La inseguridad ciudadana y la libertad de tránsito en villa El Salvador

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FACULTAD DE DERECHO

INFORME DE INVESTIGACIÓN

LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y LA LIBERTAD DE TRÁNSITO EN VILLA EL SALVADOR, 2025

Autores

APELLIDOS, Nombres (ORCID: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)

PUMACAYO DE LA CRUZ, Alexandra (ORCID: 0000-0003-3553-4902)

Asesor

CABRERA CUETO, Yda Rosa (ORCID: 0009-0008-5173-0042)

LIMA, PERÚ, SEPTIEMBRE DE 2025

RESUMEN

Mínimo / Máximo: 230 / 250 palabras.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4.

ABSTRACT

Mínimo / Máximo: 230 / 250 palabras.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4.

1. Introducción

Es evidente la aterradora realidad que aqueja a nuestra sociedad: la inseguridad ciudadana se ha erigido como uno de los flagelos más graves y persistentes en el Perú. No se trata de un simple problema social, sino de una amenaza que erosiona el bienestar colectivo y, lo que es más preocupante, vulnera el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población. En este contexto, el distrito de Villa El Salvador nos sirve como un claro ejemplo de la magnitud del desafío. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento alarmante en la incidencia de robos, asaltos y actos de violencia que han sembrado un clima de temor generalizado y han minado la confianza en nuestras instituciones.

Desde una perspectiva jurídica, esta situación adquiere una relevancia crítica al condicionar de facto el ejercicio de la libertad de tránsito, un derecho fundamental consagrado en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, que establece la facultad de toda persona para "transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por mandato judicial o por aplicación de la ley de migraciones" (Constitución Política del Perú, 1993). La cruda realidad nos muestra cómo la inseguridad ha impuesto restricciones de facto a este derecho. Los ciudadanos se ven compelidos a alterar sus rutinas, a limitar sus desplazamientos o, en el peor de los casos, a abstenerse de circular por determinadas zonas, todo ello debido a la latente amenaza. Los medios de comunicación han documentado con dolorosos detalles esta problemática: el angustiante ruego de un niño de seis años durante un asalto armado en un restaurante, ofreciendo sus pocos soles para salvar su vida (RPP, 2025); las imágenes captadas por cámaras de seguridad que evidencian robos "en manada" donde grupos de delincuentes persiguen y agreden a sus víctimas para arrebatarles sus pertenencias (Infobae, 2025); y la desfachatez con la que delincuentes encapuchados ingresan a locales comerciales para despojar de sus bienes a clientes y trabajadores, sin importar que haya menores de edad presentes (América TV, 2025). Estos eventos nos revelan que la inseguridad no solo deteriora la vida comunitaria, sino que convierte en una mera quimera el pleno ejercicio de un derecho constitucional tan elemental como la libertad de tránsito.

La problemática se agrava por la respuesta espontánea de la propia comunidad ante lo que perciben como una inacción o insuficiencia del Estado. En distritos como Villa El Salvador, la desesperación ha llevado a los vecinos a implementar medidas de autodefensa que, si bien son comprensibles desde una óptica social, generan un conflicto jurídico que tensa el principio de legalidad. Nos referimos a prácticas como el cierre de calles con rejas, tranqueras o el establecimiento de vigilancias privadas, muchas de las cuales operan sin la debida autorización legal o el control municipal. Como bien advierte García Toma (2015), “los derechos fundamentales no pueden ser restringidos por mecanismos informales o prácticas de facto, sino únicamente a través de normas con rango legal que respondan a criterios de necesidad y proporcionalidad”.

En esta encrucijada, nos encontramos con una paradoja alarmante: los ciudadanos buscan proteger su seguridad, pero al hacerlo, involuntariamente, vulneran un derecho que pertenece a toda la colectividad. En este contexto, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera la inseguridad ciudadana incide en la vulneración o limitación de la libertad de tránsito en Villa El Salvador en el año 2025? De esta pregunta general se desprenden interrogantes más específicas que nos permitirán abordar el fenómeno con la profundidad que merece: ¿qué medidas de autodefensa comunitaria han implementado los vecinos y cómo afectan estas al libre tránsito? ¿Cuál es el rol de las autoridades locales y de la Policía Nacional en la compleja tarea de garantizar la seguridad ciudadana sin menoscabar el derecho de tránsito? ¿De qué forma la percepción de inseguridad moldea la conducta ciudadana en el uso de los espacios públicos? Estas preguntas no solo delimitan nuestro campo de estudio, sino que también nos orientan hacia un análisis jurídico que busca comprender una problemática concreta que afecta la vida cotidiana de miles de ciudadanos del distrito.

