Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

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FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA DE DERECHO

FILIAL HUARAZ

CURSO                : DERECHO PENAL III.

PROFESOR                : Dr. Julio César MATOS QUESADA.

CICLO                : IV

TURNO                : Tarde.

SEM. ACADÉMICO: 2022 – II.

TRABAJO                : Resumen de lectura.

TEMA                : “Manual De Capacitación Para Operadores De Justicia En Delitos

    Contra La Administración Pública”.

FECHA                : 15 de noviembre de 2022.

ESTUDIANTE        : Huerta Cotos Nikol Zugely.

Huaraz – Perú

2022

En este contexto, la corrupción se describe como una figura compleja que necesita ser analizada según varios métodos para comprenderlo y luego combatirlo. Esto hace que sea conveniente aproximar primero el concepto principal de corrupción y luego aproximar los diferentes métodos que se pueden utilizar para entenderla en la realidad.

De ello se puede extraer una conclusión amplia de que la corrupción se refiere al abuso del poder para obtener beneficios ilegales, violar la ley y afectar la legitimidad del poder. La complejidad de la corrupción ha llevado a diferentes disciplinas a estudiar y ofrecer diferentes formas de comprensión. Como se menciona en el artículo, la aparición sistemática de corrupción en las instituciones del Estado puede generar un sentimiento de completo abandono y pérdida de confianza entre los ciudadanos.

Por ello, el trabajo analiza el papel de la ética en el adecuado desempeño de las funciones estatales, especialmente en los procesos judiciales. En este sentido, la ética es un modelo apropiado de comportamiento humano y es una herramienta importante para una lucha eficaz e interdisciplinaria contra el fenómeno de la corrupción. Esto conduce inevitablemente al problema ético del funcionamiento del Estado, el cual es de gran importancia en el normal funcionamiento de las autoridades de la administración estatal, pues determina los principios y obligaciones éticos que las instituciones administrativas reconocen y exigen a sus funcionarios como organización. De hecho, la administración estatal tiene su propia ética, que se refleja en las leyes de ética y las normas administrativas pertinentes para la conducta de los servidores públicos. La cualidad de los funcionarios públicos no es necesaria, pero si su conducta es un elemento esencial de las sanciones penales por delitos de corrupción. En tal sentido, cualquier análisis de prácticas corruptas debe partir de la identidad del funcionario público. El contenido de un término de cargo público varía según la jurisdicción reguladora. Los funcionarios del gobierno han definido estas normas negativamente.

Por el contrario, como se verá más adelante, la definición de funcionario público en el ámbito del derecho penal intenta ser más amplia, incluyendo sujetos excluidos del derecho administrativo. Para el derecho penal, la "calificación jurídica" o las condiciones en que los funcionarios desempeñan sus funciones es menos importante, pero la garantía del correcto y adecuado desempeño de las funciones públicas que deben desempeñar en el interés público.

La prescripción del proceso penal puede definirse como el transcurso del tiempo en el cual desaparece la potestad del Estado para perseguir los delitos. Las alternativas al encarcelamiento, también conocidas como "sustitutos penales", están diseñadas para evitar que los acusados ​​vayan a prisión para cumplir sentencias cortas. Estas medidas se interpretan en el contexto de la despenalización de la política criminal, a partir del principio de fragmentación del derecho penal. Nuevamente, estas se basan en los efectos desocializadores de las prisiones, por lo que se evita la obligación de utilizar penas privativas de libertad cuando estas no son estrictamente necesarias.

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