Resumen Del Ensayo De Juan Miguel Piquer, Contra La Mayoría. Libertad, Democracia Y Razón De Estado (2009)

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una introducción a la razón y el secreto como herramientas de dominación del Estado democrático. He utilizado principalmente el libro de Juan Miguel Piquer, Contra la mayoría. Libertad, democracia y razón de Estado (2009) centrándome en dos capítulos: La oscura razón de Estado y El secreto de Estado, complementando livianamente la información del libro con la percibida en clase. Las siguientes páginas son tan sólo una mirada superficial al tema. Aunque deba resultar extremadamente difícil detectar los errores en la transmisión de la información y la fiabilidad de los testimonios que nos la dejaron escrita, eruditos estadistas, la revolución tecnológica y Wikileaks han iluminado, por fin, la cara oculta del poder del Leviatán, ofreciéndonos relatos de crueldad y violencia imperialista, de amenazas y destituciones de los que se oponen a los intereses particulares dominantes, bajo la aparente defensa de un orden político y económico beneficioso para el capitalismo y la democracia y que aportan ahora pruebas sólidas de la subordinación de ese orden a las exigencias de la lucha por la hegemonia –la esencia real de la política- en el sistema político internacional de Estados.

LA RAZÓN DE ESTADO1

La razón de Estado es un intento de ilustrar o justificar y por tanto legitimar, más o menos ideológicamente2, el status quo. Esto es, aportar razones teóricas para explicar algo que tiene lugar en el ámbito práctico de la política.

El uso de la razón de Estado se consolida durante la política italiana de la Baja Edad Media i el Renacimiento, en el momento en el que Maquiavelo escribía para Lorenzo de Médici un libro de instrucciones sobre como llegar a ser el príncipe más virtuoso de su tiempo, dejando escrito que la supervivencia i el optimum de la existencia del orden social del Estado son considerados valores superiores a los éticos y morales y a los derechos individuales y colectivos de sus integrantes. El fin justifica los medios. No obstante, en las sociedades liberales, siguen siendo necesarias unas reglas con tintes éticos, ya que por el mantenimiento del poder del Estado es necesario el mantenimiento de este orden social y de la convivencia pacífica de los individuos que residen en él.

Las técnicas de las que se sirve la razón de Estado son las de dominación i el ejercicio de poder. Para hacer fáctico este orden necesario y a la vez esconder bajo cortinas de humo los verdaderos intereses, la grandilocuencia y saber mentir es imprescindible. Maquiavelo estaría orgulloso. Las legitimaciones justificatorias que constituyen el fundamento de la propaganda y el medio necesario para provocar una aceptación de las masas son diversas. El control de los medios como eficaces propagadores de los intereses económicos y políticamente dominantes se efectúa a través de unos filtros, estudiados detenidamente por Chomsky y Herman en el ensayo Manufacturing consent. The Political Economy of the Mass Media (1988)3. La democracia y la ley supuestamente emanada del pueblo aparentes son, en realidad, producto del ejercicio de la dominación. Por esta vía se fomenta y consolida la creencia en la legitimidad del orden sociopolítico, el consenso respecto el sistema de estratificación económica que está en su base, su sistema de relaciones de poder.

La noción de sentido oculto, desenvolupada por Leo Strauss, convertía el engaño en norma política. “Lo que dicen los dirigentes no es lo que hacen”, escribió el periodista estadounidense Seymour Hersh. Shadia Drury, de la Universidad de Calgary y autor de Leo Strauss y la derecha americana (1999), afirma que “el perpetuo engaño de los ciudadanos por quienes están en el poder es fundamental [en opinión de Strauss], porque es necesario que sean dirigidos, y necesitan gobernantes firmes para decirles lo que es bueno para ellos...”. El liberalismo en Weimar, en opinión de Strauss, en última instancia condujo al holocausto nazi contra los judíos. Según Drury, Strauss enseñó como Platón que dentro de las sociedades, “algunas personas están en condiciones de mandar, y otras de ser mandadas”. Pero, a diferencia de Platón, que creía que los dirigentes tenían que ser personas con estándares morales tan elevados que pudieran resistir las tentaciones del poder, Strauss pensaba que “los que son aptos para gobernar son los que se dan cuenta de que no hay moralidad y de que sólo existe un derecho natural, el derecho del superior a gobernar sobre el inferior”. Para Strauss, “la religión es el pegamento que mantiene a la sociedad unida”, añadió Drury.4 En definitiva, como aclara Piquer, la razón de Estado es lo opuesto al imperativo categórico.