Nuestro objetivo general es, por lo tanto, analizar la relación entre la inseguridad ciudadana y la afectación de la libertad de tránsito en Villa El Salvador en el año 2025, con el fin de determinar en qué medida las respuestas sociales y estatales a la criminalidad urbana inciden en la vigencia de este derecho fundamental. Para lograrlo, nos hemos propuesto objetivos específicos: primero, identificar las principales prácticas vecinales que, como respuesta a la inseguridad, restringen el libre tránsito; segundo, evaluar la eficacia de las políticas municipales y policiales en la protección simultánea de la seguridad y la movilidad ciudadana; y, finalmente, analizar el impacto social y jurídico de la percepción de inseguridad sobre el uso cotidiano de los espacios públicos. Como señala Landa Arroyo (2019), “el ejercicio de los derechos fundamentales no se define únicamente en los textos constitucionales, sino en las condiciones sociales y materiales que permiten su vigencia efectiva”.

Es por ello que este análisis debe tender un puente entre la normativa y la realidad concreta que se vive en Villa El Salvador. La justificación de esta investigación se sustenta en diversos planos que le otorgan una relevancia incuestionable. En el ámbito normativo, hemos detectado un vacío legal en la compatibilidad de las medidas comunitarias de protección, como el cierre de calles, con la libertad de tránsito. Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades les otorga competencias en materia de seguridad, no existe una regulación clara que establezca la legalidad de los cierres vecinales, generando un limbo jurídico en el que estas prácticas se normalizan sin criterios de proporcionalidad ni garantías suficientes. Desde una perspectiva práctica, este estudio es de suma importancia porque aborda un problema que impacta directamente la vida de los ciudadanos, obligándolos a una elección casi sin posibilidad a elegir realmente entre su seguridad y su movilidad. En el plano social, se trata de un tema urgente; la inseguridad ha fracturado el tejido comunitario y ha sembrado una profunda desconfianza en las instituciones del Estado, lo que se refleja en una creciente privatización de la seguridad. Finalmente, desde el ámbito jurídico, nuestra investigación busca enriquecer la discusión académica sobre los límites de los derechos fundamentales en contextos de criminalidad creciente, evidenciando la imperiosa necesidad de que cualquier restricción al tránsito se someta a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, tal como lo ha reiterado nuestro Tribunal Constitucional.

La inseguridad ciudadana se ha transformado en uno de los problemas más urgentes y complejos que enfrentan las sociedades actuales y en el distrito de Villa El Salvador ubicado en la periferia sur de Lima esta situación se ha vuelto particularmente alarmante en el año 2025 los índices de violencia el pandillaje juvenil el microtráfico de drogas los robos en el transporte público y la percepción generalizada de riesgo se han convertido en parte de la vida diaria de miles de habitantes que ven cómo sus derechos y libertades se encuentran constantemente vulnerados este panorama condiciona profundamente la manera en que las personas se desplazan trabajan estudian y se relacionan entre sí al mismo tiempo que limita las oportunidades de desarrollo social económico y cultural Villa El Salvador que en sus orígenes fue un distrito símbolo de lucha y organización comunitaria hoy enfrenta un escenario en el que la inseguridad impide que la población disfrute de su territorio con confianza y en el que la libertad de tránsito reconocida por la Constitución Política del Perú y respaldada por normas internacionales se ve reducida a una experiencia condicionada por el miedo y la necesidad de evitar calles zonas o medios de transporte considerados peligrosos especialmente durante las horas de la noche lo que obliga a reorganizar la vida cotidiana en función de la violencia que acecha en los espacios públicos

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