde se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y los órganos jurisdiccionales hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean.

Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 72/2010 del Tribunal Pleno, publicada en la página siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, con el rubro que enseguida se reproduce: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.

Ahora bien, es necesario tener presente los antecedentes que rigen los asuntos de lo que derivan los criterios que contienden en la presente contradicción de tesis:

Amparo directo *********

1. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil ocho, en la Oficialía de Partes del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, **********, demandó del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre otras prestaciones, la reinstalación en el puesto que desempeñaba dentro de la Dirección de Seguridad Municipal y el pago de los salarios caídos.

2. El uno de septiembre de dos mil once, el Tribunal Laboral emitió el laudo respectivo, en el que, por una parte, absolvió a la parte demandada de la prestación principal –reinstalación- y de algunas de las accesorias reclamadas, y condenó al pago de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil ocho, salarios devengados y no pagados, correspondientes al periodo comprendido del uno al quince de febrero de dos mil ocho, vacaciones correspondientes al año dos mil siete y proporcional al año dos mil ocho, prima vacacional respecto al año dos mil siete y proporcional de dos mil ocho, el reconocimiento de antigüedad como trabajador de confianza.

3. Inconforme con dicha resolución, mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil once, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la parte actora solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.

4. En sesión de veintitrés de febrero de dos mil doce, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito concedió el amparo solicitado . Las consideraciones que sustentan el fallo protector, parten de la premisa de que el quejoso, por realizar funciones administrativas dentro de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, se rige por el artículo 123, Apartado B, fracción XIV, constitucional y no por la fracción XIII, al no desempeñar funciones de policía y, por tanto, la relación que existe entre el Municipio y éste es de naturaleza laboral.

Revisión Fiscal *********

1. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil ocho, **********demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la nulidad de la resolución administrativa por la que se dio por terminada su relación de trabajo con la Procuraduría General de la República como Subcoordinador de Servicios Especializados dentro del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate contra la Delincuencia –órgano administrativo desconcentrado de la citada procuraduría-.

2. La Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa registró la demanda con el número de juicio**********; asimismo, el doce de febrero de dos mil diez dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada.

3. Inconforme con la resolución anterior, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República interpuso recurso de revisión fiscal, el cual por razón de turno tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo con el número de expediente R.F.**********.

4. En sesión de veintisiete de octubre de dos mil diez, el órgano jurisdiccional del conocimiento declaró fundado el recurso interpuesto por la autoridad administrativa. Dentro de las consideraciones que sustentan la resolución de mérito, el tribunal colegiado sostuvo que la relación que sostenía **********con la Procuraduría General de la República se regía por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, puesto que, aun cuando las actividades que realizaba el actor dentro de la citada institución eran netamente administrativas, la Procuraduría General de la República era una institución policiaca.

En este sentido, puede decirse que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, examinaron una cuestión jurídica esencialmente igual, consistente en determinar si, todos los miembros de las instituciones policiales, por el solo hecho de pertenecer a éstas, se sujetan a lo contenido en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, o si bien, aun cuando la función se desempeñe dentro una institución policiaca, el régimen de excepción previsto en el precepto constitucional citado sólo se aplica a las miembros que efectivamente ejerzan funciones de policía y, en consecuencia, aquellos miembros que realicen actividades meramente administrativas, se sujetarán a normas de carácter laboral.

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo**********, sostuvo que el quejoso, al no realizar actividades de naturaleza operativa o de policía, no forma parte propiamente del cuerpo de seguridad pública del ayuntamiento demandado y, por ende, no le resulta aplicable el contenido de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues al no realizar actividades de policía, su relación no es de naturaleza administrativa, sino de índole laboral.

Es decir, estableció que, para establecer si un trabajador de las instituciones policiales puede reclamar la posible afectación de derechos laborales, debe atenderse a las funciones que desempeña dentro de la citada dependencia de seguridad pública, puesto que acorde con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, los trabajadores al servicio del Estado que deben sujetarse a sus propias leyes para dirimir sus controversias con el Estado, son los que realizan funciones de protección y seguridad, esto es, aquellos que actúan en actividades de servicio que tienden a salvaguardar y proteger el orden público y el bienestar de la sociedad.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que todos los miembros de las instituciones policiales son empleados públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo; así, la relación jurídica entre el Estado y un miembro de las instituciones policiales no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza.

