Escoltas De Por Vida

La polémica generada por la decisión del Congreso del estado de Puebla de dotar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de un cuerpo de seguridad de ocho escoltas, con cargo al erario, por un periodo de 12 años o en forma vitalicia si así lo solicita, no es gratuita en función de las circunstancias que la anteceden.

La iniciativa, para comenzar, no tiene su origen formal en el gobernador Moreno Valle sino en uno de los diputados de la coalición que lo llevó al poder: Héctor Alonso Granados, quien planteó modificar la Ley de Seguridad Pública del estado para que los exgobernadores contaran con protección policíaca al término de su mandato.

El legislador de Nueva Alianza propuso que Moreno Valle y los gobernadores que le sucedieran fueran apoyados por el Estado con cuatro policías hasta por un periodo de cuatro años, lo que pareció insuficiente a algunos diputados como el panista Jesús Zaldívar Benavides, quien se pronunció por ampliar el plazo al doble y por elevar a ocho el número de escoltas.

Sin embargo, cuando este martes el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública fue puesto a la consideración del pleno del Congreso local, sus diputados aprobaron —con excepción del convergente José Juan Espinosa— aumentar la protección a doce años, lo que significa que si Moreno Valle concluye su sexenio en 2017, el Estado tendrá que pagarle hasta el 2029 ocho escoltas, o por lo menos seis de manera vitalicia si éste lo solicita.

Otro aspecto controversial de la iniciativa son los argumentos esgrimidos por los legisladores promotores de la reforma del artículo 147 de la Ley de Seguridad Pública, en el sentido de que el Estado debe proteger la integridad de Moreno Valle y su familia tras las captura de importantes capos del narcotráfico en la entidad como los zetas William de Jesús Torres Solórzano, alias “El W” y/o “Él Come Gusanos”, y Mauricio Guízar Cárdenas, apodado “El Amarillo”, “El Color” o “El Gordo”, detenidos el 23 y 24 de julio en un fraccionamiento residencial de Puebla y en un hotel de Huejotzingo, respectivamente.

Tales argumentos son falaces, pues en realidad ninguno de esos narcos ni otros más o menos célebres como Sergio Enrique Villarreal Barragán, “El Grande”; Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, “El Z-44”; y Manuel Antele Velasco, jefe en Puebla de plaza de los Zetas, han sido aprehendidos en la entidad como resultado de operativos de policías estatales; en todos los casos, las detenciones han corrido a cargo de miembros de la Marina o fuerzas federales.

La justificación de que en otras entidades como Tabasco, Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Veracruz y el Distrito Federal, los exgobernadores gozan de esta prestación es también un embuste, pues en ninguno de ellas la cobertura policíaca es tan amplia y extensa como en el caso que nos ocupa.

Y eso que Puebla, a decir de sus autoridades, no es estado azotado por los cárteles

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