Aunque no es posible etificar completamente el Estado -“tal es la condición trágica de la política”. Si la necesidad política sigue sujeta a un principio axiológico que la oriente y justifique seguirá también enfrentándose a la tentación permanente de la transgresión de la ley y la moral inherente a aquellas pretensiones o de la ley que el mismo Estado preserva por su bien, justificándola siempre por su ineludibilidad cuando se trata de conseguir su supervivencia.

Según Rafael del Águila5, tres son los postulados de la argumentación legitimadora del obrar por razones de Estado:

En primer lugar, la escisión entre la ética y la política. “En la política el concepto de necesidad ha de considerarse el principio rector de la acción”. Luego, una guerra será justa si es necesaria.

En segundo, “El único criterio válido de juicio político es el consecuencialista”. Es decir, las consecuencias subordinan toda valoración moral.

En tercer lugar, “Las acciones se encuentran ineludiblemente vinculadas a políticas transgresoras que se justifican mediante una referencia argumentativa última: la autoprotección y la supervivencia de la comunidad”, así como su preservación y potenciación.

No obstante, “la seguridad y la autonomía de la propia comunidad política se encuentran ineludiblemente vinculadas a cierto universo ético”6, y éste es el problema. La razón de Estado conlleva la transgresión de ciertas normas, valores o ideales que constituyen nuestra identidad moral con la finalidad de promover o proteger otros valores igualmente esenciales: la seguridad, la autonomía, la estabilidad, la libertad y en general las condiciones materiales y políticas que hacen posible nuestra forma de vida. La realización o protección de ciertos valores son transgredidos con el propósito precisamente de poder realizarlos7.

Ahora bien, respecto la alta finalidad al servicio de la cual está la política, suele llamarse ésta “bien común”. Aunque no todos estamos de acuerdo con el significado de tal expresión. Puede tratarse del bien de la Nación, del triumfo de la verdadera religión, de la emancipación humana universal, del triumfo del mercado libre, de la instauración de la democracia, de la promoción de los derechos humanos, de la estabilidad del orden mundial, del interés del oligopólico gobierno de un Estado, de la “seguridad del Estado”, etc. Como afirmó John Moss, “la seguridad es un concepto tan mal definido que todavía no he encontrado a nadie capaz de aclararme su significado”. Esta indeterminación es, no obstante, perfectamente funcional a uno de los fines que persigue el sistema del secretismo del –hipócrita- Estado con el que suele culminar toda razón de Estado: dar cobertura a cualquier objetivo del gobierno que no soportaria la publicidad sin reacción adversa de la opinión pública o de los gobiernos aliados8. La trampa reside en que los poderes decisorios atribuyen una definición u otra según les conviene. Pero parece que se olviden de que el bien público, la seguridad nacional o el interés público puedan hacer referencia, al menos en las sociedades democráticas y de Derecho, al respeto por la ley y a los derechos de todos como fundamento del orden y la paz social. En este caso, no existiría “ninguna razón de Estado más poderosa que su plena efectividad”9.

Encontramos dos concepciones10 en conflicto respeto el “bien público”:

- Se considera al Ejecutivo como la instancia funcionalmente adecuada y democráticamente legitimada para decidir la última palabra en cuestiones de seguridad nacional.

- Se plantea la necesidad de la seguridad de la ciudadanía frente la acción del Ejecutivo porque, en el seno de una estructura de dominación como es el Estado, la libertad se garantiza en primer lugar sometiendo a sus autoridades a la ley y al control judicial sin excepciones.

Según Steve Smith, los ámbitos donde el ejercicio de la razón de Estado es más presente es en el de la política exterior y de defensa, “la matriz causal de la razón de Estado”, porque el Estado forma parte de un ambiente distinto del sistema político interno, democrático o no: “la sociedad de los Estados que en conjunto formen el sistema político internacional”11. Las diferencias sustanciales existentes entre sociedad nacional e internacional que condicionan la actuación de los Estados se pueden resumir en:

Primero, que la sociedad internacional, es, en buena medida, anárquica y, como apunta Meineke12, “(...) los intereses vitales contrapuestos de los Estados son, a menudo, imposibles de subsumir bajo una regla jurídica reconocida por todos”. Crece el desaliento cuando se comprueba, en efecto, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tendido a hacer siempre lo que le ha convenido y, respecto la ley, la democracia y la constitucionalidad no han sido suficientes para ir más allá de la ley del más fuerte, ya que sigue sin “existir una autoridad

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