En mérito de lo anterior, es inconcuso que los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que participan en la presente contradicción, examinaron cuestiones jurídicas iguales y adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, dándose dicha diferencia de criterios en las consideraciones de las sentencias respectivas, lo cual permite concluir que en la especie sí existe la oposición de criterios denunciada.

Sin que sea óbice a lo anterior, que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito haya partido de una premisa errónea, puesto que, contrario a lo sustentado por dicho órgano jurisdiccional, la Procuraduría General de la República no es una institución policial de las señaladas en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, puesto que sus funciones son esencialmente la procuración de justicia dentro del sistema de seguridad pública.

El propio artículo 5º de la Ley Reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Seguridad Pública –Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- , diferencia a las instituciones de procuración de justicia de las instituciones policiales, definiendo a las primeras como “a las instituciones de la Federación y entidades federativas que integran el Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél”, mientras que, las instituciones policiales serán “los cuerpos de policía, vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigo; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares.”

Aunado a lo anterior, el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, circunscribe dentro de los servidores públicos sujetos al régimen de excepción a los Ministerios Públicos, a la Policía Federal Ministerial y a los peritos adscritos a la Procuraduría General de la República, por lo que aquellos miembros que no ocupen dentro de la citada institución los multicitados cargos no se encuentran sujetos al régimen especial señalado y, por tanto, mantienen una relación de naturaleza laboral; además, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4 , establece aquellos servidores públicos que en dicha institución serán considerados Ministerios Públicos para efectos de las normas aplicables a su cargo y que, por tanto, estarán sujetos al régimen de excepción previsto en el multicitado precepto constitucional.

Sin embargo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró equivocadamente que el actor dentro del juicio contencioso**********, **********, al desempeñarse como Subcoordinador de Servicios Especializados dentro del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate contra la Delincuencia, órgano administrativo desconcentrado de la Procuraduría General de la República, mantenía una relación de carácter administrativo con la citada Procuraduría circunscrita en las condiciones excepcionales previstas en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, puesto que lo calificó como miembro de una institución policial, cuando, como se ha especificado con antelación, la Procuraduría General de la República no comparte esa naturaleza y dentro de la institución de procuración de justicia no desempeñaba funciones de Ministerio Público, policía ministerial ni perito adscrito.

Expuesto lo anterior, es menester puntualizar que el Pleno de este Alto Tribunal, ha sostenido que aun cuando los criterios emitidos por los tribunales colegiados de circuito contendientes, sean erróneos o inaplicables, es necesario resolver el punto de contradicción, en virtud de que el objetivo fundamental de dicho procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia que se dicte para tal efecto, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, unificando la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica .

Asimismo, esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, para efectos de determinar la existencia de una contradicción de tesis, es necesario se cumplan dos requisitos :

1. Los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

En la especie, ambos tribunales ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo y, dentro de dicho ejercicio, existieron razonamientos en torno a un mismo tipo de problema jurídico (determinar si todos los miembros de las instituciones policiales, por el solo hecho de pertenecer a éstas, se sujetan a lo contenido en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, o si bien, sólo se aplica a las miembros que efectivamente ejerzan funciones de policía y, en consecuencia, aquellos miembros que realicen actividades meramente administrativas, se sujetaran a normas de carácter laboral). Lo anterior, sin que sea impedimento que uno de los tribunales haya partido de una premisa errónea, puesto que al existir pronunciamiento expreso de los dos órganos jurisdiccionales sobre el mismo punto jurídico en sentido contrario, es indispensable que este Alto Tribunal se pronuncie en el fondo de la litis que le compete, a fin de otorgar seguridad jurídica en nuestro sistema nacional.

Así, el punto concreto de contradicción que corresponde dilucidar a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si, todos los miembros de las instituciones policiales, por el solo hecho de pertenecer a éstas, se sujetan a lo contenido en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, o si bien, aun cuando la función se desempeñe dentro una institución policiaca, el régimen de excepción previsto en el precepto constitucional citado sólo se aplica a las miembros que efectivamente ejerzan funciones de policía y, en consecuencia, aquellos miembros que realicen actividades meramente administrativas, se sujetarán a normas de carácter laboral.

