Proceso penal de Emilio Lozoya Austin

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        PROCESO PENAL DE EMILIO LOZOYA AUSTIN

El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección de la víctima y que el responsable del hecho no quede impune y los daños causados se reparen.

En el caso de Lozoya son diversos los delitos por los que se le acusa y no todo son del mismo tipo ya que tenemos delitos contra la Seguridad Publica, corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos ilícitos, de manera que no todos tienen la misma línea de investigación.

Para que el proceso de Emilio Lozoya sea ejemplar tiene que ser técnicamente inobjetable y completos, no hay duda de que servidores públicos, empresarios entre otros que se vieron favorecidos con las acciones que hoy afrenta Emilio podrían tener algún tipo de participación como autores, ejecutores cómplices, sin duda lo que se espera o esperaba es que se diera lugar a un juicio múltiple o maxi juicio, ya que es claro que no actuó en solitario, es por ello que ni la investigación, ni la sanción que se le imponga en su debidos tiempo serán suficientes para dar por esclarecido el hecho.

Nuestro sistema de Justicia y en este caso la fiscalía general de la República Debra desenmarañar el engranaje de la corrupción, aunque de alguna forma hasta este momento parecieran tener una actitud bastante estática. Ejemplos en la región de grupos de investigación especializados y enjuiciamientos múltiples por asuntos de corrupción hay muchos. En Brasil para investigar y sancionar los casos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht se creó un grupo especial integrado por fiscales, policías federales y agentes para conducir la Operación Lava Jato como se conoce la investigación del caso de megacorrupción de la empresa brasileña Petrobras. Para marzo de 2017, el grupo especial había logrado condenas para 125 personas y otras decenas se encontraban bajo la lupa de jueces y fiscales en toda América Latina. Para marzo de 2020, luego de 6 años de labores, la fuerza de tareas de la Operación Lava Jato logró la denuncia de 500 personas implicadas en actos de corrupción, 165 condenas individuales por un total de 2 mil 286 dólares; de acuerdo con el jefe del Despacho de Búsqueda e Investigación Federal Edson Shinya Suzuki sólo en 2019 se instauraron 864 nuevos casos judiciales, el mayor número desde el inicio de la investigación.

La secretaria de la Función Pública aparece constantemente en este caso, en especial desde el cambio de gobierno de 2018, ya que se han tramitado procedimientos administrativos de sanción en la SFP, los primeros iniciaron entre 2016 y 2018, dictándose las primeras resoluciones condenatorias en las que aunque sin incluir a Lozoya ni a los miembros del Consejo de Administración. La primera sanción se emitió casi por finalizar el 2017, se castigó con inhabilitación a la “Constructora Norberto Odebrecht, S.A.”. En otra resolución, de febrero de 2018, se sanciona con otra inhabilitación nuevamente a la misma empresa por cobro indebido y por duplicidad de servicios en relación con las obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”. Aunque se menciona una sanción económica de 2,597 millones de pesos a un servidor público adscrito a Pemex Transformación Industrial “por autorizar indebidamente el pago referido” no se revela su nombre o cargo.

El 29 de julio de 2019, mediante un comunicado de prensa la SFP del nuevo gobierno comunicó la resolución sancionatoria al exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, quien también dirigió la filial PMI Comercio Internacional, a quien se le impuso una sanción resarcitoria por 4 mil 206 millones de pesos y se le inhabilitó por diez años, por haber causado daño al erario por la compra, en 2013, por tres veces más de su valor de mercado y por la capitalización, en 2016, de la Planta Agro Nitrogenados. “La sanción que le fue impuesta por ocultar información que derivó en una inversión en la planta por 760 millones de dólares, con lo que infringió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que no evitó las pérdidas para la empresa productiva del Estado”. El comunicado de prensa indica que, de acuerdo con documentos recabados, el exfuncionario tuvo conocimiento “de que al momento de la compra la maquinaria de Agro Nitrogenados tenía 30 años de haberse adquirido y había dejado de operarse por más de 14 años, lo que disminuía su valor y vida útil”.

SANCIONES PENALES PARA LOZOYA.

En los delitos contra la administración y el patrimonio público que dañan al Estado la sanción debe ser ejemplar para que se cumpla uno de los fines del proceso penal: que el culpable no quede impune. La sanción es especialmente importante porque también cumple una función extraprocesal preventiva para disuadir posibles nuevos actos.

Además de la sanción consistente en la pena de prisión, que se determine en contra de quienes resulten responsables, existe otra dimensión de la sanción sobre el dinero obtenido ilícitamente. La Constitución Política prevé tres penas relacionadas con los bienes y valores económicos implicados en el delito:

1. confiscación de bienes,
2.  decomiso, y
3. extinción de dominio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), publicó la reforma constitucional de marzo de 2019 que adiciona al artículo 22 un párrafo que indica que la acción de extinción de dominio es procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

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