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PROCESO: Las trampas de Coca-Cola Carlos Acosta Córdova (defrauda al fisco en México)

Las trampas de Coca-Cola

Carlos Acosta Córdova

Un exejecutivo de la Coca-Cola en México interpuso una demanda contra la multinacional y dio pormenores de cómo, mediante los esquemas de subcontratación (outsourcing) con empresas que ella misma fundó, evade impuestos y no paga contribuciones al IMSS ni al Infonavit. El asunto está en manos de la PGJDF y de la Secretaría de Hacienda, que podrían fincarle a la refresquera cargos por diversos tipos de fraude. Pero esa no es la única que utiliza el outsourcing para incumplir sus obligaciones... el SAT ya las investiga a todas.

Es tan grande el desfalco al fisco –más de 30 mil millones de pesos cada año– y de tal magnitud la sangría al IMSS que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda emprendió un cruzada contra las empresas que utilizan los esquemas de subcontratación (outsourcing) para evadir el pago de impuestos y achicar o no pagar las cuotas obrero-patronales al Seguro Social.

Para el fisco y el IMSS las pérdidas por esas prácticas son, en conjunto, superiores a lo que se recauda por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), casi la décima parte de lo que se obtiene por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el costo de quitarle dos puntos porcentuales a la tasa actual, 16%, del IVA.

Desde 2008 –cuando entró en vigor el IETU (medida de control para las compañías que no pagaban ISR o lo hacían en montos ínfimos) y disparó el uso del outsourcing–, Hacienda emprendió una campaña de miles de actos de fiscalización contra todo tipo de empresas: equipos de futbol, hoteles, restaurantes, agencias de publicidad, distribuidoras de automóviles, servicios de limpieza y otras.

El SAT anunció que se lanzará con todo contra los llamados “grandes contribuyentes”, aquellos que tienen más de 100 empleados.

De hecho, recientemente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dijo que la institución tiene “bajo una profunda revisión de auditoría” a 50 grandes contribuyentes que han abusado de los esquemas de outsourcing para burlar al fisco, al IMSS y hasta al Infonavit, pero también para minimizar los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.

Sin duda uno de las casos más relevantes es el de la refresquera Coca-Cola, que ya tiene demandas laborales y penales; la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se allega datos del SAT para formular la querella correspondiente contra la trasnacional y su sucursal en México por el probable delito de defraudación fiscal.

Al menos así consta en el oficio 529-V-DGDF-1039/2010 que el 8 de noviembre pasado la Dirección General de Delitos Fiscales de la PFF remitió a la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, con copia a la Dirección de Defraudación Fiscal de la misma PFF.

En el texto, Víctor Manuel Martínez Contreras, director general de Delitos Fiscales, refiere a Rafael Jaime Cantú Reyes, administrador central de Planeación del SAT, que una vez que la dirección a su cargo analizó jurídicamente la demanda formulada por el ciudadano mexicano Ángel Alvarado Agüero –exejecutivo de Coca-Cola– podrían desprenderse “hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por The Coca-Cola Export Corporation, por SIAAGSA y por The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México”.

Martínez Contreras solicita a Cantú información en ese sentido para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones –de la cual depende la Dirección General de Delitos Fiscales– pueda formular “la querella que en derecho proceda”.

“Es necesario que la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice previamente el estudio y análisis técnico contable, así como que ejerza sus facultades de comprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas a las actividades realizadas” por las empresas antes mencionadas “y quien o quienes resulten responsables”.

El funcionario le pide al SAT que aplique las acciones pertinentes para revisar a fondo el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquéllas en los últimos años a fin de allegarse “los elementos necesarios para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones pueda ejercer las facultades que tiene conferidas”.

Esto significa que el SAT y los órganos competentes de la PFF, por atribuciones que les confieren el Reglamento Interior de la SHCP y el Código Fiscal de la Federación, están metidos revisando papeles, interrogando a funcionarios, verificando la operación de los sistemas y registros electrónicos… poniéndole la lupa a Coca-Cola en todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos y cuotas al IMSS.

Coca-Cola, el paradigma

Los esquemas de subcontratación de personal –aun antes de que se conocieran con el anglicismo de outsourcing– existen en México por lo menos desde los setenta. Instituciones bancarias y de servicios fueron las primeras en usarlos: para reducir el costo de su nómina contrataban trabajadores de empresas externas para tareas específicas necesarias que no eran parte esencial de la creación del producto o la prestación del servicio básico.

Así empezaron a contratar por fuera a trabajadores de limpieza, de mantenimiento o de seguridad, entre otros. Con el paso del tiempo, y por la apertura comercial que obligaba a las empresas a ser más eficientes, reducir costos y defender su rentabilidad, los esquemas de subcontratación se ampliaron a otros rubros.

Entre ellos: soporte técnico informático a los usuarios, gestión de llamadas telefónicas (call centers), relaciones públicas con el cliente, almacenamiento y procesamiento de datos; mantenimiento de equipos de cómputo y hasta procesamiento de nóminas.

Pero en la era de la globalización, que supone una competencia feroz, el esquema empezó a pervertirse y el término outsourcing perdió su sentido original.

Una de las nuevas modalidades es que las compañías crean sus propias outsourcings y les trasladan prácticamente toda su plantilla laboral y casi toda la actividad productiva, con lo que se desentienden de salarios y prestaciones, y reducen sus obligaciones

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