SEXTO. Para estar en aptitud de resolver la contradicción de tesis que nos atañe, es menester tener presente, en primer término, la evolución que ha tenido el artículo 123 constitucional, puesto que en dichos términos será posible desentrañar la verdadera interpretación de dicho numeral, en su Apartado B, fracción XIII, y así, establecer los parámetros a que deberá sujetarse la aplicación de dicho régimen de excepción.

Bajo ese contexto, el texto original del artículo 123 constitucional no contenía división alguna en los apartados que al día de hoy rigen el ámbito laboral dentro de nuestro sistema jurídico, es decir, que no se hacía distinción alguna entre los trabajadores al servicio de particulares o al servicio de los gobiernos, constituyéndose así un principio de igualdad en las condiciones que regirían toda relación de trabajo; empero, la condición de servidor en la función pública se mantuvo bajo los lineamientos de naturaleza administrativa, hasta la reforma a la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta.

La exposición de motivos que medió a la referida reforma constitucional, esencialmente sostuvo:

• Que si bien es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, también lo es, que el trabajo no es una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre, de ahí que deba ser siempre legalmente tutelado y promover para los servidores públicos las garantías sociales contenidas en el artículo 123 constitucional.

• Que la adición del Apartado B comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares: jornada máxima, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, sistema de escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.

Así, el objeto de la reforma constitucional de mil novecientos sesenta se resume en brindar una debida protección a los trabajadores al servicio del Estado, es decir, con independencia de la calidad jurídica del patrón –particular o Estado- se buscaba establecer una base de defensa a los derechos humanos laborales protegidos por el texto original del artículo 123 de la Constitución Federal .

Por su parte, los dictámenes de la Cámara de Senadores y de Diputados publicadas el diez y veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, respectivamente, determinaron que eran justificadas las adiciones al artículo 123, materia de la iniciativa, puesto que se enriquecen las garantías sociales que la propia Carta Magna consagra y se elevan en esa misma categoría jurídica, disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando al poder público en sus relaciones con ellos; asimismo, se procura el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares al adoptar bases mínimas de seguridad social.

Con fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 123 constitucional, a fin de expresar claramente en el primer párrafo de dicho precepto, que el trabajo es un derecho fundamental protegido y garantizado por la propia Constitución y, su propósito, es constituir un sistema normativo que organice y vele por “la actividad productiva del hombre que vive de su trabajo, con independencia del vínculo jurídico que lo subordine necesariamente a la figura de un patrón determinado, pues no puede desconocerse, en una sociedad de economía mixta, que el hombre de trabajo, en tanto cuenta solamente con su propia actividad como medio para subsistir, aunque no esté subordinado a un patrón, siempre lo estará al imperio de la economía…” , es decir, con la reforma de mérito se eleva a nivel constitucional una garantía no de índole individual, sino social, puesto que es obligación del Estado y de la misma sociedad, configurar las condiciones óptimas en el desarrollo del empleo.

El ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, es publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma constitucional, cuya exposición de motivos que rigió la modificación del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en lo esencial dispuso:

 Que es indispensable establecer un marco constitucional que permita, por una parte, cumplir con el objeto de los sistemas de carrera de las instituciones de seguridad pública y, por la otra, contar con los mecanismos necesarios para remover libremente a aquellos servidores públicos que no cumplan con los requisitos de permanencia que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en el cargo.

 Que en la legislación secundaria habrán de mantenerse, por una parte, las ventajas que ofrecen los sistemas de carrera en lo relativo a la selección, ingreso, formación, capacitación, profesionalización, desarrollo, actualización, promoción, reconocimiento y separación de los miembros de las instituciones de seguridad pública y policiales y, por la otra, regular la libre remoción de quienes hubieran dejado de cumplir con requisitos de permanencia para el servicio.

 Que, de conformidad con la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario reformar el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 123 constitucional, a fin de precisar que los miembros del ministerio público y los de la policía que los auxilia, son parte de las instituciones de seguridad pública y se rigen por sus propias leyes especiales.

 Que se propone la adición de un último párrafo a la fracción XIII del Apartado B del multicitado precepto constitucional, con el objeto de permitir la libre remoción del cargo de aquellos miembros de las instituciones de seguridad pública e instituciones policiales que no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del cese, señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que, en ningún caso, proceda reinstalación o restitución de la plaza, cargo o comisión, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa utilizado para combatir el acto.

