Los derechos fundamentales y el ministerio público

Caracas, 21-10-24

Asignatura: Normativa Legal.

Nombre de la estudiante: María Andreína Sierra. C.I. N° 12.116.630

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL MINISTERIO PÚBLICO

        Los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que reconocen y protegen la dignidad inherente de todas las personas, sin distinción alguna. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles, y abarcan desde los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho al voto, hasta los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación y a un nivel de vida adecuado. La protección y promoción de los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo de sociedades justas y equitativas, y su respeto es esencial para la paz y la estabilidad global.

        Cada país ejerce su soberanía y, en función de sus leyes, establece y protege los derechos humanos de sus ciudadanos. En el caso de Venezuela, la historia de los derechos humanos ha estado marcada por una serie de avances y retrocesos, influenciados por cambios políticos y sociales significativos. Desde la época colonial hasta la actualidad, Venezuela ha experimentado diversas etapas en la protección y violación de los derechos humanos, reflejando la complejidad de su evolución histórica.

 Los derechos humanos en Venezuela son protegidos en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del Poder Ciudadano en Venezuela que tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en el país. No obstante, la situación de los derechos humanos en Venezuela ha enfrentado críticas significativas de diferentes organismos a nivel internacional.

La historia de los derechos humanos en Venezuela comienza en la época colonial, cuando los pueblos indígenas fueron sometidos a un régimen de explotación y opresión bajo el dominio español. Las Leyes de Indias, promulgadas por la Corona española, intentaron regular el trato hacia los indígenas, pero su aplicación fue limitada y a menudo ignorada, lo que resultó en abusos generalizados.

Con la independencia de Venezuela en 1811, se dio un primer paso hacia el reconocimiento de los derechos humanos con la Declaración de los Derechos del Pueblo. Este documento, aunque pionero, se centró principalmente en los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, dejando de lado otros aspectos fundamentales como los derechos económicos y sociales.

 Durante el siglo XIX, Venezuela experimentó una serie de cambios políticos que afectaron la protección de los derechos humanos. Tras la independencia, el país se sumergió en un periodo de inestabilidad política y conflictos internos que dificultaron la implementación efectiva de los derechos humanos. Las diversas constituciones promulgadas en este periodo reflejaron una evolución gradual en la inclusión de derechos individuales. Por ejemplo, la Constitución de 1864 fue una de las primeras en incluir derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. Sin embargo, la inestabilidad política y las dictaduras militares, como la de José Antonio Páez y la Guerra Federal, a menudo socavaron estos avances, resultando en violaciones de derechos humanos y limitaciones a las libertades civiles.

El siglo XX trajo consigo tanto avances como retrocesos en materia de derechos humanos. Las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez fueron periodos oscuros caracterizados por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. La crisis política y económica que ha afectado a Venezuela en los últimos años ha exacerbado la situación de los derechos humanos. Durante el mandato de Marcos Pérez Jiménez, que se extendió desde 1952 hasta 1958, Venezuela vivió uno de los periodos más oscuros en términos de derechos humanos. Su régimen se caracterizó por una fuerte represión política y la violación sistemática de los derechos humanos.

El gobierno de Pérez Jiménez implementó una política de censura y control absoluto sobre los medios de comunicación, restringiendo la libertad de expresión y de prensa. Los opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, sometidos a torturas. La Seguridad Nacional, el cuerpo de seguridad del Estado, se encargaba de reprimir cualquier forma de disidencia mediante métodos brutales12.

Las detenciones arbitrarias eran comunes, y muchos líderes políticos y activistas fueron encarcelados sin juicio previo. Las torturas y malos tratos a los detenidos eran prácticas habituales, con el objetivo de obtener confesiones o simplemente castigar a los opositores. Además, se reportaron numerosos casos de desapariciones forzadas, donde las personas detenidas por el régimen simplemente desaparecían sin dejar rastro12.

La represión no se limitó solo a los opositores políticos. También se extendió a los estudiantes, sindicalistas y cualquier grupo que el régimen considerara una amenaza. Las universidades fueron intervenidas y muchos estudiantes fueron arrestados o expulsados por participar en protestas contra el gobierno1.

El régimen de Pérez Jiménez también se caracterizó por la falta de independencia judicial. Los tribunales estaban controlados por el gobierno, lo que impedía cualquier posibilidad de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La corrupción y el abuso de poder eran rampantes, y el Estado utilizaba todos los medios a su disposición para mantener el control y silenciar a la oposición.

La caída de Pérez Jiménez en 1958, tras un levantamiento popular y militar, marcó el fin de su dictadura y el inicio de un proceso de democratización en Venezuela. Sin embargo, las cicatrices dejadas por su régimen en términos de derechos humanos perduraron en la memoria colectiva del país.

 La Constitución de 1961 representó un avance significativo, estableciendo un marco más robusto para la protección de los derechos civiles y políticos.        

Después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, Venezuela entró en una etapa de democracia representativa que trajo consigo tanto avances como desafíos en materia de derechos humanos. En 1958, se estableció un gobierno provisional que convocó a elecciones libres, resultando en la elección de Rómulo Betancourt como presidente. Durante su mandato (1959-1964), Betancourt implementó políticas para fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos, aunque su gobierno también enfrentó desafíos significativos, incluyendo intentos de golpe de estado y conflictos con grupos guerrilleros. La Ley de Vagos y Maleantes, por ejemplo, fue criticada por permitir detenciones arbitrarias.

El gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) continuó con los esfuerzos de Betancourt para consolidar la democracia y mejorar la situación de los derechos humanos. Sin embargo, la lucha contra los movimientos guerrilleros llevó a violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas. A pesar de estos problemas, se realizaron esfuerzos para modernizar el sistema judicial y promover el respeto por los derechos civiles y políticos.

Rafael Caldera, quien asumió la presidencia en 1969, adoptó una política de pacificación con los grupos guerrilleros, lo que resultó en una disminución de la violencia política. Su gobierno (1969-1974) se caracterizó por un enfoque más conciliador y la implementación de reformas sociales. Sin embargo, también hubo denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, aunque en menor escala comparado con los periodos anteriores.

Durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), Venezuela experimentó un auge económico debido al aumento de los precios del petróleo. Pérez implementó políticas de desarrollo social y económico, pero su gobierno también enfrentó críticas por la corrupción y la represión de protestas. A pesar de los avances en infraestructura y servicios públicos, las denuncias de violaciones de derechos humanos persistieron, especialmente en el contexto de la represión de manifestaciones y el manejo de la seguridad interna4.

En resumen, el periodo entre 1958 y 1979 en Venezuela estuvo marcado por esfuerzos significativos para consolidar la democracia y mejorar la situación de los derechos humanos, aunque no estuvo exento de desafíos y críticas. La lucha contra los movimientos guerrilleros y la represión de protestas fueron temas recurrentes que afectaron la protección de los derechos humanos durante estos años.

Luis Herrera Campíns, quien fue presidente de Venezuela entre 1979 y 1984, es recordado por su enfoque en la cultura y la educación, pero su gobierno también enfrentó críticas por violaciones de derechos humanos. Durante su mandato, hubo denuncias de represión contra grupos beligerantes y violaciones de derechos humanos, especialmente en el contexto de la militarización de las zonas fronterizas debido al conflicto interno en Colombia. A pesar de estos problemas, su administración también se destacó por intentar mantener un equilibrio entre el desarrollo cultural y la seguridad nacional.

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