Antecedentes Seguridad

La sociedad azteca fue un pueblo guerrero que era solidario pues otorgaban seguridad jurídica a los habitantes que acataban las normas de convivencia pacífica y social.

Los responsables de brindar seguridad al pueblo azteca, eran personajes denominados jueces que estaban distribuidos en los calpullis (barrios), tenían auxiliares (alguaciles) que efectuaban actividades de prevención y protección de actos internos o externos que atentaran la vida del poblado.

Todos dependían del Tlatoani, quien era un poderoso funcionario que representaba a la divinidad y gozaba de libertad para disponer de la vida humana a su arbitrio. Entre sus facultades, estaba la de acusar y perseguir a los malhechores; no obstante generalmente la delegaba en los jueces, quienes auxiliados por los alguaciles y otros funcionarios, se encargaban de aprehender a los delincuentes.

A la llegada de los españoles se instauraron nuevas leyes, pero motivó una serie de desmanes y de descoordinación competencial, ya que prevalecía el caos y la confusión de todas las autoridades civiles, militares y religiosas en la persecución del delito.

En 1524, ya con los españoles establecidos, aparece la primera cárcel provisional en la Ciudad de México al Poniente de la Plaza Mayor; y el primer esquema en que se basó la policía.

En 1529 se expide el primer lineamiento policiaco en forma de Reglamento de Policía, que entre muchas otras cosas, asentaba la prohibición a los indios de habitar dentro del casco urbano destinado a los españoles.

1531, a través de Cédula Real, se faculta a los cuerpos policiacos, entonces denominados alcaldes y alguaciles de diferentes categorías, a aprehender a infractores.

1570 surgieron instituciones jurídicas que regularon la convivencia social en la Colonia como El Tribunal del Santo Oficio que sirvió como instrumento policíaco para castigar la herejía, desapareció en 1820.

La Audiencia contribuyó a resolver problemas policíacos, la Constitución de Cádiz 1812 tenía una estructura orgánica para combatir la vagancia, mal vivencia y la ociosidad.

En este periodo la función de la seguridad pública se soportaba en una estructura orgánica, es decir, en diversas clases de policía con atribuciones específicas de aseo y vigilancia en barrios calles y plazas.

Aparte de contar con inspectores que vigilaban el orden social y perseguía a los delincuentes.

La policía estaba sometida a los Ayuntamientos por disposición de las leyes.

Los alcaldes mayores aplicaban sanciones severas contra los delincuentes: debido a que existían pocos lugares de reclusión, los salteadores de caminos eran ejecutados en el lugar de los hechos o donde fueran aprehendidos.

También Se patrullaba la ciudad y se custodiaban los valores como el cobro de impuestos, aunado a esto se implementó una campaña de no portar armas de noche.

Durante la mitad del siglo XVI la seguridad se encontraba en manos del ejército y de las autoridades civiles y de la iglesia católica en la Nueva España.

Ya en el XVII el sistema de la seguridad pública siguió avanzando y tratando de perfeccionarse: aumentó el número de elementos que integraban el sistema, continuó diversificándose y combatiendo la criminalidad por motivo de riñas duelos y juegos de azahar.

En 1789, ya con el Virrey Conde de Revillagigedo, se creó un nuevo cuerpo policiaco conocido como Policía de Seguridad y Ornato, que se encargaba de preservar la seguridad, pero también de cuidar el buen aspecto de la ciudad.

En 1790 aparecen los guardias de faroles conocidos como serenos, que de acuerdo al nuevo Reglamento para Alumbrado y para los Guardas, se encargaban de cuidar los 93 faroles instalados, un sereno por cada uno. La vigilancia se desarrollaba en un entorno de cercanía, en donde cada vigilante conocía perfectamente su territorio y los habitantes del vecindario los conocían a ellos.

En el XVIII la población sigue creciendo junto con los problemas delictivos, por lo que surge el Tribunal de la Acordada en 1722.

La acordada fue una institución cruel, severa e inhumana, despiadada en las persecuciones y castigos a los bandoleros, ya que se excedían en sus atribuciones. Aun así, era imposible frenar los delitos de robo y asalto.

En marzo de 1812, se ordena en la Constitución de Cádiz la desaparición de La Acordada y se otorga amplio poder político a los miembros del Ayuntamiento, poniendo en sus manos la fuerza de seguridad. En el mismo contexto, en junio de 1813, la Ley de Instrucción deposita en los jefes políticos la facultad y responsabilidad de vigilar por la seguridad de bienes y personas en la ciudad, así como de hacer cumplir el reglamento de policía.

En 1827, se establece la primera República con la ciudad como residencia de los poderes supremos. La ciudad se divide en cuarteles. Un reglamento establece nuevas bases para el régimen policial, convirtiendo a los vigilantes en soldados de policía a quienes les llamaron gendarmes, aunque este sistema policiaco desapareció muy pronto y un nuevo reglamento dejó otra vez la vigilancia en manos de los propios vecinos de barrios o cuarteles; no obstante, el sustantivo de gendarme se mantuvo por décadas para referirse a las personas encargadas de la seguridad.

En 1837, la vigilancia de la ciudad, quedó bajo la responsabilidad de los prefectos y subprefectos que luchaban contra la delincuencia;

En marzo de 1838, se creó el cuerpo de la Policía Montada, con el objeto de contribuir a la preservación de la seguridad pública.

El 20 de julio de 1848, la guardia de policía quedó conformada por escuadrones de infantería y caballería que sumaban mil hombres;

En 1865, se expide la Ley sobre la Policía General del Imperio, se designan comisarios imperiales, prefectos y la guardia municipal, misma que se dividía en guardias diurnos y nocturnos, todos ellos responsables de hacer cumplir los reglamentos de la policía. La ciudad se divide en ocho cuarteles mayores.

Una vez caído el segundo imperio, el gobierno

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