 Que con la propuesta de reforma no se pretende eliminar los beneficios de la carrera judicial (sic), puesto que los buenos elementos de las instituciones policiales y de seguridad pública deben contar con sistemas que les permitan hacer una carrera profesional, digna y reconocida por la sociedad; sin embargo, estos sistemas deben también permitir a las autoridades separar oportunamente a los elementos que abusen de su posición y corrompan las instituciones.

Por su parte, en el dictamen de la Cámara de Diputados, en funciones de cámara revisora durante la citada propuesta de reforma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se especificó que respecto al artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional “la colegiatura reconoció que el propósito de la reforma es crear un régimen legal de excepción para regular el trabajo de quienes, por las funciones que desempeñan, su régimen laboral puede poner en peligro la seguridad nacional o la seguridad pública. Sin embargo, consideró también que la propuesta correspondiente es congruente con la restricción que ya existía y que crea un régimen legal de excepción para ciertos trabajadores […] Hace referencia específica a los agentes del Ministerio Público y a los miembros de las instituciones policiales, puesto que el concepto de "instituciones de seguridad pública" que utiliza la iniciativa es más amplio al que corresponde al objetivo que persigue la reforma, como se desprende del texto de los artículos 21 y 73 fracción XXIII constitucionales, así como de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”

Además, dentro de la discusión de la Cámara Revisora se puntualizó en lo siguiente:

 Que de la propia Constitución, se desprende que la relación de los servidores públicos señalados en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional no es de carácter laboral, puesto que se trata de una relación jurídica cuyas características se determinan en atención a sus responsabilidades como miembros de las instituciones policiales, al no prestar un trabajo personal subordinado.

 Que los miembros de las instituciones policiales tienen como funciones preservar la seguridad pública, prevenir la comisión de infracciones y delitos, así como auxiliar a los agentes del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos.

 Que los policías a diferencia de otros servidores públicos, tienen autoridad; realizan actos de imperio y son depositarios de la fuerza pública.

 Que las funciones propias de las instituciones policiales con autoridad y de imperio, da lugar a que tengan una responsabilidad propia, diferente a la de los demás servidores públicos. Asimismo, en el caso de los policías, éstos deben ajustar su actuación además, a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, que establece la propia Constitución.

 Que cuando la Constitución Federal se refiere a los miembros de una institución policial incluye a los policías que realizan funciones de prevención del delito, cualquiera que sea la corporación a la que pertenezcan.

 Que en atención a sus responsabilidades, los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, no prestan un trabajo personal subordinado, puesto que los agentes del Ministerio Público, desempeñan funciones de investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal, incluso contra los funcionarios del propio Estado, y representar a la sociedad en los juicios de amparo.

 Que los miembros de las instituciones policiales, tienen como función preservar la seguridad pública, prevenir la comisión e infracción y delitos así como auxiliar a los agentes del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos.

 Que la naturaleza de las funciones que realizan los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, son de orden público.

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se modificó el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, a fin de quedar en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(…)

B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

(…)

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

(…)”

La motivación que precedió a la citada reforma, se fundamentó en los principios contenidos en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, publicado en la Gaceta Parlamentaria el once de diciembre de dos mil siete, mismos que fueron adoptados y reproducidos en el Dictamen de la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, de trece de diciembre de la propia anualidad y que en lo esencial establecen:

- Que, como servidores públicos, los miembros de las instituciones policiales, de procuración de justicia y de investigación de delitos, se rigen por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.

- Que, ante los principios que rigen su labor, es medida necesaria la separación o remoción de los agentes del ministerio público, los peritos, y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios de su cargo, cuando incumplan con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o incurran en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, sin que en ningún supuesto proceda la reinstalación o reincorporación.

- Que aún y cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento que propicien la reposición del procedimiento como por una resolución de fondo, el Estado no concederá la reinstalación, sino un resarcimiento mediante indemnización.

- Que se incluyó en dicho régimen especial a los agentes del ministerio público y peritos, en la medida que son elementos fundamentales en el proceso de procuración de justicia e investigación y se requiere mantener su desempeño en los principios de profesionalismo, ética y eficiencia.

- Que, como medida de combate a la corrupción, la reforma es contundente al señalar que elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en sus ordenamientos disciplinarios o laborales, no podrán ser restituidos en sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia.

