La jurisprudencia en relación con la constitución, la seguridad pública y los derechos humanos

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   La jurisprudencia  en relación con la  constitución, la seguridad pública y los derechos humanos.

Introducción

La seguridad pública como una función inherente al estado Mexicano ha cambiado con el paso del tiempo, donde en las últimas dos décadas fenómenos de grupos de delincuencia organizada han dificultado y en algunos casos rebasado la capacidad del estado para proteger: La vida, La Libertad, La Propiedad que son los valores más preciados que toda sociedad tiene, esto principalmente debido a un marco normativo anacrónico, ineficaz  y no homogéneo entre las entidades, un sistema penitenciario obsoleto, por lo que las necesidades históricas y sociales que estaban demandando procedimientos e instrumentos óptimos  para la persecución de los delitos  hacerle frente a esta gran necesidad,  teniendo la reforma a los artículos  de la Constitución, una ley Nacional de Seguridad Publica y  de la ley de amparo, ley de extinción de dominio, para prevenir la tortura, etc.  

         No obstante lo anterior  es muy difícil establecer el límite  de las  políticas de seguridad cuando en un momento el gobierno avala la “MANO DURA” contra la delincuencia cayendo muchas veces en el abuso del ejercicio de procurar justicia, al Ejercito, la Marina y los cuerpos de seguridad, muy lejos de los principios de legalidad y de honradez que exige la ley, lo que provoca una confusión en la sociedad, que por una parte escucha narcocorridos y mitifica a los capos, apoyados por empresas televisoras y actrices plastificadas, sin valores, con la verdadera lucha de la Suprema Corte de Justicia por evitar que se violenten las garantías de los ciudadanos, así como la comisión de Derechos humanos, en un estado Mexicano donde la muerte, la violencia extrema, son cosas cotidianas las jurisprudencias de la suprema corte de Justicia nos permiten esclarecer que las leyes son perfectibles “No perfectas”.

DESARROLLO

En la Tesis aislada 170739 donde se establece que el Estado tiene la obligación de cumplir de manera oportuna las condiciones necesarias para mantener el orden publico donde las garantías individuales que la constitución consagra donde la seguridad y las garantías “No se contraponen, Se implican y se complementan”.

En el estado mexicano que es un tapiz cultural donde las condiciones geográficas, idiosincráticas, econonomicas dificultan la comunicación y donde la seguridad pública, seguramente  no será la misma en el altiplano que en la huasteca, será necesaria en cierto momento una campaña que le permita a la población conocer de sus derechos, no obstante que la comisión de esta conducta sea tipificada como delito. Es importante preparar a la población para  exigir a las autoridades un desempeño más eficaz y una coordinación de los tres niveles de gobierno, algo en muchos lugares inexistente.

Debido a que es importante entender al elemento de seguridad como un ciudadano con necesidades de permanencia, promociones, retiro dentro de una carrera que exige más que solamente un empleo, donde satisface las necesidades de su familia  de manera exigua, mediante un salario mal remunerado y donde en condiciones laborales más bien injustas, con exceso de horas con pocas posibilidades reales de desarrollo humano y profesional sin una estructura definida de retiro, salud mental que cubra las necesidades del elemento de seguridad y su familia, como una paradoja como se puede hablar de derechos humanos si el Estado violenta las garantías de quien tiene la misión de trabajar para protegerlos, entendiéndose que la actividad de seguridad es una labor de alto riesgo, que requiere vocación, profesionalismo y practica, en su tesis de jurisprudencia 169779 donde se establece que:  “La relación del elemento de seguridad con el estado es únicamente de carácter administrativo no de carácter laboral” esto con base al artículo  123 de la constitución.  

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