Breve Panorama De Las Relaciones Civiles Y Militares

BREVE PANORAMA DE LAS RELACIONES CIVILES MILITARES EN VENEZUELA

Por: Inés Guardia Rolando y Leonardo Salas

Entre 1958 y 1962, la dirigencia política venezolana había logrado consolidar un frente civil y militar capaz de enfrentar al mismo tiempo la amenaza guerrillera y combatir las tendencias pretorianas al interior de la institución castrense1, para lo cual se apoyó en un sector de la oficialidad profesional. Sin embargo, durante este proceso a la Fuerza Armada se le cedió tácitamente influencia en la política nacional, tanto es así que el sector civil de la sociedad no controló los presupuestos, ni el crecimiento del sector, tampoco se preocupo por definir una política de seguridad nacional, dejando que los militares definieran sus funciones, sus presupuestos, las necesidades de adquisición, sin un efectivo control por parte del legislativo. Recordemos que, en ocasiones, los "supuestos" requerimientos del sector sirvieron para ocultar graves hechos de corrupción por parte del sector político gubernamental. Con respecto a este primer período histórico de las relaciones civiles militares en Venezuela es posible afirmar que los dirigentes políticos no comprendieron que el papel y significado de la Fuerza Armada en la democracia debía estar sujeto al control de los civiles, y tampoco los ciudadanos percibieron la influencia del sector militar como una amenaza latente para la democracia. Si bien es cierto que los militares cedieron a la dirigencia civil la conducción política de la nación y sólo se reservaron las áreas relacionadas con defensa y seguridad interna de la nación, subterráneamente se estaba formando una exitosa y clandestina logia que entraría en escena durante 1992. Aunque la inteligencia interna del sector militar identificó y desmontó la actividad de dos células conspirativas en fechas anteriores, no deja de sorprender que una organización clandestina como la que resultó no fuera descubierta (Irwin, 2005; Blanco Muñoz, 1998; y Garrido, 1999, 2000). Así pues durante la década de 1980 existían fuertes tensiones entre el sector castrense y la dirigencia política civil, sobre todo entre la alta oficialidad y las autoridades políticas. Esta situación condujo a que, poco a poco, se fuera perfilando una tendencia entre los militares que buscaba una mayor participación política. En pocas palabras, desde finales de la década de 1970 e inicios de los 1980, se advertía la existencia de una orientación pretoriana que tenía la intención de competir con el sector civil por la dirección política de la sociedad. A partir de la campaña electoral de 1973 aparecieron candidaturas presidenciales de oficiales retirados -tal fue el caso del general de división García Villasmil - además se observó que pequeñas organizaciones políticas le dieron su apoyo a este tipo de candidaturas electorales. Sin embargo, ante el peso electoral de los partidos políticos AD y COPEI, poco podían aspirar los candidatos de origen castrense quienes no lograron siquiera actuar como representantes corporativos en el parlamento nacional. Asimismo, se manifestó un interés por el "voto militar"; este fue publicitado por José Vicente Rangel, candidato presidencial por el Movimiento al socialismo (MAS). Al mismo tiempo, como se menciono con anterioridad, en el interior de la institución armada se fue formando una organización clandestina, que originalmente se auto-proclamó como Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR), y luego, se transformó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). Fue entonces cuando surgieron los llamados «COMACATES», es decir comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Esta nueva agrupación pareció haber tenido una orientación más "gremialista" que política, pero en la práctica era una manifestación del malestar que se estaba produciendo en la oficialidad joven y que favoreció el proyecto político del MBR-200.

En general, los miembros de esta organización clandestina eran destacados oficiales del Ejército, de gradación media, no se permitía expresamente oficiales de alta gradación, por lo que el movimiento también se conocía por los siglas de COMACATE, haciendo alusión a los grados de comandantes, mayores, capitanes y tenientes y tenientes coroneles. La mayoría de sus participantes tenía una formación universitaria además de militar y ejercían una gran influencia sobre las tropas bajo su mando. Buena parte de los integrantes pertenecían a la promoción Simón Bolívar, egresada de la Escuela Militar en 1975. Su idea era cambiar el rumbo del país a través de un golpe de Estado que se había estado incubando desde hace algunos años dentro del grupo. En general es posible señalar que sus fuentes de inspiración doctrinal eran el pensamiento bolivariano, las ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora que formarían el árbol de las tres raíces que conformaba a su vez la unidad del nuevo pensamiento corporativo de los que participaban en este grupo, con una orientación ideológica nacionalista y revolucionaria asociada a las ideas que debatían con miembros de los partidos de izquierda en nuestro país. Durante 1992 cuando se produjeron dos intentos de golpe de estado (el 4 de febrero y el 27 de noviembre) con el fin de derrocar a Carlos Andrés Pérez (1989-1993) es posible ubicar el resurgimiento del protagonismo político del sector militar. Los argumentos manejados por los golpistas fueron: la pérdida de credibilidad del sistema de partidos, el malestar social a causa de la adopción de medidas económicas -tales como: el aumento del pasaje, incremento en los precios de los productos alimenticios y servicios básicos-, la corrupción en el sector público y privado, la injusticia, la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias que repercutió en la baja de los niveles de vida; factores que trascendieron a las Fuerzas Armadas y las fracturaron. A partir de esta fecha se notó, cada día, su influencia en la vida política del país y se le concedieron prerrogativas especiales a fin de evitar nuevos alzamientos. Como se sabe, los principales jefes de estas insurrecciones fueron juzgados y condenados. Posteriormente, indultados durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1993-1998). Algunos incursionaron en la política conformando un nuevo liderazgo, que en un principio (1992-1997) concordaba con la percepción de los ciudadanos de que la corrupción y la ineficiencia gubernamental eran las causas de la crisis. No obstante, en 1997 durante la campaña electoral, sus líderes sostuvieron que la crisis político institucional era una consecuencia del origen del sistema democrático y plantearon refundar la República mediante una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual significaba cambiar radicalmente el modelo político-económico

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