- Que la reforma propicia un sano equilibrio entre la necesidad de mantener un servicio de carrera y el imperativo de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y ensucian y dañan a las instituciones.

- Que se retoma como prioridad elevar el nivel de calidad de vida de los agentes del ministerio público, miembros de corporaciones policiales y peritos, así como de sus familias y dependientes, mediante sistemas complementarios de seguridad social que podrán establecer las autoridades competentes.

Como se advierte, con la reforma al artículo 123 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho -texto actual-, el legislador estableció como regla absoluta la separación a su cargo de los agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales en caso de que no cumplan con los requisitos de permanencia o incurran en responsabilidad administrativa, sin que en ningún caso proceda la reinstalación o reincorporación del sujeto al servicio, puesto que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado .

Así, las sendas reformas al artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, responden a la necesidad de prever un régimen de excepción respecto a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, para garantizar la debida función de seguridad pública, en específico la prevención y sanción de en la comisión de infracciones y delitos, el auxilio a los agentes del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas y prevenir las libertades, el orden y la paz públicos.

De lo anterior podemos prever que las reformas son tendentes a establecer el citado régimen de excepción en base no a la pertenencia de un servidor público a una institución específica, sino que trasciende a ésta, es decir, se origina y fundamenta en la naturaleza misma de la función que se desempeña en aras de la seguridad pública, brindando a los miembros que desarrollan la función de policía la posibilidad de ejercer la fuerza pública del Estado para el debido y eficaz cumplimiento de sus atribuciones, mientras dicho ejercicio se sujete a un análisis de razonabilidad que lo legitime .

Aunado a lo anterior, y como se ha señalado previamente, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública define a las instituciones policiales como los cuerpos de seguridad, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigos, así como a todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal que realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción.

Asimismo, el citado ordenamiento legal, en su Título Quinto intitulado “Del Desarrollo Policial”, Capítulo Primero, Disposiciones Generales, artículo 73, establece expresamente que las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional, siempre y cuando el servidor público pertenezca a la carrera policial –servicio profesional de carrera policial-, puesto que cuando dicha condición no se cumpla, la relación será de carácter laboral.

Es menester puntualizar que, la carrera policial, de conformidad con el artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el “sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones policiales” . Además, se determina que la carrera policial, cumple con los fines de:

- Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;

- Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;

- Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;

- Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y

- Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

De lo aducido, es inconcuso que sólo los miembros de las instituciones policiales que realicen efectivamente la función de policía y que, por tanto, estén sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetos al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional y, en consecuencia, los demás miembros que, aun perteneciendo a dichas instituciones, no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantendrán una relación de naturaleza laboral con la institución policial de mérito y, por tanto, se regirán por la fracción XIV del multicitado precepto constitucional .

Ello, en virtud de que a la luz de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, se promueve que los servidores públicos que efectivamente estén facultados para ejercer las atribuciones propias de la función policial se sujeten a un régimen excepcional que garantice a la sociedad, una labor sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y que satisfagan los fines generales de la seguridad pública, es decir, que se salvaguarde la integridad y derechos de las personas, se preserven las libertades, el orden y la paz públicos. Por tanto, ante el incumplimiento de los principios rectores de la función policial, los miembros de las instituciones –bajo la delimitación señalada- podrán ser removidos de su cargo en las condiciones que circunscribe el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional y la legislación secundaria aplicable .

Por los motivos antes señalados, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el siguiente criterio:

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis.

SEGUNDO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales colegiados contendientes, remítase la tesis de jurisprudencia aprobada al Tribunal Pleno y a la Primera Sala de este Alto Tribunal, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito para los efectos legales procedentes, así como a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y en su oportunidad, archívese el expediente como totalmente concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Presidente Sergio A. Valls Hernández.

El Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano y la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votaron en contra, esta última se reserva su derecho de formular voto particular.

Firman el Ministro Presidente, el Ponente y el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

___________________________________

MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

PONENTE

__________________________________________________

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO DE ACUERDOS

_________________________________

LIC. MARIO EDUARO PLATA ÁLVAREZ.

Esta foja forma parte de la Contradicción de Tesis 93/2012, suscitada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fallada el día treinta de mayo de dos mil doce, en el sentido siguiente: PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis. --- SEGUNDO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo. Conste

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

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